Un año después del gran anuncio de Pedro Sánchez, el Gobierno presentó ayer la nueva empresa estatal de vivienda que sustituirá a SEPES. Nace con la voluntad de gestionar un parque público de viviendas destinadas al alquiler asequible, para lo cual lanzará una oferta pública de compra de inmuebles por 100 millones de euros. El Consejo de Ministros del próximo 9 de diciembre aprobará formalmente la creación de Casa47, un nombre que hace alusión al artículo 47 de la Constitución española, que consagra la vivienda como un derecho.
Sin embargo, en los criterios para seleccionar a quienes tendrán acceso a estas viviendas asequibles, una persona que ahora percibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que deseara optar de manera individual quedaría hoy excluida. Para definir quiénes tendrán acceso a estos inmuebles, el Gobierno toma como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Un índice que nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como guía en las ayudas públicas.
Según los requisitos anunciados ayer por el Ministerio de Vivienda, el mínimo exigido será un ingreso equivalente a dos veces el IPREM. Es decir, 16.800 euros, frente a los 16.576 euros del SMI en 2025. Con la subida del SMI en 2026, lo lógico es que se alcance este límite, ya que solo tendría que revalorizarse un 1,35%. Sin embargo, la encrucijada está en el IPREM, que podría volver a quedarse sin actualizar. Y lo que desde el punto de vista de acceso a la vivienda podría interpretarse como una ventaja sería, por ejemplo, una mala noticia para las mujeres mayores de 52 años que no logran incorporarse al mercado laboral.
Hoy presentamos @Casa47gob, la Entidad Estatal de Vivienda que gestionará el parque público de vivienda de España. Y con su puesta en marcha, blindamos la tranquilidad de la ciudadanía. pic.twitter.com/s2PqWG2SeT
— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) December 4, 2025
Entre 2 y 7,5 veces el IPREM
El IPREM es un índice que lleva tres años consecutivos sin actualizarse, porque depende de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Desde 2023, está fijado en 600 euros mensuales y los sindicatos y entidades sociales advierten de que su valor ha quedado desfasado tras varios ejercicios sin revisión. Este indicador se utiliza no solo para el acceso a viviendas de protección oficial, sino también para determinar ayudas a parados de larga duración, becas escolares o el bono social.
Según anunció ayer el Ministerio de Vivienda, las personas con ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM serán quienes tengan acceso a las viviendas de alquiler asequible impulsadas por Casa47. Un tramo que, según señaló la ministra Isabel Rodríguez, alcanza al “60% de la clase media y trabajadora”. En su cuantía actual, este criterio excluye a quienes perciben menos de 16.800 euros anuales (dos veces el IPREM) y permite el acceso a quienes tengan ingresos de hasta 63.000 euros.
Una renta equivalente al 30% del salario
El Ministerio de Vivienda ha establecido además que el precio del alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos del hogar. Durante la presentación en Madrid, Rodríguez insistió en que la determinación del precio de los alquileres seguirá criterios de asequibilidad, teniendo en cuenta la renta media de cada territorio: “Nadie va a destinar más del 30% de sus rentas a pagar el alquiler”. Según los ejemplos facilitados por el Ministerio, en municipios como Madrid las rentas resultantes serían un 38% inferiores a los precios de mercado, mientras que en Málaga la reducción alcanzaría el 50%. En localidades con menos tensión residencial, como Olivenza (Badajoz), las viviendas procedentes de Sareb se ofrecerían por alrededor de 400 euros mensuales.
El proyecto incluye también un modelo de contratos de larga duración. Los arrendamientos podrán alcanzar hasta 75 años, con un primer periodo de 14 años y prórrogas sucesivas del mismo plazo, siempre que se mantengan los requisitos de acceso. Estos plazos se entienden como una de las claves para garantizar estabilidad a los inquilinos. En 2026, Casa47 habilitará además un portal digital, donde se podrán consultar las promociones, los requisitos de acceso y las solicitudes. Sepes sacó a principios de mes la licitación por 55,39 millones euros para la gestión integral de su parque de viviendas (unas 17.300 en el arranque del proyecto).
CASA47, la Entidad Estatal de Vivienda.
La casa donde reside el derecho a la vivienda. pic.twitter.com/yJTmKKQmj0
— CASA47 (@Casa47gob) December 4, 2025
Ciclo completo
La nueva entidad estatal gestionará todo el ciclo de vida del parque público: adquisición de suelo, construcción, rehabilitación y administración de los inmuebles. Para ampliar la oferta disponible, Casa47 lanzará en las próximas semanas una oferta pública de compra de 100 millones de euros, a la que se sumarán las viviendas y suelos transferidos desde otros ministerios y los activos incorporados de Sareb. Según los datos del Ministerio, ya se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para levantar otras 55.000. En lo que va de año, se han licitado proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por el territorio nacional.
Rodríguez subrayó que uno de los ejes del proyecto es evitar errores del pasado. “Queremos construir con rigor y seriedad para no repetir los errores”, señaló, en referencia a la necesidad de planificar las nuevas promociones en zonas que no presenten riesgos como los vividos durante la DANA de 2024 en Valencia. La ministra destacó igualmente el enfoque participativo en la creación de nuevos barrios. “Estamos entablando relaciones de participación y colaboración con los vecinos desde el primer momento”, señaló, mencionando experiencias ya iniciadas en Carabanchel, Campamento, Zaragoza y Valladolid.
Factura de 16.500 euros
Por su parte, desde el PP advirtieron que la operación del cierre de la Sareb costará 16.500 millones a los ciudadanos porque el Gobierno asume la deuda de la entidad. “Con este dinero se podrían construir más de 100.000 viviendas asequibles para jóvenes”, estimaron. En este sentido, recordaron que la Sareb retiró de la venta un total de 40.000 viviendas baratas y 2.400 terrenos para pasárselos a SEPES, lo que implica un retraso en la puesta a disposición de los ciudadanos de “este valioso parque inmobiliario”.
“Un trasvase que ha tenido que esperar un año para cambiar el nombre, pero que incide en la misma política equivocada. Además, las viviendas las sacarán a licitación con medidas restrictivas que generan problemas de concurrencia que dificultará mucho su gestión”, añadieron. Según sus datos, los siete años que lleva Sánchez en Moncloa “solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%; mientras que la okupación ha crecido en un 54,7%”.