El vapeo ilegal en España se ha convertido en un problema económico, sanitario y regulatorio. El sector denuncia que una parte creciente de los cigarrillos electrónicos se vende ya fuera de los canales autorizados, en establecimientos donde no siempre se garantiza la trazabilidad del producto, el cumplimiento de la normativa o el control de edad. La consecuencia, según las tiendas especializadas, es doble: más presión sobre los comercios legales y más facilidad de acceso para menores.
La alerta la ha lanzado Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, en una entrevista concedida a NoticiasTrabajo. Según sus datos, “el 39% de los cigarrillos electrónicos que se venden en España lo hacen fuera de la legalidad”. El sector sostiene que esta deriva ya está provocando una caída de ingresos, cierres de negocios y un riesgo laboral que podría acercarse a los 1.000 empleos si la tendencia no se corrige.
El vapeo ilegal en España crece por precio y facilidad de acceso
La clave del crecimiento del vapeo ilegal en España está en el canal de venta. Según la patronal del sector, muchos consumidores no han dejado de vapear, sino que han cambiado el lugar donde compran. En vez de acudir a tiendas especializadas, optan por bazares, gasolineras, bares, discotecas u otros puntos donde el producto puede encontrarse más barato y con menos controles.
Esa diferencia de precio no es casual. Los productos vendidos fuera de los canales autorizados pueden esquivar costes vinculados al registro, los análisis, la trazabilidad, los límites de composición o las garantías exigidas por la normativa. El resultado es una competencia muy difícil de asumir para los comercios que sí operan bajo las reglas.
Ribes sostiene que las tiendas legales están perdiendo hasta el 50% de su facturación. Y advierte de que, si esta situación continúa, muchos negocios tendrán que ajustar plantillas. “En unos seis meses tendrán que reducir entre uno y dos empleados de cada comercio”, una caída que, según sus cálculos, podría traducirse en “aproximadamente 1.000 empleados” menos en el conjunto del país.
Un problema sanitario, no solo económico
El vapeo ilegal en España no preocupa únicamente por su impacto sobre los comercios especializados. También introduce un riesgo de salud pública. Cuando un producto se vende fuera del circuito regulado, resulta más difícil saber qué contiene, de dónde procede, qué concentración incorpora o si cumple los límites establecidos.
Sanidad mantiene abierta desde hace meses una actualización normativa sobre productos de tabaco y relacionados, que incluye los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como restricciones a aromas y nuevas obligaciones para fabricantes y comerciantes. El Ministerio ya sometió a audiencia pública un proyecto de real decreto para reforzar la regulación de estos productos.
La propia página de legislación de Sanidad recoge que el marco nacional incluye restricciones a la venta, suministro, consumo, publicidad y presentación de productos del tabaco y dispositivos susceptibles de liberar nicotina. También recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias propias en salud pública, lo que añade complejidad al control efectivo del mercado.
Menores y puntos de venta sin control
Uno de los puntos más sensibles del debate es el acceso de menores. Las tiendas especializadas defienden que el problema no está solo en el producto, sino en cómo y dónde se vende. En los canales regulados, el control de edad forma parte de la operativa habitual. En cambio, en otros puntos de venta el filtro puede ser mucho más débil o directamente inexistente.
El propio Ribes ya había advertido en abril de que la “venta libre” estaba relacionada con un aumento del consumo en menores, al pasar, según sus datos, de una incidencia del 0,25% en 2021 a más del 3% en la actualidad.
Esta parte del debate es especialmente delicada. El vapeo se presenta a menudo como una alternativa de reducción de daño para fumadores adultos. Pero las autoridades sanitarias insisten en que no debe convertirse en una puerta de entrada a la nicotina para adolescentes o personas no fumadoras. El NHS británico, por ejemplo, señala que vapear nicotina no está libre de riesgos, aunque sea menos dañino que fumar, y subraya que niños y no fumadores nunca deberían vapear.
Regular el canal para frenar el mercado negro
El sector reclama que la respuesta normativa se centre en el canal de distribución. Ribes defiende que “el producto no es un problema cuando está regulado” y sostiene que la prioridad debe ser controlar dónde se vende, quién lo vende y con qué garantías. A su juicio, ordenar los puntos de venta permitiría reducir el acceso de menores y recuperar actividad para los negocios que cumplen la ley.
La venta de tabaco en España funciona mediante estancos y puntos de venta con recargo autorizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, según recuerda el Ministerio de Hacienda. Ese modelo, basado en autorizaciones y control administrativo, es una referencia que el sector del vapeo mira con interés para evitar que la distribución quede dispersa en establecimientos sin especialización.
La cuestión no es menor. Un enfoque demasiado laxo puede favorecer el crecimiento del mercado informal. Pero una prohibición mal diseñada también puede empujar más consumo hacia canales opacos. Ahí está el equilibrio que tendrán que buscar Sanidad y las comunidades autónomas: proteger a los menores, garantizar productos trazables y evitar que la actividad legal pierda terreno frente a vendedores sin control.