El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto que desbloquea la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal laboral de las administraciones públicas. La norma también eleva las indemnizaciones por residencia de más de 11.000 empleados del sector público estatal destinados en Baleares.
El Real Decreto-ley 19/2026 salió adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones. La medida había sido aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio y estaba vigente desde el 1 de julio, aunque necesitaba superar la votación parlamentaria para mantenerse en el ordenamiento.
Durante el debate, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó la reforma como un «balón de oxígeno» para unas administraciones que afrontan el envejecimiento de sus plantillas y dificultades crecientes para sustituir a quienes se retiran.
Qué cambia en la jubilación parcial de los empleados públicos
La jubilación parcial con contrato de relevo permite que una persona reduzca su jornada antes de alcanzar la jubilación completa. Durante ese periodo continúa percibiendo el salario correspondiente al tiempo trabajado y recibe una parte proporcional de la pensión.
La reducción de jornada debe ir acompañada de la incorporación de otro trabajador, denominado relevista. El problema en el sector público era que esa contratación debía producirse de manera simultánea, pese a que las administraciones están obligadas a seleccionar al personal fijo mediante procedimientos sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los plazos de una oferta de empleo público y de una oposición o concurso dificultaban cumplir inmediatamente esa exigencia. Como consecuencia, el derecho reconocido en la normativa laboral quedaba bloqueado en la práctica para numerosos empleados públicos.
El nuevo decreto crea un sistema gradual para conciliar ambas obligaciones. Las administraciones deberán planificar las jubilaciones previstas e incluir las plazas necesarias en sus ofertas de empleo o en otros instrumentos de organización de recursos humanos.
Un relevista fijo como opción preferente
La primera alternativa será vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo y a jornada completa procedente de la correspondiente convocatoria pública. Ese trabajador asumirá la condición de relevista mientras el empleado de mayor edad reduce progresivamente su actividad.
Cuando la plaza todavía no haya podido cubrirse de forma definitiva, la Administración podrá recurrir temporalmente a un contrato de sustitución. Esta fórmula se mantendrá hasta que concluya el proceso selectivo y se incorpore el relevista fijo.
Las plazas temporales deberán incluirse en la oferta de empleo público del ejercicio correspondiente. El objetivo es que la flexibilidad necesaria para conceder la jubilación no genere una nueva bolsa de temporalidad dentro de las plantillas.
La norma tampoco exige que el relevista estuviera previamente desempleado o tuviera un contrato temporal, una condición que amplía las posibilidades de organizar el relevo dentro de cada administración.
Un régimen transitorio hasta abril de 2027
El decreto incorpora una solución adicional hasta el 1 de abril de 2027. Durante ese periodo, la jubilación parcial con contrato de relevo podrá vincularse a trabajadores laborales fijos contratados a jornada completa desde el 1 de abril de 2024.
De esta manera, las administraciones podrán aprovechar incorporaciones recientes procedentes de ofertas ordinarias de empleo, sin esperar necesariamente a que se resuelva una nueva convocatoria específica para cada jubilación.
La medida no modifica los requisitos generales establecidos por la Seguridad Social. El trabajador deberá seguir cumpliendo las condiciones de edad, antigüedad y cotización exigidas para acceder a esta modalidad.
Tampoco supone que todas las solicitudes deban aceptarse automáticamente. Cada administración tendrá que valorar la planificación de su plantilla y acreditar qué persona desempeñará la función de relevista.
Un instrumento para rejuvenecer las administraciones
El Gobierno sostiene que la reforma facilitará el relevo generacional. El trabajador que se aproxima al retiro podrá reducir gradualmente su jornada, mientras una nueva incorporación aprende las tareas y garantiza la continuidad del servicio.
Este periodo de convivencia puede resultar especialmente valioso en puestos que requieren conocimientos acumulados durante años. La salida deja de producirse de manera abrupta y permite transferir experiencia antes de la jubilación definitiva.
La medida también ofrece a las administraciones una mayor capacidad para anticipar vacantes, reorganizar departamentos y adaptar sus recursos humanos a las necesidades futuras.
Óscar López ha defendido que el decreto ofrece «soluciones reales, concretas» y responde a compromisos alcanzados con las principales organizaciones sindicales.
Más de 11.000 empleados mejorarán su complemento en Baleares
La segunda parte de la norma afecta a 11.176 trabajadores del sector público estatal destinados en Baleares. El Gobierno ha actualizado la indemnización por residencia para compensar el coste diferencial de vivir en las islas.
En Mallorca, las cuantías aumentan aproximadamente un 100%. En Menorca, Ibiza, Formentera y el resto del archipiélago, el incremento medio supera el 300%, hasta situarse en niveles semejantes a los percibidos por el personal destinado en Canarias.
Los importes varían según el grupo profesional. En Mallorca oscilan entre 105,31 y 214,61 euros mensuales. En el resto de las islas se sitúan entre 263,12 y 697,67 euros.
Los nuevos complementos tienen efectos económicos desde el 1 de julio de 2026. Cuando no puedan incluirse inmediatamente en nómina, los atrasos deberán abonarse posteriormente de oficio o a petición del interesado, según su situación laboral.
El precio de la vivienda dificulta cubrir plazas
La actualización intenta responder a los problemas para atraer y conservar empleados estatales en Baleares. El elevado precio de la vivienda, el coste de los bienes cotidianos y las dificultades de movilidad han provocado vacantes persistentes en algunos servicios públicos.
La indemnización por residencia busca compensar parcialmente esas desventajas, aunque los sindicatos consideran que serán necesarias más medidas para garantizar que las plazas resulten atractivas y puedan cubrirse de forma estable.
Con la votación del Congreso, el decreto consolida así dos cambios distintos. Por una parte, permite aplicar de manera efectiva la jubilación parcial con contrato de relevo en el sector público laboral. Por otra, mejora la retribución de miles de empleados destinados en un territorio donde trabajar para la Administración se había convertido, en demasiados casos, en una opción económicamente difícil de sostener.