En la comarca de Campo Arañuelo, al noreste de Cáceres, el viernes se respiró. Unas 4.000 familias habían vivido pendientes de una fecha escrita en el calendario energético español: 2027 para el cierre del primer reactor de Almaraz y 2028 para el segundo. Ahora ese horizonte se desplaza hasta 2030.
En la pugna política nadie contó con la movilización de 2.000 mujeres que decidieron organizarse para defender que el futuro de Almaraz también era el suyo. Mujeres por Almaraz nació dentro de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro y agrupó a seis asociaciones del entorno. Su argumento era sencillo: cerrar una gran industria en una comarca rural afecta a quién puede trabajar y a quién puede quedarse o termina haciendo la maleta. “La igualdad no puede depender del código postal”. Ha sido una de sus consignas durante todo este tiempo.
Electricidad para cuatro millones de hogares
La central nuclear de Almaraz tiene dos reactores que suman algo más de 2.000 megavatios netos de potencia. En 2025 produjo 15.370 GWh y, según su operadora, aporta alrededor del 7% de la demanda eléctrica anual española, el equivalente al consumo de unos cuatro millones de hogares. Desde que comenzó a funcionar ha generado más de 640.000 GWh. No se trata, por tanto, de una fábrica cualquiera instalada en mitad del campo extremeño. Es una de las grandes infraestructuras energéticas de España.
Para las mujeres que se movilizaron la cuestión no era exclusivamente nuclear. ¿Qué ocurriría con una familia cuando desapareciese el principal motor económico de su comarca? Las cifras explican sus temores. Un estudio elaborado por la consultora Metyis estimó que un cierre supondría una pérdida anual de 124 millones de euros y más de 2.100 empleos en el entorno local. Ampliando a Extremadura, calculaba 207 millones y más de 3.800 puestos de trabajo; y, incluyendo el efecto arrastre sobre toda la economía española, elevaba el impacto a 829 millones anuales y más de 15.300 empleos. Son estimaciones de impacto, no puestos existentes físicamente dentro de la central, pero permiten medir la red económica construida alrededor de ella.
En funcionamiento ordinario, la planta mantiene más de un millar de empleos propios y de empresas especializadas, según distintos recuentos, y durante las recargas incorpora alrededor de 1.000 trabajadores adicionales. Su actividad se extiende además a proveedores, servicios, comercio, construcción y hostelería. Ahí es donde Mujeres por Almaraz empezaron a hablar de arraigo, una palabra que ha quedado ligada a los reactores. “Las mujeres extremeñas queremos que en nuestra tierra nuestros hijos, nuestras familias, nosotras mismas, podamos labrarnos un futuro”, defiende una de sus portavoces, Virginia Aizkorbe.
Igualdad en el mundo rural
Su reclamación continúa con tres peticiones: “Queremos empleo, queremos campo y también queremos industria”. No se limitaron a decirlo desde sus pueblos. Escribieron a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; reclamaron el respaldo de la presidenta extremeña, María Guardiola; buscaron el apoyo sindical y viajaron a Madrid. En marzo, coincidiendo con las movilizaciones alrededor del Día de la Mujer, una representación se reunió con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fueron al Ministerio de Igualdad a explicar que la igualdad de una mujer rural también consiste en tener un empleo que le permita no abandonar su tierra.
Después quisieron conocer aquello que defendían. En junio, alrededor de medio centenar de integrantes de Mujeres por Almaraz entraron en la central y recorrieron sus instalaciones acompañadas por personal técnico. Preguntaron por su funcionamiento y por los protocolos de seguridad. Querían que su reivindicación no pudiera reducirse a una defensa sentimental del puesto de trabajo. “No hay motivo alguno para cerrar la central”, sentenció entonces María Jesús Lapeira, ingeniera, trabajadora de la planta y una de las portavoces del movimiento. Su argumento es que una decisión de semejante dimensión debe sustentarse en criterios técnicos y de seguridad y no adoptarse “muy lejos de aquí” sin escuchar a quienes vivirán sus consecuencias.
Referentes fuera de España
La referencia internacional que utilizan quienes defienden prolongar Almaraz también tiene números. North Anna, en Virginia, cuenta con dos reactores Westinghouse de agua a presión comparables tecnológicamente a los extremeños. El regulador estadounidense, la Nuclear Regulatory Commission, concedió en 2024 una segunda renovación que permite a sus unidades entrar en periodos de operación que alcanzan los 80 años. Para los partidarios de Almaraz, demuestra que cumplir cuatro décadas no implica por sí mismo haber alcanzado el final técnico de una instalación.
Hay otro precedente norteamericano especialmente significativo para las mujeres extremeñas. Diablo Canyon, en California, también estuvo destinado al cierre. En abril de este año, la NRC renovó finalmente durante otros veinte años las licencias de sus dos reactores: la unidad 1 podrá operar hasta noviembre de 2044 y la 2 hasta agosto de 2045. Allí surgió Mothers for Nuclear, fundada por dos mujeres vinculadas profesionalmente al sector que comenzaron a defender públicamente la energía nuclear desde una perspectiva climática.
Mujeres por Almaraz encontró en aquel movimiento una inspiración, aunque su batalla tenga características propias. Sin ir más lejos, se pide a las zonas rurales que combatan la despoblación mientras muchas de sus habitantes sienten que desaparecen las actividades económicas que les permiten quedarse.
Más allá de 2030
La decisión de prolongar Almaraz hasta 2030 les concede ahora tiempo, pero el debate no ha terminado. La plataforma que representa a las comunidades y empresas vinculadas a la central recuerda que unas 4.000 familias y alrededor de 200 pymes dependen directa o indirectamente de su actividad y ya anuncia que reclamará que cualquier decisión posterior a 2030 se adopte atendiendo a criterios técnicos, de seguridad y de interés general.
Las mujeres tampoco parecen dispuestas a desaparecer ahora que han conseguido una primera victoria. Detrás de cada empleo que desaparece puede haber una mujer que pierde autonomía económica y detrás de cada empresa que cierra, una familia que se plantea marcharse. Y detrás de cada joven que no encuentra oportunidades, otro habitante que el mundo rural entrega a la ciudad. Las mujeres de Campo Arañuelo pueden sentir que una parte de la pelea ha merecido la pena. Almaraz seguirá funcionando hasta 2030, pero pelearán para que sea mucho más.