El Gobierno ha decidido intervenir en el mercado del alquiler ante el vencimiento de más de 600.000 contratos de alquiler durante este año 2026. Frente a la prórroga de los mismos que defendía Sumar, su socio en el Ejecutivo de coalición, la propuesta del ala socialista para contener las subidas de los precios del alquiler viene de la mano de los incentivos fiscales. Pedro Sánchez anunció hoy una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que renueven los contratos de alquiler sin incrementar el precio a sus inquilinos.
El objetivo, según el Ejecutivo, es compensar fiscalmente a los arrendadores por la renuncia a subir las rentas y favorecer así la contención de precios en un contexto de elevada tensión en el mercado. “Queremos que la renovación de los alquileres se produzca sin subida. A los que no especulen, vamos a darles una bonificación completa, que compensará lo que hubiera incrementado el precio del alquiler”, aseguró el presidente.
Esta medida de incorporará en un nuevo Real Decreto-ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler. La nueva norma, que se aprobará en las próximas semanas, incluirá un paquete de medidas -que el Ejecutivo define como “urgentes y contundentes”- para beneficiar a los cerca de tres millones de hogares que viven en régimen de alquiler en España.
Hoy comienzan las obras del nuevo barrio de Campamento que va a acoger 10.700 viviendas asequibles.
Nuevos hogares que serán públicos para siempre, blindados frente a la especulación.
Protegemos lo público y garantizamos que quien necesita una vivienda, la tenga y la mantenga. pic.twitter.com/MQ3TuhSg40
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2026
Según detalló Sánchez, la nueva norma buscará poner fin a prácticas especulativas, frenar las subidas de precios en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos detectados en modalidades como el alquiler de temporada o el alquiler por habitaciones.
Medidas en detalle
Además de los incentivos fiscales en la renovación de contratos, el Real Decreto-ley incluirá también medidas específicas para regular los alquileres de temporada y evitar su uso fraudulento. Para ello, se fijarán condiciones más estrictas que deberán cumplirse para que un contrato pueda ser considerado de temporada y se establecerá un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de los alquileres de corta duración. “Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo”, puntualizó.
En paralelo, el Gobierno actuará sobre el alquiler por habitaciones, una modalidad que ha ganado peso en los últimos años. La nueva norma establecerá que la renta total resultante del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta que correspondería al alquiler de la vivienda completa. Además, en las zonas declaradas tensionadas, a estos contratos se les aplicarán los mecanismos de control de rentas previstos en la Ley de Vivienda.
Renovación de contratos
Con estas medidas el Ejecutivo trata de hacer frente al impacto previsto por la renovación de más de un tercio de los contratos de alquiler entre este año y 2027. Alrededor de tres millones de hogares -según datos de Moncloa- viven de alquiler y 1,2 millones de contratos afrontan su vencimiento en los próximos 24 meses, tras haber transcurrido cinco años desde su firma. En concreto, según datos del Ministerio de Consumo, 630.000 contratos de alquiler finalizarán este año y otros 600.000, un año después, afectando en total a casi tres millones de personas.
Tal y como refleja un análisis del mercado inmobiliario, sobre el que este Departamento está trabajando, de media, en España la renovación de un alquiler obligará al inquilino a pagar 1.735 euros más al año. Una cifra que en comunidades como Baleares podría superar los 4.610 euros, o en la Comunitat Valencia, más de 2.686 euros. Además, algunas de las regiones con los precios más elevados son, a su vez, las que tienen un mayor número de contratos a expirar. En Madrid, se estiman 145.881 contratos en 2026, afectando a 404.090 personas. Seguida de Cataluña, vencerán 112.728 alquileres, con casi 301.000 afectados, y Andalucía, 85.491 contratos (213.728 personas). En la Comunitat Valenciana, alcanzan 62.523 alquileres y 155.057 afectados.
Vivienda pública
El presidente hizo este anuncio con motivo del inicio de la operación Campamento. “Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos y por eso esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro, lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid”, destacó.
En este sentido, reiteró el compromiso del Ejecutivo de seguir incrementando el parque público residencial a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contará con una dotación superior a los 7.000 millones de euros.