El reloj avanza implacable hacia el 1 de enero de 2026, fecha en la que entrará en vigor el nuevo sistema de facturación digital Verifactu. Se trata de una herramienta diseñada por la Agencia Tributaria para acabar con el fraude fiscal. Esta transformación tecnológica, que ya ha sido bautizada como el apagón fiscal, amenaza con dejar fuera de juego a más del 90% del tejido empresarial español, que aún no ha adaptado sus sistemas a los nuevos requisitos.
La cuenta atrás del apagón fiscal
El apagón fiscal no es un cambio menor. Supone un giro de 180 grados en la manera en la que empresas y autónomos deben emitir y registrar sus facturas. A partir de 2026, solo podrán operar legalmente aquellas sociedades que cuenten con un sistema de facturación adaptado a Verifactu. Esto implica incorporar códigos QR, firmas electrónicas, huellas digitales y ficheros en formato XML-VERI, con el objetivo de garantizar la inalterabilidad y trazabilidad absoluta de cada documento.
Aunque las empresas deberán cumplir con esta exigencia a partir del 1 de enero, los autónomos dispondrán de seis meses más: hasta el 1 de julio de 2026. No obstante, los sistemas de facturación deberán estar operativos ya antes del 29 de julio de 2025. Eso convierte al apagón fiscal en una urgencia empresarial de primer nivel.
Más de 6 millones de negocios, en el alambre
En total, 3,255 millones de empresas y 3,384 millones de autónomos están llamados a dar el salto a Verifactu. El problema es que la inmensa mayoría de ellas, especialmente micropymes y pequeños negocios, ni siquiera ha iniciado el proceso de adaptación. Así lo revela el último Informe Emprende, elaborado por Holded junto a Visma y Kantar, que señala que menos del 10% de las pymes están listas para el apagón fiscal.
Esta falta de preparación no solo pone en riesgo la operativa diaria de los negocios. También los expone a sanciones severas. Desde Hacienda confirman que las multas por incumplir los requisitos del nuevo sistema podrán alcanzar los 150.000 euros, en los casos más graves.
Frente a este panorama, Hacienda ha sido tajante: no habrá prórrogas. Las fechas están fijadas y no se modificarán. A cambio, la Agencia Tributaria ha abierto un periodo de pruebas voluntario que se extenderá hasta enero de 2026. Durante este tiempo, las empresas podrán comenzar a facturar con Verifactu sin que los errores sean penalizados, siempre que se corrijan y documenten adecuadamente.
Otra de las claves del apagón fiscal radica en la adquisición de software. Desde el próximo 29 de julio de 2025, cualquier programa de facturación que se adquiera –así como las nuevas versiones de los que ya estén en uso– deberá cumplir obligatoriamente con los requisitos técnicos del sistema Verifactu. De lo contrario, no serán considerados válidos por Hacienda.