La ambiciosa operación para que Indra adquiera Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -empresa española líder en sistemas de defensa como torretas y electro-óptica- ha topado con un inconveniente. Tras meses de negociaciones, a las reticencias de varios consejeros independientes y accionistas se han sumado ahora las reservas del Gobierno, trasladadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la compañía con el 28 % del capital.
El Ejecutivo ha comunicado formalmente a la SEPI que no se siente cómodo con la estructura actual de la transacción. En concreto, preocupa el posible conflicto de interés derivado de la posición de los hermanos Ángel y Javier Escribano: propietarios al 100 % de EM&E y, al mismo tiempo, presidente y consejero de Indra, respectivamente. Una doble condición que les situaría en posición de influir en una operación que afecta directamente al valor de su propia empresa familiar.
Pese a estas dudas, desde Indra se han acelerado las negociaciones con el objetivo de presentar la estructura de la operación en el próximo consejo de administración, previsto para el 28 de enero. En las últimas semanas, el presidente de Indra se ha reunido con varios consejeros para recabar apoyos de cara a esa cita.
PwC, asesor de Indra, ha realizado un nuevo informe en el que ha actualizado la cuenta de resultados de Escribano al incluirle los contratos millonarios que el Gobierno concedió discrecionalmente a Indra y EM&E entre noviembre y diciembre. Esta nueva ‘due diligence’ justificaría una valoración de EM&E próxima a los 2.000 millones de euros, veinte veces más que en 2021, cuando los hermanos la tasaron en 100 millones al recomprar el 33% de su empresa al fondo soberano de Omán. Entonces, con una cartera de pedidos muy inferior.
La adquisición de EM&E es considerada estratégica para Indra, ya que le permitiría obtener capacidades industriales inmediatas en el ámbito de los vehículos militares terrestres y las torretas, un terreno en el que hasta ahora carece de músculo propio. En esta línea, la compañía también ha comprado recientemente la planta de El Tallerón, en Gijón, que pertenecía a Duro Felguera.
Batalla judicial
Uno de los competidores General Dynamics, a través de su filial española Santa Bárbara Systems, ha recurrido ante el Tribunal Supremo los contratos adjudicados a Indra y EM&E por más de 7 000 millones de euros sin concurso público, alegando exclusión injusta del proceso con el fin de obtener su apoyo cuando se reúna el órgano de gobierno de la compañía
Este recurso judicial eleva la presión sobre la operación y aporta un elemento de incertidumbre adicional para SEPI y para el Gobierno, que ahora mira con lupa no solo la transacción en sí, sino el impacto de posibles litigios y disputas competitivas internacionales.
Santa Barbará recurrirá la adjudicación
Santa Bárbara Sistemas arrancará esta semana los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra los dos grandes contratos de artillería adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.
Esta posibilidad figuraba en el recurso contencioso-administrativo que Santa Bárbara presentó ante el Tribunal Supremo con el objetivo de bloquear 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% a la mencionada UTE para los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar nacional.
“El recurso (contra los préstamos) (…) está íntimamente ligado a un potencial recurso a la adjudicación. Por lo tanto, (…) el paso siguiente es el recurso de alzada a la adjudicación (…) Tenemos que seguir el proceso, lo cual no quiere decir que en algún momento no se llegue a algún tipo de entendimiento, que es nuestro objetivo, y se pueda levantar”, ha asegurado el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, este lunes en un encuentro con medios.
“No es nuestro escenario deseable, pero es a lo que se nos ha abocado a base de no dejarnos muchas más alternativas. Algo habremos hecho mal, posiblemente, pero se ha intentado todo, os lo puedo asegurar, para llegar a un punto de entendimiento”, ha añadido.
Fuentes conocedoras de la situación han señalado que, a pesar de que la compañía está abierta a un “entendimiento”, el inicio de los trámites ante el TARC comenzará esta misma semana.
En este contexto, Page ha reiterado que la compañía, propiedad General Dynamics European Land Systems (GDELS), es la única en España que cuenta con capacidades inmediatas para fabricar los obuses de ruedas y de cadenas adjudicados a Indra y Escribano.
En esa línea, también ha lamentado que Santa Bárbara Sistemas no fuese invitada a participar en el proceso de contratación de los obuses.