El Ministerio de Trabajo estudia excluir de los procedimientos de licitación pública a todas las empresas que incumplan los requisitos de la normativa sobre la transparencia salarial o que cuenten con una brecha en las nóminas entre hombres y mujeres superior al 5%. Es una de las propuestas que los sindicatos han planteado en la reunión celebrada este miércoles y a la que ha tenido acceso Artículo14.
Si bien es cierto, fuentes de la negociación han trasladado que algunas de estas iniciativas “dependen de informes de otros ministerios y de la inspección de Trabajo”, aunque la cartera que lidera Yolanda Díaz les ha trasladado que ninguna les parece “inasumible”.
El pasado 7 de junio finalizó el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea adaptaran a su legislación nacional la directiva europea sobre transparencia salarial en las empresas. Una vez más, España llega tarde y, mes y medio más tarde de que concluyera la fecha límite, el Ministerio de Trabajo se encuentra en plena fase de negociación con el diálogo social.
En la primera reunión, celebrada hace 15 días, Trabajo presentó el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. En este segundo encuentro, celebrado ayer, 15 de julio, los sindicatos han presentado al Ministerio una serie de propuestas para incluir al texto, aunque algunas deberán contar con el aval del Congreso de los Diputados al requerir una norma con rango legal para su implantación. Una de ellas es la referida a la licitación pública.
Propuestas con rango de ley
La legislación vigente ya contempla la prohibición de contratar con el sector público a empresas de 50 o más trabajadores que no cuenten con un plan de igualdad. Así, la inclusión en la contratación pública de condiciones o criterios que fomenten la igualdad y eviten la discriminación, se deben tener en cuenta a la hora de adjudicar contratos.
A pesar de ello, los sindicatos reclaman que, para acceder a una licitación pública, la empresa deba tener necesariamente un plan de igualdad “acordado”; y excluir de los procedimientos de licitación pública a empresas que incumplan la transparencia retributiva o que cuenten con una brecha salarial superior al 5%.
Precedente de Telefónica
A finales del año pasado, la Mesa de Contratación de la Administración General del Estado propuso excluir a la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones de un contrato público por incumplir un requisito legal relacionado con los planes de igualdad.
La causa de la exclusión fue que Govertis Advisory Services, empresa que aportaba la solvencia técnica a la UTE, no tenía inscrito su plan de igualdad en el registro oficial (Regcon), mientras que la normativa española obliga a las empresas con 50 o más personas trabajadoras a elaborar, negociar e inscribir un plan de igualdad para poder contratar con el sector público.
Al comprobar que Govertis incumplía esta obligación, la Mesa consideró que existía una prohibición de contratar prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.
Otras iniciativas legislativas
Además, los sindicatos reclaman incorporar a través de una ley que, cuando el empleador haya incumplido las obligaciones de transparencia retributiva, será el responsable de demostrar que no se ha producido discriminación, sin que la persona trabajadora deba acreditar estos indicios. Se trata de una propuesta que ya contempla la Directiva europea pero que no incluía el Proyecto que el ministerio de Trabajo presentó en la primera reunión.
Además, también solicitan que los tribunales puedan eximir de costas a la parte demandante que, aun sin obtener sentencia favorable, tuviera motivos razonables para demandar a la empresa; y la incorporación de multas coercitivas si una empresa reincide en la desigualdad salarial una vez ha sido demandada.
Propuestas que no incluye el primer proyecto
La directiva europea establece que las normas sobre igualdad salarial deben aplicarse a todas las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, la normativa de España aplica estas medidas principalmente al personal laboral, mientras que el personal funcionario y estatutario cuenta con una protección más limitada. En este sentido, los sindicatos reclaman incluir a estos dos colectivos de trabajadores del sector público en el nuevo Real Decreto, ya que el primer Proyecto no corrige esta diferencia.
Además, señalan que la legislación europea incide en que la normativa de cada país deberá asegurar que las estructuras retributivas garanticen la igualdad de remuneración por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor; y el proyecto del Real Decreto no contiene ninguna obligación de informar de la banda retributiva inicial a los candidatos, la prohibición de preguntar por el historial retributivo, ni la neutralidad de género de las ofertas.