Ya es oficial: los funcionarios recibirán una paga extra por encargarse de la regularización de inmigrantes

El BOE confirma gratificaciones para el personal que participe en el operativo de regularización de inmigrantes ilegales

El ministro de Transformación Digital, Óscar López durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
EFE/Zipi

La paga extra de los funcionarios que participen en la regularización extraordinaria de inmigrantes ya no es una posibilidad ni una interpretación política: figura de forma expresa en el acuerdo de encomienda de gestión publicado en el BOE. El texto establece que la Secretaría de Estado de Migraciones dotará el crédito necesario para cubrir los “gastos extraordinarios” derivados del proceso, entre ellos las “gratificaciones del personal funcionario que participe” en las oficinas habilitadas, así como las horas de preparación y formación previas.

El movimiento del Gobierno se enmarca en la aplicación del Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril y en vigor desde el 16 de abril, que abrió una regularización extraordinaria para personas extranjeras que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplieran determinados requisitos, entre ellos acreditar permanencia continuada y carecer de antecedentes penales.

Qué dice exactamente el BOE sobre la paga extra de los funcionarios

La clave está en la Resolución de 15 de abril de 2026 por la que se publica la encomienda de gestión entre la Secretaría de Estado de Migraciones y varios órganos de la Seguridad Social. En su apartado de financiación, el acuerdo señala que Migraciones cubrirá los costes extraordinarios generados por este operativo y detalla de forma literal que esos gastos incluyen las “gratificaciones del personal funcionario que participe en el proceso”, además de las horas dedicadas a preparación y formación.

No se trata de una paga lineal para todos los empleados públicos ni de un complemento generalizado para toda la plantilla. La paga extra de los funcionarios afectará al personal que intervenga directamente en el proceso, incluyendo coordinadores, responsables, personal de soporte informático y el resto del personal participante en las oficinas activadas para esta tarea concreta.

Quién hará el trabajo y en qué oficinas

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Largas colas ante la oficina del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).
EFE/ Javier Lizón

La encomienda no deja la gestión principal en manos de Extranjería, sino que recurre a la estructura territorial de la Seguridad Social para absorber una parte del volumen de solicitudes. El acuerdo encarga a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al INSS, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Gerencia de Informática participar en la apertura de oficinas para la recepción y grabación en la plataforma Mercurio de las solicitudes de residencia previstas en el decreto.

Con carácter general, se prevé una oficina por capital de provincia, con refuerzos en territorios donde se espera más carga: dos oficinas en Alicante, Málaga, Murcia y Valencia, y tres en Madrid y Barcelona. La razón oficial que da el BOE es clara: la Secretaría de Estado de Migraciones no tiene una red suficiente para absorber por sí sola toda la tramitación presencial y necesita apoyarse en organismos con presencia en todo el territorio.

Horario ampliado y atención por la tarde

Otro de los cambios más relevantes es que el operativo se apoyará en una ampliación horaria específica. El acuerdo establece que las oficinas habilitadas podrán recibir solicitudes en jornada de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026. Esa ampliación no se plantea como un cambio estructural del servicio, sino como una medida extraordinaria vinculada exclusivamente a este proceso de regularización.

La paga extra de los funcionarios está ligada precisamente a ese esfuerzo adicional. El texto oficial asume que habrá costes extraordinarios por la participación del personal y por la apertura de oficinas fuera del horario habitual, además de otros gastos asociados como seguridad, limpieza, mantenimiento o desarrollos informáticos.

Qué harán exactamente los funcionarios

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Las funciones atribuidas al personal de la Seguridad Social son concretas y limitadas. No decidirán sobre el fondo de las solicitudes ni comprobarán la documentación para resolver el expediente. Su trabajo consistirá en asistir a la persona interesada en el uso de medios electrónicos, digitalizar y adjuntar documentos, devolver los originales una vez escaneados y entregar el resguardo de presentación. El BOE también subraya que estas oficinas no servirán para otros trámites del procedimiento, como subsanaciones o aportación posterior de justificantes.

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