La Diputación Permanente del Congreso aprobó ayer el decreto antidesahucios y que incluye un abanico de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda. Un conjunto de disposiciones que ha sido duramente criticado por Junts y la oposición, que lo han calificado como “fraude de ley”.
Y es que, tanto el partido que lidera Carles Puigdemont como PP y Vox señalaron que no se podía utilizar un órgano como la Diputación Permanente para sacar adelante medidas que habían sido rechazadas por la Cámara Baja anteriormente.
Si se bajan los impuestos pero no se topan los precios, ganan los de siempre.
Por eso este Gobierno ya permite a las CCAA congelar los alquileres y acaba de bajar al 4% el IVA para construir vivienda protegida. https://t.co/t6DBVdLin9
— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) November 12, 2026
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la legitimidad de sacar adelante el real decreto-ley por esta vía y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, argumentó que “cientos de miles de personas” salieron el miércoles a la calle para reclamar “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma su salario”. Además, acusó al PP y a Vox de plantear una “profunda involución democrática” que, en materia de vivienda, supondría “volver al año 1996, volver al pelotazo y a la desprotección ciudadana”.
Recursos pendientes
Estas palabras se producen en un contexto en el que el Ministerio de Vivienda no ha sido capaz asignar más de 2.000 millones de euros de fondos europeos, según se deduce de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El Departamento de Isabel Rodríguez ha ejecutado, hasta el mes de septiembre, apenas un 0,2% del presupuesto de los fondos europeos destinado a la rehabilitación de entornos residenciales y un 30,2% del asignado para la construcción de vivienda de alquiler social.
De los 2.000,57 millones de euros asignados en los presupuestos de este año con cargo a los fondos europeos para la rehabilitación de entornos residenciales, Vivienda ha conseguido ejecutar únicamente 3,07 millones. Por su parte, de los 87,23 millones destinados a la construcción de vivienda en alquiler social se han ejecutado 26,35 millones de euros en un contexto de déficit residencial que presiona los precios.
Una reducida ejecución que confronta con los fondos europeos
Esta reducida ejecución contrasta con los objetivos del componente 2 del Plan de Recuperación, un pilar que recoge cómo transformar el envejecido parque de vivienda en España. El marco recoge reformas como la actualización de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en la Edificación (ERESEE), la aplicación de la Ley de Vivienda para incentivar la renovación del parque residencial y modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal.
Respecto a la rehabilitación del parque residencial y la eficiencia energética, el plan exige intervenir en al menos 600 hectáreas urbanas para lograr una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable, además de financiar mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y retirada de sustancias peligrosas como el amianto.
Evolución del presupuesto en los últimos años
El reducido porcentaje de ejecución hasta septiembre de 2026 contrasta con el comportamiento de esta misma línea de fondos europeos en años anteriores.
En el año 2023, bajo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la partida de rehabilitación de entornos residenciales dispuso de 2.692,38 millones de euros y al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, la ejecución fue de 384,33 millones, lo que supuso un 14,3% del total. Cabe recordar que este ha sido el único ejercicio con Presupuestos Generales del Estado aprobados formalmente, ya que el resto de la legislatura ha transcurrido con prórrogas presupuestarias.
En 2024, la asignación descendió a 763,13 millones y se ejecutaron 353,08 millones, un 46,3% del total. Precisamente ese año se incluyó una partida destinada a líneas de préstamos ICO para vivienda social que se llevó 2.200 millones de euros y cuya ejecución se desconoce, ya que no aparece en los datos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
El mayor nivel de gestión se alcanzó en 2025. Ese año la partida contó con un presupuesto de 414,80 millones de euros, de los que se ejecutaron 394,24 millones, el 95% del total. Ese mismo año también se destinaron 3.300 millones para las líneas ICO, de las que se ejecutó un 100% del presupuesto.
Este año esas líneas de financiación han desaparecido del presupuesto del Ministerio de Vivienda y, la partida de rehabilitación de entornos residenciales cuenta con una asignación de 2.000,57 millones de los que apenas se han ejecutado 3,07 millones, un 0,2% del total. Para igualar el gasto efectivo del año pasado, Vivienda debería ejecutar 391,17 millones en apenas tres meses.
También desciende la ejecución en la construcción de alquiler social
De la misma manera que ocurre con la rehabilitación de entornos residenciales, la partida de los fondos Next Generation destinada a la construcción de vivienda de alquiler social también se ha visto reducida a lo largo de los años.
En 2023, esta partida contó con 500 millones de euros, de los que se ejecutaron 294,83 millones de euros, un 59%. En 2024, esa asignación se redujo hasta los 205,17 millones, de los que se culminaron 106,05 millones -un 51,7%-. Y fue en 2025 cuando los créditos asignados se volvieron a reducir hasta los 99,12 millones, con una ejecución de 20,88 millones de euros -el 21,1%-.
En este ejercicio, la asignación para la construcción de vivienda de alquiler asequible fue de 87,24 millones de euros, de los que se han ejecutado 26,35 millones de euros, equivalente al 30,2%.
Periodo electoral
Este escenario deja al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en una posición comprometida de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y evidencia que, aunque las competencias en materia de vivienda recaen sobre las comunidades autónomas, el Ejecutivo no ha centrado todos sus esfuerzos en la construcción y rehabilitación residencial.
Con los precios del alquiler tensionados por el déficit de oferta que el Banco de España cifra en 750.000 viviendas, los datos evidencian que el departamento que dirige Rodríguez podría dejar sin ejecutar casi 2.000 millones en rehabilitación residencial antes de finalizar el año y 60,88 millones para la construcción de vivienda de alquiler asequible.