El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto-ley de medidas por la guerra de Irán para colar un mecanismo que le permita seguir operando sin Presupuestos y gastar más sin control del Parlamento. Los enjuagues que ha venido realizando en 2024 y 2025 a cuenta de los fondos europeos Next Generation y de la prórroga de partidas de años anteriores sin relación ya no bastan, y pasa ahora a financiar gasto con deuda, lo que amenaza el cumplimiento del déficit y directamente lo imposibilita si la recaudación no sigue aumentando como hasta ahora.
Este cambio se articula en un Real Decreto-ley habilitado para ayudas por la guerra que parece tener asegurada su convalidación por el Congreso el próximo jueves, y cuando el Gobierno ha anunciado esta semana un nuevo “paréntesis” en la presentación de las cuentas que llevan meses de retraso. En esta legislatura Sánchez no ha logrado aprobarlas, mientras el Tribunal Constitucional ya estudia las consecuencias.
La modificación
Así lo hace la Disposición final duodécima, que modifica la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que declarara ampliables durante 2026 los créditos destinados a atender las obligaciones legales que tiene el Estado con la Seguridad Social para financiar prestaciones de naturaleza no contributiva, así como garantizar su financiación y la de las pensiones de clases pasivas, y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Se añade un nuevo apartado cuatro al artículo 10, con la siguiente redacción: “Durante la vigencia de estos presupuestos, no serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 50 de la Ley 47/2023, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, resultando de aplicación lo preceptuado en el
artículo 59 de la misma Ley respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que afecten a las aplicaciones presupuestarias a las que se refiere el Anexo II. Segundo. Dieciséis. c), d), e) y f) así como a las que afecten a la sección 07 de “Clases Pasivas” y a las cuotas de la Seguridad Social, subconcepto 160.00, en el Presupuesto del Estado”.
Además, se modifica el Anexo II Créditos Ampliables respecto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Consejo de Ministros viene aprobando Acuerdos de prórroga de los Presupuestos de 2023 en los que se sirve de una excepción de la la Ley de Presupuestos de 2021 por la pandemia para poder operar sin Presupuestos y sin control parlamentario. En su artículo 9, otorga al Gobierno la potestad de efectuar transferencias entre secciones, exceptuando, además, las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria.
Entrada en Telefónica y gasto en Defensa
Esto ha permitido habilitar fondos para entrar en empresas como Telefónica e incrementar el gasto en Defensa a partir de partidas sin relación, como la destinada a financiar a comunidades autónomas y ayuntamientos, y tirando de fondos europeos del Plan de Reconstrucción.
Según un análisis de BBVA Research, en 2025 el Consejo de Ministros ha aprobado 125 acuerdos que suman 40.000 millones de gasto en Defensa, la mayoría de ellos en los últimos dos meses, y sin pasar por el Congreso.
Esta modificación en el Decreto de Irán permite seguir gastando, pero ahora se hace cuenta de la deuda, porque el mecanismo que se venía utilizado ya no aguanta, según explican fuentes próximas a Hacienda consultadas por Artículo14.
Creen necesario este cambio para poder actualizar y pagar, pero advierten de que no deja de ser un fraude modificar un precepto de una ley de presupuestos que nace con un ámbito temporal expirado para luego aplicarlo como prórroga, lo que consideran “una chapuza”.
El Acuerdo de prórroga presupuestaria, cuyo contenido no es público, no es suficiente, añaden.
Amenaza al déficit y Seguridad Social
Esto puede tener consecuencias en la contención del déficit, cuando el FMI acaba de advertir de que se debe controlar el gasto estructural. Si la recaudación, que sigue tirando con fuerza por la inflación y porque no se deflacta el IRPF, empezara a ralentizarse, la situación podría ser delicada para las finanzas públicas, alertan otras fuentes expertas consultadas por este periódico. De ahí la presión del Ejecutivo para que la Comisión Europea suspenda las reglas fiscales por la guerra.
El Real Decreto-ley también declara “ampliables” todas las aportaciones a la Seguridad Social. Esto implica que tampoco tendrán que pasar por el Parlamento si no es necesario ampliar estos créditos.