Uno de los compromisos que acometió el Gobierno de España con la Comisión Europea en el mes de julio de 2021 para desbloquear el desembolso de algunos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue reducir la temporalidad del sector público hasta el 8%. Cinco años más tarde, y a apenas cuatro días de que finalice el plazo para la solicitud y desembolso de estas partidas, las plantillas del sector público cuentan con unos 997.000 trabajadores con contrato eventual, que representan al 32% del total de los funcionarios y personal laboral.
El pasado mes de julio, la cartera que lidera Óscar López, como las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); comenzó una serie de reuniones para tratar de atajar esta problemática, que se centra con gran fuerza en las CCAA y ayuntamientos ya que cuentan con un 38% de trabajadores temporales, frente al 4% del Estado.
Reunión con las CCAA
Uno de los principales problemas que las CCAA pusieron al ministerio fue que no había una propuesta clara y que “no se abordaban cuestiones clave como la definición de abuso de temporalidad, qué hacer cuando una plaza queda desierta después del proceso selectivo, las indemnizaciones o las responsabilidades en caso de incumplimiento, entre otras”, señalaron fuentes de la Comunidad de Madrid.
Para hacer frente a estas reuniones, desde el ministerio de Función Pública han elaborado un análisis del estado de las plantillas públicas -adelantado por El País- y uno de los aspectos más relevantes es que el problema sobre el abuso de la temporalidad en los funcionarios, que el Estatuto Básico del Empleado Público indica que son aquellos que llevan más de tres años con un contrato temporal, se centra en unos 200.000, por lo que deja en el aire a 797.000 funcionarios interinos.
Desde el ministerio aseguran a Artículo 14 que esos casi 800.000 trabajadores con contratos eventuales firmados en un periodo menor a los tres últimos años “cuentan con situaciones distintas, son personas que han sido contratadas para realizar determinados proyectos en ese espacio temporal”.
Así, la cartera que dirige López señala que “las medidas se están trabajando con las CCAA porque son ellas las que tendrán que adoptarlas porque son las que tienen el problema”. Tal y como se acordó tras el último encuentro, la próxima reunión se celebrará el próximo 24 de septiembre.
No afecta por igual a hombre y a mujeres, ni a todas las edades
Además, la temporalidad es un problema que no afecta por igual a hombres y a mujeres. De los 997.000 funcionarios en situación de temporalidad, 670.200 son mujeres, el 67,2% del total, según los últimos datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA). Por lo que esta situación que vulnera la Ley de Estabilidad y la precariedad del empleo en este sector tiene un mayor efecto en las trabajadoras públicas que en los empleados.
Además, se trata de un problema que se concentra en cuatro franjas de edad: hay 157.600 funcionarios de entre 25 a 29 años temporales (109.700 mujeres y 47.900 hombres); 288.200 entre 30 y 39 años (194.500 mujeres y 93.700 hombres); 240.100 de entre 40 y 49 años (162.600 mujeres y 77.500 hombres); y 191.200 entre 50 y 59 años (133.800 mujeres y 57.400 hombres).
Estos datos ponen de manifiesto que las funcionarias de entre 30 y 39 años son los que se enfrentan con más fuerza a una situación de inestabilidad económica y laboral, en un contexto de vulnerabilidad.
Evolución histórica de la temporalidad en el sector público
Los datos de la EPA muestran una evolución de la temporalidad en el sector público entre 2002 (primeros datos publicados) y el segundo trimestre de 2026. El número de funcionarios temporales pasó de 562,5 miles de personas en el tercer trimestre de 2002 a un máximo de 1.127,7 miles en el primer trimestre de 2022, el máximo histórico.
Desde entonces, la cifra ha descendido situándose en cerca de los 997.000, y en los últimos trimestres se ha llegado a mantener por debajo del millón. Tras el fuerte incremento registrado entre 2014 y 2022, la reducción posterior refleja un cambio de tendencia, aunque el volumen de empleo temporal continúa siendo superior al observado durante la primera década analizada y todavía se encuentra muy alejado de la tasa del 8% que recoge la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; y del compromiso pactado con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos PRTR.
La primera sentencia del TJUE data de 2011
Si bien es cierto, la temporalidad en el sector público se trata un problema al que llevan haciendo frente los sucesivos gobiernos desde el año 2011, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió la primera sanción contra España por una causa prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla respecto a un trabajador de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
A partir de ese momento, han sido numerosos los litigios a los que se ha tenido que enfrentar el Estado a nivel europeo, y las diversas administraciones regionales y locales a nivel nacional.