El diésel y la gasolina han vuelto a encender las alarmas: el PVP del primero supera al de la gasolina. Desde el pasado 28 de febrero, cuando EE UU decidió atacar Irán, el diésel ha subido alrededor de un 11% y la gasolina, cerca de un 7%. Son datos oficiales del portal de precios del Ministerio para la Transición Ecológica. El precio de los carburantes empieza a convertirse en motivo de preocupación para los profesionales del transporte y del sector primario (agricultores, ganaderos y pescadores), así como para millones de conductores que utilizan el coche para desplazarse al trabajo.
El coste del transporte es uno de los factores que más incide en la cesta de la compra, ya que impacta directamente en los costes de producción de prácticamente todos los sectores, como la agricultura, la industria o la distribución. A tenor del comportamiento del mercado mayorista en el que se abastecen las estaciones de servicio, la escalada alcista podría no haber hecho más que empezar. Los futuros del diésel registran subidas de más del 30% en los últimos cinco días, según datos del mercado ICE.
Por ahora, los precios para el consumidor final están lejos de los niveles alcanzados durante la guerra de Ucrania. El precio medio de la gasolina (G95E%) fue ayer de 1,577 euros/litro, cuando en 2022 (media anual) alcanzó los 1,774 euros. En el caso del diésel se situó en los 1,598 euros, frente a los 1,791 euros en 2022. Durante 2020, con el parón de la pandemia, el gasóleo apenas superaba el euro 1,072, mientras que la gasolina se situaba en 1,175 euros.
Recuperar los 20 céntimos de subvención
Con un contexto que anticipa más subidas, el Gobierno se mantiene en alerta y asegura estar “monitorizando” la situación. Aún es pronto, pero no se descarta ningún tipo de medidas: “pueden ser las mismas que en 2022 u otras complementarias”, aclaró el pasado miércoles Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Desde el ala de Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó el paquete de medidas de entonces. En las relacionadas con la energía destacaban las bonificaciones al gasóleo profesional, un apoyo directo a agricultores, ganaderos y pescadores.
La ayuda de 20 céntimos por litro de carburante fue una de las medias más destacadas del escudo social para paliar los efectos de la crisis energética tras el estallido de la guerra de Ucrania. Sin embargo, un estudio posterior de los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles advirtió de que no toda la ayuda llegó íntegramente a los ciudadanos, informó El Mundo. De los 4.250 millones que costó dicha medida, el 20% de la subvención terminó en los operadores del sector (petroleras y gasolineras) y algo más de 200 millones regresaron a las arcas del Estado en forma de impuestos.
“La bonificación fue una medida mal diseñada y peor ejecutada”
Ante la posibilidad de que finalmente el Ejecutivo actúe para contener los precios de los combustibles, el sector ya ha dejado clara su apuesta. En una carta, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha pedido participar en el diseño de cualquier medida que se adopte. “La bonificación fue una medida bien intencionada, pero que estuvo mal diseñada y peor ejecutada por no contar con quienes estamos a pie de pista con nuestros clientes todos los días”, asegura a Artículo14 Nacho Rabadán, director general de esta patronal de gasolineras.
En opinión de este colectivo, la medida más eficaz sería similar a la adoptada por Portugal, que rebajó el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2022. Este es el mensaje que ya han hecho llegar en una carta, además de a Carlos Cuerpo, a María Jesús Montero y Sara Aagesen, ministras de Hacienda y Transición Ecológica, respectivamente.
Desde la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), que agrupa a BP, Galp, Moeve, Repsol y Saras, defienden medidas “efectivas para el consumidor y que no generen asimetrías entre los operadores”. En este sentido, recordaron que Portugal anunció recientemente que valoraba compensar el aumento de la recaudación del IVA en los carburantes en el impuesto especial. Como argumentan desde la patronal, “no se trata de que el Estado recaude menos, pero tampoco de que ingrese más cuando suben los precios“.
El 50% del precio de la gasolina son impuestos
Para el Gobierno actuar sobre la fiscalidad de los carburantes es un anatema, dada su importante contribución vía impuestos a las arcas públicas. Según datos de AICE, el 49% del PVP de un litro de gasolina equivale a impuestos. Así, el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplica un importe fijo por litro. Para la gasolina sin plomo 95 corresponden 0,4727 euros, una tasa que en el diésel A se sitúa en 0,379 euros por litro. Precisamente, uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas para el desembolso de los fondos Next Generation era equiparar la fiscalidad de ambos combustibles. La medida, sin embargo, no ha logrado salir adelante por los recelos de sus socios en el Ejecutivo.
A su vez, el litro de gasolina está gravado con el 21% del IVA. En este caso, la fluctuación de precio sí influye en la recaudación, dado que corresponde a un porcentaje del mismo. Cuanto mayor es el PVP, más es también la recaudación fiscal. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, resume gráficamente esta realidad: “A mis alumnos les digo que cuando van a echar gasolina no van a la gasolinera, sino a una sucursal de la Agencia Tributaria, porque la mitad de lo que pagan son impuestos”.
Más de 11.000 millones
La recaudación del Impuesto Especial de Hidrocarburos aumentó un 1,3% en el último año -con datos hasta noviembre de la AEAT-, hasta los 11.483 millones. Un importe que prácticamente duplica la recaudación del impuesto sobre el tabaco (casi 6.700 millones). Este peso en los ingresos públicos explica los recelos de Hacienda a la hora de tocar la fiscalidad de los carburantes.
Si la escalada del petróleo continúa y termina trasladándose al surtidor hasta niveles similares a los de 2022, el Gobierno tendrá que decidir cómo intervenir. ¿Recuperar el descuento de 20 céntimos aplicado entonces o rebajar los impuestos de los carburantes?