Repsol ha lanzado una advertencia a pocos meses de que entre en vigor una de las principales obligaciones del nuevo reglamento europeo sobre emisiones de metano. La compañía asegura que, si dejara de comprar todo el petróleo cuya producción no puede demostrar todavía que cumple los nuevos requisitos de la Unión Europea, se quedaría sin suficiente crudo para mantener operativas sus refinerías a partir del 1 de enero de 2027.
“Tengo que hacerlo. De lo contrario, tendría que parar refinerías el 1 de enero de 2027”, ha explicado Luis Cabra, director general de Transición Energética, Tecnología e Institucional y adjunto al consejero delegado de Repsol, en una entrevista con Bloomberg.
La compañía calcula que actualmente solo dispone de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de la nueva normativa en aproximadamente entre el 10% y el 15% del crudo que contrata. El problema, asegura, no está necesariamente en que el resto del petróleo genere más emisiones de las permitidas, sino en que numerosos proveedores no facilitan la información que Bruselas exigirá a los importadores.
Qué cambia el 1 de enero de 2027
El origen del conflicto está en el Reglamento europeo 2024/1787 sobre reducción de las emisiones de metano en el sector energético.
Desde el próximo 1 de enero, los importadores europeos tendrán que demostrar que el petróleo, gas natural o carbón comprado fuera de la Unión ha sido producido bajo sistemas de seguimiento, notificación y verificación de emisiones de metano equivalentes a los aplicados dentro del bloque comunitario.
La obligación afectará especialmente a los contratos firmados o renovados desde el 4 de agosto de 2024.
Para los acuerdos anteriores, Bruselas establece una fórmula distinta: las empresas deberán acreditar que han realizado “todos los esfuerzos razonables” para conseguir que sus proveedores proporcionen esa información o adopten procedimientos equivalentes.
El problema para Repsol es que una parte importante de sus suministradores internacionales no estaría aceptando incorporar esas garantías a los contratos.
Repsol solo puede acreditar entre el 10% y el 15% de sus suministros
La petrolera española continúa cerrando contratos de suministro aunque no disponga todavía de toda la documentación que previsiblemente necesitará cuando la normativa entre plenamente en vigor.
Cabra sostiene que no hacerlo pondría en riesgo la propia alimentación de las refinerías.
Ese es el origen de una cifra que ha provocado alarma: alrededor del 85% o el 90% de los suministros de Repsol no cuentan actualmente con toda la información que permitiría demostrar su conformidad a partir de enero.
Eso no significa automáticamente que ese petróleo incumpla los estándares ambientales europeos. Significa que la compañía no puede demostrar todavía que los cumple mediante los mecanismos documentales exigidos.
La diferencia es relevante porque el reglamento desplaza parte de la responsabilidad hacia los importadores europeos aunque las emisiones se produzcan físicamente en pozos y explotaciones situados fuera de la Unión Europea.
Por qué preocupa tanto el metano
La Unión Europea considera el metano uno de los gases prioritarios en la lucha contra el calentamiento global. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, su capacidad para retener calor es mucho mayor durante las primeras décadas posteriores a su emisión.
El sector energético es además una de las principales fuentes de emisiones relacionadas con fugas, venteos y quemas durante la producción y transporte de petróleo, gas y carbón.
La estrategia europea consiste precisamente en utilizar el enorme peso de su mercado energético para obligar también a los productores extranjeros a medir y reducir esas emisiones.
Las exigencias irán aumentando gradualmente. Desde agosto de 2028 los importadores tendrán que informar también sobre la intensidad de metano asociada a los combustibles importados. A partir de 2030, determinados contratos estarán sujetos además a límites máximos de intensidad que fijará la Comisión.
Bruselas suaviza las sanciones, pero no aplaza la norma
La Comisión Europea es consciente de las dificultades que están encontrando las petroleras y gasistas.
El pasado julio publicó dos recomendaciones destinadas a facilitar la transición: una incluye cláusulas contractuales modelo que las empresas pueden utilizar con sus proveedores y otra insta a las autoridades nacionales a aplicar de manera gradual las sanciones relacionadas con las obligaciones de los importadores.
La Comisión plantea un enfoque flexible durante los primeros años para evitar que problemas documentales terminen comprometiendo el abastecimiento energético de Europa.
Pero para Repsol esa solución no resuelve completamente el problema.
“El hecho de que no se te impongan sanciones no significa que no estés incumpliendo la normativa”, ha advertido Cabra.
La preocupación de la compañía es jurídica: aunque un regulador nacional decida inicialmente no multar a un importador, un tercero podría intentar cuestionar ante los tribunales la legalidad de introducir en el mercado europeo petróleo cuya conformidad no está plenamente acreditada.
Francia también pide aplazar las nuevas exigencias
El problema ha dejado de ser exclusivamente empresarial. Francia ha reclamado esta semana a la Comisión Europea que retrase un año la aplicación de las exigencias para los importadores, hasta enero de 2028.
El Gobierno de Emmanuel Macron teme que la dificultad para acreditar el origen y las emisiones del petróleo y el gas pueda restringir las importaciones precisamente en un momento de especial tensión sobre los mercados energéticos internacionales.
Más de una decena de países de la Unión han planteado también cambios o aplazamientos en la aplicación del reglamento.
La industria energética europea reclama una modificación del calendario y sostiene que todavía no existe en numerosos países productores la infraestructura necesaria de certificación, verificación y auditoría que permitirá demostrar la equivalencia que reclama Bruselas.
El debate llega en un momento delicado para las refinerías europeas
La advertencia de Repsol se produce además en un escenario de presión creciente sobre el suministro de petróleo y productos refinados.
Las refinerías europeas compiten con instalaciones de otras regiones sometidas a unas exigencias regulatorias y energéticas diferentes. El sector lleva años alertando sobre el riesgo de que parte de la capacidad industrial europea termine trasladándose a países con menores costes.
El nuevo reglamento añade ahora otro elemento a esa discusión. Su objetivo es reducir las emisiones globales asociadas al petróleo consumido en Europa, pero la industria advierte de que una aplicación demasiado rígida podría restringir el número de proveedores disponibles.
En España, Repsol opera importantes complejos industriales en Cartagena, Tarragona, Bilbao, A Coruña y Puertollano, entre otros activos vinculados al refino y la transformación de combustibles.
Repsol se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales
La compañía ya ha trasladado formalmente sus dudas a las instituciones europeas y se ha reservado el derecho a emprender acciones legales si termina siendo sancionada por una obligación que considera materialmente imposible de cumplir mientras los proveedores no entreguen la información requerida.
La cuestión que se plantea para los próximos meses es cómo combinar dos objetivos que Bruselas considera prioritarios: reducir las emisiones de metano asociadas a los combustibles importados y mantener al mismo tiempo la seguridad energética europea.
La fecha límite continúa siendo, por ahora, el 1 de enero de 2027. La Comisión ha pedido flexibilidad en las sanciones, pero no ha aplazado formalmente la obligación.
Por eso Repsol sigue contratando petróleo aunque no pueda acreditar todavía todos los requisitos que serán exigibles desde enero. Cabra resume la disyuntiva de forma contundente: si la compañía renunciara a todo ese crudo desde el primer día, asegura, no tendría suficiente suministro para mantener en funcionamiento sus refinerías.