El decreto de Vivienda vuelve a convertirse en un foco de tensión entre los socios del Gobierno. Después de que el Ministerio de Isabel Rodríguez aplazara su aprobación hasta septiembre con el argumento de ganar tiempo para alcanzar un acuerdo parlamentario amplio, el Ejecutivo evita ahora comprometerse con una fecha para llevarlo al Consejo de Ministros. “La aspiración del Gobierno es un decreto ambicioso, transversal y estamos trabajando intensamente en unas negociaciones que encabeza la ministra de Vivienda para que sea una realidad”, afirmó ayer Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que se sigue negociando con los grupos, sin que se haya establecido una fecha límite para elevar el proyecto al Consejo de Ministros. Cabe recordar que el nuevo real decreto-ley de vivienda se anunció el 29 de junio y se preveía su aprobación durante el mes de julio. Sin embargo, ante la falta de acuerdo con los grupos parlamentarios, imprescindible para garantizar su convalidación en el Congreso de los Diputados, se pospuso hasta septiembre, un plazo que ahora queda en el aire ante la ausencia de un nuevo calendario.
Discreción en las negociaciones
“Soy discreta respecto a mis conversaciones con otros grupos para que podamos aprobarlo lo antes posible. Hay algunas discrepancias públicas, fundamentalmente por los cuatro diputados de Podemos y por el grupo parlamentario de Junts. Yo espero que seamos capaces de hacerlas compatibles y poder conciliarlas“, afirmó Isabel Rodríguez en una entrevista con el Diario de Ibiza el pasado fin de semana. El decreto prevé, entre otras medidas, gravar con el 21% de IVA los pisos turísticos.
“La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto”, explicaron fuentes de Vivienda en el mes de julio.
Sumar exige terminar con las “vacaciones”
Entretanto, la ausencia de un calendario está agotando la paciencia de Sumar, que eleva la presión sobre el PSOE. La portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, exigió ayer a Isabel Rodríguez que termine con las “vacaciones” y apruebe el decreto comprometido. “Los problemas de vivienda en nuestro país no se arreglan con una web y con un teléfono de atención al cliente”, afirmó , en referencia al portal de Casa 47 y al servicio telefónico 047.
Mañana vuelven a intentar desahuciar a Maricarmen. El Ministerio de Vivienda tiene en su mano ofrecerle un alquiler asequible en una vivienda pública.
Tiene que ser capaz de dar soluciones, y las hay.
— Verónica Martínez Barbero (@veronicambarbero.bsky.social) 22 de septiembre de 2026 a las 13:01
Un día antes, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, advirtió de que “hay que llevar el decreto ley de vivienda al Congreso de los Diputados ya, sin excusas y sin dilación. Tiene que ir ya y cada cual que se retrate y cada cual que asuma la responsabilidad de las posiciones que adopte”. Desde Sumar se recuerda que el decreto permanece bloqueado desde julio, a pesar de que existía un acuerdo para su aprobación en el seno del Ejecutivo. “Había un acuerdo para ello, no pero no sucedió”, lamentó Bustinduy.
Claves del Real Decreto
Más allá del calendario de aprobación, la negociación mantiene abiertas las incógnitas sobre el contenido definitivo de un decreto que pretende intervenir tanto en el mercado del alquiler como en la fiscalidad de la vivienda. Entre los puntos clave del primer borrador que elaboró el Gobierno figuraban la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta el 2028, la regulación del alquiler de temporada y el IVA del 21% para los pisos turísticos. Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también incorporó un mayor castigo para las segundas residencias.
Cabe destacar que ese documento, al que tuvo acceso Artículo 14 supone un borrador que puede verse modificado si el Ejecutivo acuerda otras medidas con los grupos parlamentarios hasta que se apruebe el definitivo en Consejo de Ministros.
Más impuestos para las viviendas vacías
Uno de los cambios más relevantes del borrador afecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El texto prevé que los ayuntamientos de municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado puedan aplicar recargos de hasta el 100% sobre la cuota líquida del impuesto a las viviendas que permanezcan desocupadas durante más de tres años, de forma continuada y sin causa justificada.
En concreto, los consistorios podrían establecer un recargo de hasta el 50% para los inmuebles vacíos durante más de dos años, que se elevaría al 100% cuando la desocupación superase los tres años. Además, los propietarios con dos o más viviendas desocupadas en el mismo municipio podrían afrontar un recargo adicional de 50 puntos porcentuales. El objetivo de esta medida es incentivar que las viviendas que permanecen cerradas se incorporen al mercado residencial, especialmente en aquellas localidades donde existe una mayor presión sobre los precios del alquiler.
Un IRPF más alto a partir de 2027
El endurecimiento fiscal también alcanzaría al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El primer borrador plantea modificar el cálculo de la renta inmobiliaria imputada por los inmuebles que se encuentran a disposición de sus propietarios, pero que no constituyen su vivienda habitual ni están alquilados. A partir del 1 de enero de 2027, el porcentaje de imputación se calcularía mediante una escala progresiva en función de la suma de los valores catastrales de los inmuebles del contribuyente, excluida su residencia habitual.
La escala arrancaría en el 1,1% para valores acumulados de hasta 100.000 euros y aumentaría al 1,5% para el tramo comprendido entre 100.000 y 500.000 euros. Entre 500.000 y un millón de euros se aplicaría el 2%, mientras que los patrimonios inmobiliarios que superasen el millón afrontarían un nuevo tipo del 3%. De esta forma, la reforma elevaría la tributación de los propietarios con un mayor patrimonio inmobiliario que mantengan sus viviendas fuera del mercado del alquiler.
Más flexibilidad para abandonar un alquiler
El decreto también incorpora modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para facilitar que los inquilinos puedan abandonar una vivienda antes de que finalice el contrato.
En los arrendamientos de vivienda habitual, el texto mantiene la posibilidad de desistir una vez transcurridos seis meses desde la formalización del contrato, siempre que el arrendatario comunique su decisión al propietario con una antelación mínima de treinta días.
La principal novedad afecta a los alquileres de temporada. En estos casos, el inquilino podría poner fin al contrato una vez transcurrido un mes desde su formalización, con un preaviso de diez días. El borrador plantea así reducir el compromiso mínimo de permanencia en esta modalidad de arrendamiento y facilitar la movilidad de los inquilinos.