Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, anunció esta semana que no se presentará como candidata de la izquierda alternativa. Finalizará su mandato como ministra de Trabajo, fiel a su mantra “cambiar la vida de la gente de la trabajadora”. En esta filosofía -que aspira a dejar como legado de su etapa-, el Ministerio de Trabajo sigue su hoja de ruta. Una agenda normativa que en esta segunda legislatura ha ido elevando la tensión con Antonio Garamendi, presidente de CEOE. El último proyecto legislativo de Díaz, un Real Decreto (RD) para transponer la directiva de salarios mínimos, que modifica las reglas de aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anticipa un nuevo desencuentro.
Las patronales CEOE y Cepyme no ratificaron el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para subir un 3,1% el SMI. Para el Ejecutivo, las empresas tienen margen para mejorar las retribuciones más allá del mínimo legal. En esta línea, aprovechando la trasposición de la norma europea, el departamento que lidera Yolanda Díaz propone reformar las reglas de compensación y absorción del SMI prometida a CCOO y UGT en el acuerdo, a la que se ha opuesto la patronal CEOE. En la práctica, supone blindar las futuras subidas del SMI ya que prohíbe a las empresas absorber determinados complementos, como los de antigüedad o los incentivos.
📈 El #CMin aprueba la subida del SMI para 2026
‼️1.221€ al mes en 14 pagas
🗓 518€ más al año
🙅♀️Quedará exento de tributación
👉Con carácter retroactivo desde el 1 de enero📜Se llevará a cabo una reforma para que el aumento no pueda ser absorbido por complementos y pluses
— Ministerio de Trabajo y Economía Social (@trabajogob.bsky.social) 17 de febrero de 2026, 11:34
¿Cuánto costará la reforma del SMI?
El Ministerio, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del proyecto de Real Decreto, valora el impacto económico de la reforma. A favor de los trabajadores, los casi 2,5 millones que cobran el SMI podrían obtener una ganancia salarial bruta media de entre el 3,5% y el 8,5% de su salario. En conjunto, supondría un alza anual de la masa salarial aproximado de entre 1.100 y 2.800 millones de euros. Por el contrario, para las empresas esta medida supondría un incremento de los costes salariales de hasta 3.800 millones al año.
Entre los beneficiados también está el propio Ejecutivo. El incremento estimado de la masa salarial generaría un aumento paralelo en las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas, en una proporción aproximada del 32 % sobre la ganancia salarial bruta y un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, en una proporción aproximada del 6,5 % sobre la ganancia salarial bruta.
Bajo estos supuestos, este impacto se situaría en un rango de entre 420 millones y 1.000 millones anuales que se incorporaría a los ingresos del sistema de Seguridad Social, del SEPE y del FOGASA.
Más recaudación de IRPF
Además, este aumento favorecerá al Ministerio de Hacienda a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según detalla Trabajo, el aumento salarial estimado incidiría también en la base imponible de los afectados por la norma. El incremento no tendrá efectos sobre la cuota líquida -ni la recaudación- si la subida salarial bruta es menor del 5,5% (calculado para un salario a jornada completa). Bajo esta premisa, el impacto presupuestario por el alza de la base imponible del IRPF se cifra en hasta 560 millones con el incremento máximo del 8,5%.
Para CEOE, esta reforma es un hito más en la estrategia del “rodillo del BOE” que desde hace meses viene imponiendo Trabajo. Fuentes de la patronal recordaron que ya han advertido que esta cuestión corresponde a la negociación colectiva y que “no tiene encaje legal” en el proyecto de Real Decreto. En el marco de la audiencia pública, la patronal presentará sus alegaciones.
Garamendi amenaza con acudir a la OIT
En la escalada de tensión con Díaz, esta semana Antonio Garamendi avisó de que no descarta acudir a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a denunciar los acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. “El diálogo social tripartito es con el Gobierno, los sindicatos y los trabajadores y el bipartito, con los empresarios y los trabajadores. Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo”, aseguró.
Por su parte, desde UGT y CCOO, el proyecto incorpora de forma adecuada y coherente las obligaciones de la directiva, trasladando al ordenamiento jurídico español sus principios esenciales en materia de suficiencia salarial, promoción de la negociación colectiva y transparencia en la determinación de los salarios. “Se garantiza que las subidas del salario mínimo cumplan efectivamente su finalidad de mejora real de las condiciones retributivas de las personas trabajadoras”, señalaron en un comunicado conjunto.
El proyecto de Real Decreto al detalle
El texto de la norma para reformar las reglas de compensación y absorción del SMI delimita qué complementos salariales quedarán fuera del mecanismo de compensación y absorción. En concreto, no podrán neutralizar las subidas del SMI los pluses vinculados a nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad. Tampoco aquellos asociados a condiciones personales del trabajador —como antigüedad, formación o residencia— ni los ligados a la cantidad o calidad del trabajo cuando dependan del rendimiento o los resultados, como incentivos, primas o comisiones. Además, se respetará lo que establezcan los convenios colectivos cuando declaren expresamente el carácter no compensable de determinados conceptos.
La norma precisa que estos complementos deberán sumarse al salario mínimo cuando estén previstos en convenio o en el contrato individual. Así, se evita que puedan utilizarse para absorber el incremento legal. El objetivo declarado es garantizar que el aumento tenga reflejo efectivo en la nómina de los trabajadores afectados.
Con carácter general, el texto mantiene que la fijación anual del SMI -ya sea en cuantía diaria o mensual- no alterará la estructura ni el nivel salarial de quienes, en cómputo anual y a jornada completa, perciban retribuciones superiores. En esos casos, el salario se considerará compensado. Para determinar si procede la compensación o absorción, se tomará en consideración el conjunto de percepciones económicas del trabajador en términos anuales y para jornada completa, sin los complementos mencionados. Asimismo, el proyecto aclara que las percepciones extrasalariales no computarán a estos efectos.
Otras medidas
En una de sus disposiciones adicionales, establece que el Ministerio de Trabajo determinará anualmente la tasa de cobertura de la negociación colectiva. En caso de que se sitúe por debajo del 80%, el ministro de Trabajo de turno tendrá que aprobar un marco de condiciones que favorezca la negociación colectiva. La norma establece que la negociación colectiva en materia de salarios deberá ser “transparente e informada”.
Según está ya establecido, el Gobierno será el encargado de fijar anualmente el SMI. Previamente, consultará a los agentes sociales. En caso de que no cumpla las previsiones sobre el IPC, llevará a cabo una revisión semestral. La novedad es que ahora obliga a contar con la Comisión de Expertos. Esto es algo que hasta ahora venía haciéndose en la práctica, pero sin respaldo legal. El RD también regula la la composición de dicha comisión. Sus integrantes serán designados por el ministro de Trabajo de turno.
La reforma, con cifras millonarias en juego, testará el equilibrio entre mejora salarial y costes empresariales. Un nuevo frente en la ya tensa relación entre Díaz y Garamendi.