“Compramos tu casa, compramos tu casa, compramos tu casa”. Podría ser el nuevo anuncio de Casa47, la empresa estatal de vivienda. Frente al que es el mayor problema de los españoles, Isabel Rodríguez anunció ayer una nueva medida: salir a comprar viviendas directamente a los propietarios. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lanzará una convocatoria de 100 millones de euros para adquirir viviendas privadas en toda España e incorporarlas al parque público de alquiler asequible a través de la entidad estatal Casa 47.
El anuncio coincidió con la publicación del Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2025: el precio de la vivienda libre subió un 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007. Con esta subida, el mercado encadena doce años consecutivos de alzas, impulsado por la escasez de oferta y la fuerte demanda. En ese escenario, el Ejecutivo trata de ampliar con rapidez el parque público de vivienda, que en España apenas representa entre el 2% y el 3% del total, frente al entorno del 8% de media en Europa.
Un presupuesto insuficiente
Sin embargo, algunos expertos consideran que se trata de una iniciativa más cosmética que efectiva. Así lo explica a Artículo14 José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea. “Es una medida inteligente para el corto plazo y para generar impacto social rápido en barrios específicos. Pero es insuficiente como solución estructural al problema de la vivienda en España debido a su limitado presupuesto“.
El precio medio de una vivienda en España se sitúa en 198.596 euros, según el Portal Estadístico del Notariado. Con ese nivel de precios, 2.125 euros el metro cuadrado, este presupuesto permitiría retirar del mercado privado apenas unos 500 inmuebles. Según señala Corrales, “para mover la aguja del mercado nacional, harían falta varios ceros más en ese presupuesto”.
Cómo vender tu vivienda al Estado
El Ministerio de Vivienda aún no ha lanzado la convocatoria, por lo que todavía no se pueden ofertar viviendas al Gobierno. Está previsto hacerlo en breve con su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir de entonces, el proceso estará abierta durante cuatro meses y permitirá participar tanto a particulares como a empresas que deseen vender viviendas.
Las condiciones de los inmuebles están claramente definidas. Las viviendas deberán tener entre 40 y 120 metros cuadrados, estar ubicadas en edificios en altura —no se admiten viviendas unifamiliares— y entregarse libres de inquilinos. También deberán contar con Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable, ser exteriores y disponer al menos de cocina, estancia principal y baño completo.
El Ministerio priorizará especialmente las ofertas situadas en zonas tensionadas, es decir, aquellas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. También obtendrán mayor valoración las propuestas que incluyan bloques completos o conjuntos de viviendas, ya que facilitan la gestión posterior del parque público.
¿Qué precio me paga el Gobierno?
Para los potenciales interesados, el elemento más determinante es el precio. ¿Cómo fijará el Ejecutivo el importe de la compra? Para evitar que la Administración pague por encima del valor medio del mercado y garantizar la eficiencia del gasto público, el Ministerio ha ideado un sistema de fijación del precio. Así, el Estado aplicará un mecanismo que combina tres referencias distintas y elegirá siempre la más baja.
Según detalló el propio Ministerio en un comunicado, el importe final será el menor entre la oferta del vendedor, la tasación oficial homologada y el precio medio de la zona según el Portal Estadístico del Notariado. Este sistema, en la práctica, actúa como un “techo” para el precio de compra. Por ejemplo, una vivienda de 70 metros cuadrados situada en una zona donde el precio medio sea de 2.000 euros por metro cuadrado tendría un precio máximo de 140.000 euros.
¿Compensa venderle al Estado?
Desde un punto de vista económico, la respuesta depende en gran medida del tipo de vivienda. Para José Manuel Corrales, el sistema funciona como un “triple filtro a la baja” en el precio. “Si tu vivienda está reformada o tiene características diferenciales respecto a la media del barrio, probablemente el mercado privado pagará más”, explica.
Sin embargo, la operación también presenta ventajas claras para determinados vendedores. La principal es la seguridad de la transacción. Vender a un particular implica incertidumbre sobre la financiación del comprador, negociaciones o posibles retrasos. En cambio, la compra pública ofrece solvencia garantizada y pago directo, lo que elimina el riesgo de que la operación se frustre por problemas hipotecarios.
“Si tienes una vivienda estándar en una zona tensionada y buscas una venta rápida y segura, puede resultar atractivo. Pero si tu activo tiene valor diferencial, lo más probable es que el mercado privado ofrezca un precio mayor”, resume Corrales.
¿Qué opinan las inmobiliarias?
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) valora positivamente la iniciativa, aunque mantiene reservas sobre su impacto real, según informa Europa Press. Su presidente, José María Alfaro, considera que se trata de “una buena idea” para aumentar la oferta de vivienda a corto plazo incorporando inmuebles privados vacíos o sin uso. Sin embargo, advierte de que la medida puede quedar “en nada” si no se ejecuta con agilidad y conocimiento del mercado.
El principal obstáculo, a su juicio, es precisamente el sistema de fijación del precio. En un contexto de fuerte crecimiento del mercado inmobiliario, muchos propietarios podrían preferir vender directamente a particulares antes que a una entidad pública. Desde la federación recuerdan además que la convocatoria estará abierta durante cuatro meses, por lo que la respuesta de los propietarios será la que determine si la herramienta funciona realmente.
Con esta iniciativa, Casa 47 abre un nuevo frente en la política de vivienda: el de un Estado que, además de regular el mercado, también quiere convertirse en comprador directo de casas. Queda por ver si los propietarios estarán dispuestos a aceptar la oferta.