Un año después de que prosperara la enmienda a la totalidad presentada por Junts a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el Ministerio de Trabajo no ha sacado delante de manera individual la que era la medida estrella de la reforma: el registro horario digital con acceso en remoto a la Inspección de Trabajo.
Si bien es cierto que la cartera que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, prometió a los sindicatos que el Real Decreto se aprobaría en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, la semana previa a la celebración del último gabinete en el mes de julio, Trabajo y Economía pactaron dejar para septiembre esta reforma. Todo ello, con el objetivo de “salvar” las objeciones que realizó el Consejo de Estado.
Hoy desayuno informativo con medios de comunicación para abordar la agenda sindical.
El registro horario está pactado con el Gobierno. Esperamos su aprobación inmediatamente.
Hay que acabar con la explotación de las horas extraordinarias ni pagadas ni devueltas. pic.twitter.com/JE4Rx0qeYM
— Pepe Álvarez (@SG_UGT) September 9, 2026
Ya en el mes de septiembre, los sindicatos presionan a Trabajo para que en las próximas tres semanas se apruebe la reforma en Consejo de Ministros, mientras que el titular de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no asegura que vaya a salir adelante este mes y se acoge a que lo hará “cuanto antes”, pero sin una fecha marcada en el calendario.
Si se tiene en cuenta que el primer documento, que el Consejo de Estado echó atrás, recogía que el registro horario digital entraría en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las fechas ya apuntan un plazo más allá del primer trimestre del año 2027.
Informe del Consejo de Estado
El pasado mes de febrero, el Consejo de Estado emitió un informe desfavorable respecto a esta normativa y mostró sus discrepancias sobre aprobarla vía real decreto. Ante este postura ya se ha pronunciado CEOE, que ha mostrado también una posición contraria y ha recurrido ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ya que considera que incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende hacer no puede llevarse a cabo a través de un reglamento. Y es que, dictamen del Consejo de Estado, también recoge que la norma propuesta “impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.
El Consejo de Estado también “tumbó” el registro horario por la ausencia de ayudas destinadas a facilitar la aplicación de los requisitos tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas, por la falta de una evaluación económico que tendrá en las Administraciones Públicas y porque considera que lo que la norma pretende supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos. Aunque el “veredicto” del Consejo de Estado no es vinculante, se trata del principal órgano consultivo del Gobierno.
“No habrá excepcionalidad con las pymes”
Respecto a los cambios que pueda sufrir la norma, desde el Ministerio que lidera Díaz aseguraron el pasado mes de julio que “en ningún caso se altera el objetivo de digitalizar y de permitir el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo” y culminaban afirmando a este medio que “en ningún caso va a haber excepcionalidad con pequeñas y medianas empresas como planteaba Economía”.
Y es que, el Ministerio que preside Cuerpo reclama que las pequeñas y medianas empresas cuenten con un año para adaptarse a la normativa, mientras que la cartera que dirige Díaz manejaba un plazo de seis meses para todas las compañías.
Otros temas pendientes de Trabajo
Otro de los temas pendientes que tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo es el decreto que impide la absorción y compensación de complementos con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Se trata de una legislación que busca evitar que las empresas utilicen determinados complementos y pluses (como nocturnidad, peligrosidad, antigüedad o comisiones) para absorber las subidas del SMI y dejarlo sin efecto práctico en las nóminas.
Actualmente, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegura que el ministerio “está a la espera de que se culminen el conjunto de informes de los ministerios y del resto de órganos”, y señala que una vez esté ese procedimiento, se enviará al Consejo de Estado.
Revalorización SMI
En los próximos meses, la cartera que lidera Yolanda Díaz también comenzará las negociaciones sobre la subida del SMI correspondiente al año 2027, un incremento que los sindicatos señalan que se debería aprobar a la vez que el decreto que impide la absorción y compensación.
Mientras que desde UGT no anticipan ninguna cifra, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado esta semana que esa subida debería ser superior al 5%, lo que situaría el SMI en 1.282 euros mensuales en 14 pagas.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló ayer en una rueda de prensa que la dureza respecto al SMI irá en función de la aprobación del decreto de compensación y absorción de pluses.