CEOE y Cepyme han situado el creciente absentismo laboral entre las principales amenazas para la competitividad empresarial en España. Durante la Asamblea General de Cepyme, celebrada este martes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que este fenómeno representa “el gran drama que tienen las empresas en España” y cifró en 33.000 millones de euros el coste que tiene para la economía, de los cuales 17.000 millones suponen un coste directo para las empresas.
Según explicó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, cada día dejan de acudir a sus puestos de trabajo alrededor de 1,2 millones de personas, una situación que genera un impacto económico total de 33.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad recaen directamente sobre el tejido empresarial. A su juicio, esta carga constituye un “impuesto encubierto” que merma la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas.
El dirigente empresarial también advirtió de que los trabajadores menores de 65 años son los que han perdido nueve millones de jornadas laborales. En este sentidom Garamendi reclamó una mayor implicación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para agilizar pruebas diagnósticas y reducir la duración de las bajas médicas para que disminuya el absentismo. Asimismo, criticó la proliferación de permisos laborales y reclamó una mayor corresponsabilidad de todos los agentes implicados.
Dificultad de las pymes para cubrir vacantes
Por su parte, la presidenta de la patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas, Ángela de Miguel, coincidió en señalar el absentismo como uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español y afirmó que la tasa registrada en España duplica la media europea. De Miguel advirtió además de que esta situación se suma a la dificultad de las pequeñas y medianas empresas para cubrir vacantes y al envejecimiento del tejido empresarial, ya que la mitad de las pymes están dirigidas por personas mayores de 50 años.
Durante la Asamblea General de Cepyme, ambos dirigentes denunciaron la creciente presión regulatoria que sufren las empresas, el incremento de los costes laborales -impulsado principalmente por las subidas anuales del Salario Mínimo Interprofesional- y el deterioro del diálogo social. Factores que, según afirmaron Garamendi y De Miguel, están afectando especialmente a las microempresas. En este sentido, la presidenta de Cepyme aseguró que desde la pandemia han desaparecido unas 25.000 microempresas y atribuyó esta evolución a la excesiva carga burocrática y normativa que soportan los pequeños negocios.
Críticas a las subidad del SMI y la falta de PGE
En materia laboral, la presidenta de Cepyme criticó las modificaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) realizadas, según afirmó, sin consenso con los agentes sociales, y sostuvo que el aumento de los costes laborales está reduciendo la capacidad de contratación de las empresas de menor tamaño. Y es que, la última vez que los empresarios firmaron la subida del SMI fue en 2020, cuando se situó en 950 euros mensuales en 14 pagas. El resto de los años ha sido un acuerdo entre Trabajo y sindicatos.
Garamendi también cuestionó la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante los últimos tres años y reclamó mayor seguridad jurídica y estabilidad institucional para favorecer la inversión. Ambos representantes empresariales defendieron además la aplicación del principio europeo Think Small First, con el objetivo de que las nuevas normas tengan en cuenta la realidad de las pequeñas empresas antes de su aprobación.
La Asamblea concluyó con un llamamiento al Gobierno para reforzar el diálogo social, reducir la carga administrativa y adoptar medidas que permitan mejorar la competitividad de las pymes, consideradas por las organizaciones empresariales como el principal motor del empleo y de la actividad económica en España, ya que representan el 99% del tejido empresarial del país.