La jubilación parcial de los empleados públicos vuelve a moverse después de meses de bloqueo. El Gobierno está ultimando un real decreto ley para reactivar esta fórmula en el caso del personal laboral de las administraciones públicas, una vía que quedó prácticamente cerrada tras la reforma que entró en vigor en abril de 2025. El cambio que se prepara busca resolver el principal escollo: la contratación del trabajador relevista. Una exigencia legal que en el sector público había acabado chocando con los tiempos y reglas de acceso al empleo público.
El principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos CCOO y UGT supone, en la práctica, un intento de desbloquear una situación que afectaba a miles de empleados públicos laborales, sobre todo en ayuntamientos, universidades y otras administraciones. Según la información adelantada en los últimos días, la norma permitiría que el puesto de relevo se cubra no solo con personal fijo procedente de un proceso selectivo ya superado, sino también con interinos vinculados a una futura oferta pública de empleo, la solución que reclamaban los sindicatos desde el inicio de la negociación.
El problema: una reforma que dejó sin salida a las administraciones
El atasco de la jubilación parcial de los empleados públicos no nació ahora. Se arrastra desde la última reforma de pensiones, que endureció las condiciones del contrato de relevo y exigió que el trabajador incorporado lo hiciera con un contrato indefinido y a jornada completa. En el sector privado, esa condición podía cumplirse con mayor facilidad. En la Administración, en cambio, el requisito tropezaba con un obstáculo estructural: no se puede cubrir una plaza fija sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, ni sin pasar por la correspondiente convocatoria pública.
Ese encaje imposible dejó en suspenso muchas solicitudes y convirtió la jubilación parcial de los empleados públicos en una figura casi inutilizable para el personal laboral. La solución que ahora se negocia intenta adaptar la ley a la singularidad del empleo público sin vaciar de contenido la reforma general de pensiones. La fórmula pasaría por admitir relevistas fijos cuando ya hayan superado un proceso selectivo o, de forma transitoria, relevistas interinos ligados a la cobertura definitiva de la plaza mediante oferta pública de empleo.
A quién afecta de verdad este cambio
Aquí conviene hacer una precisión importante. El movimiento que prepara el Gobierno no resuelve toda la jubilación parcial de los empleados públicos, sino sobre todo la del personal laboral de la Administración. Esa es la parte que estaba bloqueada y la que ahora parece cerca de reactivarse. Las estimaciones publicadas hablan de alrededor de 700.000 trabajadores afectados, en su mayoría repartidos entre administraciones locales, comunidades autónomas y universidades.
Sin embargo, los sindicatos insisten en que el problema no termina ahí. Tanto CCOO como UGT reclaman que la misma salida se extienda también a funcionarios y personal estatutario, que siguen fuera de esta solución y cuya situación dependería de reformas más amplias del Estatuto Básico del Empleado Público o de cambios legislativos posteriores. Es decir, el decreto que se prepara puede ser un avance relevante, pero no cerraría por completo el debate sobre la jubilación parcial de los empleados públicos en sentido amplio.
Qué más quiere incluir el Gobierno en el decreto
La negociación no se limita a esta cuestión. Distintas informaciones apuntan a que el Ministerio de la Seguridad Social quiere aprovechar el real decreto ley para incluir otros asuntos pendientes en materia de pensiones e incapacidad temporal. Entre ellos aparece una cuestión especialmente sensible: el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho no registradas, siempre que tengan hijos en común o puedan acreditar una convivencia prolongada. Esa medida, según las mismas fuentes, aún estaba pendiente de cerrar del todo.
También siguen sobre la mesa propuestas relativas a las bajas laborales y a la gestión de la incapacidad temporal. Ahí el terreno parece más resbaladizo. Los sindicatos ven margen para avanzar en medidas organizativas, como una reordenación de medios en la inspección médica del INSS. Pero consideran que otros cambios requieren más debate y podrían retrasar la aprobación de la norma si el Gobierno decide meter demasiados asuntos en el mismo paquete. Por eso CCOO ha pedido que la parte relativa a la jubilación parcial de los empleados públicos salga adelante “sin demora”.