La ministra Margarita Robles, comunicó esta semana al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el Ministerio de Defensa dará el aval favorable al proyecto de la planta del gigante chino SAIC Motor en Ferrol. La decisión llega después de que medios españoles revelaran la existencia de informes de Defensa e inteligencia que alertaban específicamente del riesgo de espionaje derivado de la ubicación prevista de la fábrica: a escasos metros del arsenal militar de Ferrol y del astillero de Navantia, donde se trabaja con sistemas militares estadounidenses de carácter estratégico.
La autorización no es incondicional. Robles especificó que el aval incluirá “condiciones operativas” que serían necesarias desde el punto de vista de las competencias de Defensa, las mismas que se aplican a otras compañías en zonas próximas a instalaciones militares. Pero qué significan exactamente esas condiciones, cuántas serán y qué garantías ofrecerán respecto a la seguridad nacional, permanece sin aclarar.
Las alertas sobre espionaje que el Gobierno supera
La semana pasada, El País y El Mundo publicaron información sobre informes internos de Defensa y servicios de inteligencia que advertían explícitamente del riesgo de espionaje. La razón era precisa: la proximidad entre la futura planta y dos instalaciones críticas para la seguridad española. Navantia es donde se ensamblan sistemas militares estadounidenses. El arsenal de Ferrol es infraestructura estratégica militar.
Para una potencia extranjera con capacidad técnica de inteligencia, como China, una fábrica en esa ubicación permitiría acceso sin precedentes a información sobre tecnología militar aliada y operaciones estratégicas. Por eso Defensa e inteligencia lo alertaron.
El Gobierno confirmó que esos informes existen, que los está estudiando, y que buscará “atender las recomendaciones que se planteen”. Pero simultáneamente, comunicó su disposición a que el proyecto se lleve a cabo, según confirmó el ministro Óscar López.
200 millones y 2.300 empleos: la razón de la autorización
La planta de SAIC Motor representará una inversión inicial de 200 millones de euros. Comenzará operaciones en 2027 y estará completamente activa antes de fin de 2028. Empleará a 2.300 personas y producirá 120.000 vehículos anuales. Para Ferrol, una región azotada por el desempleo, son cifras transformadoras.
Es esa promesa: el empleo, la inversión en una región deprimida, lo que aparentemente pesa más en la balanza que los alertas sobre riesgos de seguridad nacional. El Gobierno no lo dice explícitamente, pero la lógica es evidente: 2.300 empleos y 200 millones de euros justifican aceptar riesgos de espionaje cerca de Navantia.
La Xunta solicitó que el proyecto se tramitara mediante un procedimiento urgente que acelera plazos pero hace imprescindibles los informes de Defensa, informes que, irónicamente, advierten del riesgo que la urgencia busca evitar.
“Condiciones operativas”: una respuesta sin definición
Ni Robles ni López especificaron qué significan estas “condiciones operativas”. ¿Serán inspecciones regulares de la fábrica? ¿Restricciones sobre personal chino? ¿ Limitaciones técnicas sobre lo que puede producirse? ¿Zonas de exclusión alrededor de Navantia?
Para una empresa estatal china con objetivos estratégicos, SAIC Motor pertenece al Gobierno chino y es dueña de marcas como MG, las “condiciones” podrían ser simbólicas o efectivas. El Gobierno no lo aclaró.
Lo que sí quedó claro es que tanto El Gobierno central como La Xunta están alineados en que el proyecto debe avanzar. El presidente Rueda se mostró “sorprendido” por las filtraciones sobre los informes de espionaje pero ha agradecido reiteradamente al Ejecutivo. Ambas administraciones trabajan juntas en la tramitación.
La pregunta sin respuesta
¿Cómo justifica un Gobierno autorizar una inversión de una potencia extranjera en un punto tan sensible de su infraestructura militar? La respuesta oficial es que habrá condiciones. La respuesta real, parece ser, que el empleo y la inversión pesan más que los alertas de espionaje.
Pero esos alertas no desaparecen porque se autorice el proyecto: seguirán existiendo, la proximidad a Navantia permanecerá igual y la capacidad de inteligencia de China también. Lo único que cambia es que el Gobierno decidió que el riesgo es asumible.