Tragedia ferroviaria

Las víctimas de Adamuz denuncian que más de la mitad de los afectados no pueden acceder a las ayudas

La Asociación de Víctimas de Adamuz exigen al Ministerio de Transportes ampliar el alcance del RD de atención a las víctimas para incluir lesiones físicas leves o secuelas psicológicas y emocionales

“Hay personas que todavía no pueden salir de su casa, que no se pueden montar en un coche. Viajeros que pudieron salir por su propio pie, pero que están traumatizados por lo que vivieron y vieron”. Cuatro meses después del accidente ferroviario de Adamuz, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento constata que decenas de afectados siguen sufriendo secuelas psicológicas y emocionales. Sin embargo, estas no están siendo reconocidas dentro del sistema de ayudas previsto por el Gobierno.

Según denuncia su presidente, Mario Samper, más de la mitad de los afectados por la tragedia de Adamuz no pueden acceder a las indemnizaciones y ayudas, porque no encajan en las categorías contempladas en el Real Decreto de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, al que se ciñe el Seguro Obligatorio de Viajeros.

La Asociación ha trasladado ya a María José Rico Cabrera, responsable de la Oficina del Gobierno de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Transportes, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que todos los afectados puedan acceder a las ayudas económicas y tener reconocidas las secuelas psicológicas y emocionales del accidente. Así consta en la carta remitida el pasado 15 de mayo, a la que ha tenido acceso Artículo14 y que, en la práctica, implicaría cambiar el citado reglamento.

“Los heridos somos todos”

Accidente de tren en Córdoba
Accidente de tren en Adamuz.
EFE

“Los heridos somos todos. Todo el que pasó por el vagón 8 y vio lo que allí había no se ha recuperado bien; nadie”, asegura Mario Samper. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, cifró en 163 las personas heridas en los recientes accidentes ferroviarios -en esta cifra se incluyen, al menos, 37 del accidente de Gélida (Barcelona)-. Frente a esta estimación, la Asociación de Víctimas de Adamuz prácticamente duplica el número. En su opinión, prácticamente todos los pasajeros de los vagones afectados arrastran todavía consecuencias físicas o psicológicas derivadas del siniestro del pasado 18 de enero, que dejó 46 fallecidos.

Con esta premisa, la Asociación reclama que las ayudas no se limiten únicamente a quienes tengan reconocidas determinadas secuelas físicas dentro de las categorías recogidas por el Real Decreto 627/2014, que regula el Seguro Obligatorio de Viajeros. Según denuncia Samper, muchas víctimas están quedando fuera de las ayudas porque no presentan lesiones físicas graves o no encajan en las categorías administrativas previstas en la normativa actual. “El real decreto es obsoleto”, sostiene el presidente de la Asociación, que recuerda que data del año 2014.

Consecuencias con las aseguradoras

En la práctica, esta categorización recogida en la norma afecta a la respuesta de las aseguradoras, que se ajustan a la norma en vigor para determinar quién puede acceder a las ayudas. “Los seguros actúan según el real decreto del Gobierno y muchas personas con ansiedad, depresión o estrés postraumático están quedando fuera de los mecanismos de compensación pública”, incide el presidente.

El siguiente paso será promover una petición formal para revisar el sistema de indemnizaciones y ayudas de los accidentes de transporte para ampliar su alcance. En concreto, en la carta remitida al Ejecutivo, la Asociación solicita expresamente tres medidas: garantizar que todos los viajeros afectados puedan acceder a las ayudas económicas previstas, reconocer también las secuelas psicológicas y emocionales derivadas del accidente y permitir una valoración más amplia e individualizada de las consecuencias sufridas por cada víctima.

Noelia es una de las supervivientes del descarrilamiento de trenes.

Nuevos sistemas de prevención

Por otra parte, el presidente de la Asociación cuestionó que el presidente de la CIAF, Íñigo Barrón, haya admitido la necesidad de evolucionar los sistemas de detección y prevención dentro de la red ferroviaria. En una jornada organizada por El Economista, Barrón afirmó que “hay que evolucionar” en los modelos predictivos relacionados con las detecciones de carril roto. Así, reclamó avanzar hacia sistemas de mantenimiento predictivo y no únicamente reactivo.

“Hay que desarrollar nuevos sistemas y siempre hay que estar atentos”, señaló Barrón, que reconoció además la existencia de diferentes riesgos dentro del sistema ferroviario español y pidió una mayor coordinación entre los distintos actores implicados.

“Hay más de un centenar de roturas de carril en el año 2025. Es decir, reconocen roturas de carril y que no hay un sistema para detectarlas”, afirmó Mario Samper en relación con las declaraciones del presidente de la CIAF. “¿No se podría haber anticipado?“, añadió.

La rotura del carril centra la investigación

Cabe recordar que la investigación sobre el accidente de Adamuz continúa precisamente centrada en la rotura de carril como posible origen del siniestro. De momento, los avances están pendientes del análisis pericial de la soldadura y de los carriles afectados. La jueza instructora debe formalizar el encargo a los tres peritos independientes que deberán supervisar la analítica en laboratorio. La finalidad de este análisis es determinar ahora si la soldadura de los carriles era correcta y si los materiales utilizados cumplían todas las exigencias técnicas necesarias.

El próximo lunes 25 de mayo, Samper comparecerá en la Comisión de Investigación abierta en el Senado sobre el accidente. Un foro al que trasladará la petición de que todas las víctimas sean reconocidas como tal: “Los heridos somos todos”.