El Ministerio de Trabajo y Economía pactan dejar para septiembre la reforma del registro horario con el objetivo de “salvar” las objeciones que realizó el Consejo de Estado, tal y como ha adelantado eldiario.es y ha confirmado Artículo 14.
El registro horario digital fue el clavo ardiendo al que se acogió la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando el Congreso de lo Diputados rechazó la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales. El ‘plan B’ de la ministra fue plantear un nuevo registro horario digital, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo.
El compromiso del ministerio había sido aprobarlo en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. De hecho, los sindicatos UGT y CCOO habían lanzado un ultimátum a Díaz si no se aprobaba en julio. Pero esta semana, Trabajo y Economía han acordado aplazar su aprobación al mes de junio para incorporar los cambios sugeridos por el Consejo de Estado y que el nuevio registro horario pueda aprobarse a través de un reglamento.
Informe del Consejo de Estado
El pasado mes de febrero, el Consejo de Estado emitió un informe desfavorable respecto a esta normativa y mostró sus discrepancias sobre aprobarla vía real decreto. Ante esta postura ya se ha pronunciado CEOE, que ha mostrado también una postura contraria y ha recurrido a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ya que considera que incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende hacer no puede llevarse a cabo a través de un reglamento. Y es que, dictamen del Consejo de Estado, también recoge que la norma propuesta “impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.
El Consejo de Estado también “tumbó” el registro horario por la ausencia de ayudas destinadas a facilitar la aplicación de los requisitos tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas, por la falta de una evaluación económico que tendrá en las Administraciones Públicas y porque considera que lo que la norma pretende supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos. Si bien es cierto que el “veredicto” del Consejo de Estado no es vinculante, se trata del principal órgano consultivo del Gobierno.
Adecuar la norma
Según trasladaron fuentes de Trabajo a Artículo 14, el ministerio “trabaja en la adecuación técnica del texto en la línea indicada por el Consejo de Estado”, aunque mantienen que se presentará vía Real Decreto y se mantendrá el respeto “absoluto” a la Protección de Datos. Además, apuntan que “el Consejo de Estado decía que no debía ser por real decreto, algo que jurídicamente creemos que está justificado. Además, hay un voto particular del único laboralista que participó en el dictamen”, inciden desde Trabajo.
Respecto a los cambios que pueda sufrir la norma, desde el ministerio que lidera Díaz aseguraron que “en ningún caso se altera el objetivo de digitalizar y de permitir el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo” y culminan afirmando a este medio que “en ningún caso va a haber excepcionalidad con pymes como planteaba Economía”. El ministerio que preside Cuerpo reclama que las pequeñas y medianas empresas cuenten con un año para adaptarse a la normativa, mientras que Trabajo maneja un plazo de seis meses para todas las compañías.
Y es que, ese dictamen del Consejo de Estado sobre el registro horario venía precedido de informes del Ministerio de Economía y del de Función Pública también críticos. Economía emitió dos informes desfavorables en diciembre y en febrero al Proyecto de Real Decreto advirtiendo del impacto en las pequeñas y medianas empresas, e incluso cuestionando la propia validez legal de la norma, y desde el Ministerio de Óscar López también se cuestiona el coste de su implementación.