PP y Vox llevan al Congreso por primera vez el principio de “prioridad nacional” con propuestas para limitar ayudas a migrantes irregulares

Ester Muñoz una enmienda a la moción en la que apuesta por desarrollar una política migratoria "clara y responsable" que evite "situaciones de irregularidad"

Santiago Abascal, conversa con su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este jueves.
EFE/ Chema Moya

Vox y PP llevan al Pleno del Congreso de los Diputados el debate sobre la “prioridad nacional”, un principio que ambas formaciones han incluido en su acuerdo autonómico en Extremadura. En este contexto, plantearán iniciativas dirigidas a excluir de determinadas ayudas públicas a los migrantes que se encuentren en situación irregular.

La discusión se centra en una moción presentada por Vox. En su propuesta original, defienden garantizar la “prioridad nacional” y preservar la sostenibilidad del Estado de bienestar. En este sentido, plantea que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, prestaciones públicas y diversos servicios.

Centenares de personas migrantes vuelven a hacer cola desd  para conseguir los documentos que faciliten su regularización en España.EFE/ Quique García

Vox propone reforzar la “prioridad nacional” en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones, incluyendo la promoción de cambios normativos en la Seguridad Social, con el objetivo de que las prestaciones y pensiones no contributivas queden “reservadas a los españoles”.

Repatriación y limitación al sistema público

Además, la moción incluye medidas, como la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la creación de mecanismos que impidan procesos de regularización considerados masivos. También plantea la derogación del Real Decreto que regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, así como frenar lo que califican como regularización “masiva” de inmigrantes.

En la misma línea, Vox propone limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario público, restringiéndolo únicamente a situaciones de urgencia, emergencia o riesgo vital. Además, plantea endurecer los requisitos para acceder a la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta no solo los ingresos en España, sino también el patrimonio en el país de origen. Incluso propone excluir este derecho en procedimientos relacionados con la expulsión del territorio nacional.

Santiago Abascal, (detrás) este martes durante la sesión plenaria del Congreso.
EFE/ Fernando Villar

Una política migratoria “clara y responsable”

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda a la moción en la que apuesta por desarrollar una política migratoria “clara y responsable” que evite “situaciones de irregularidad”. En este sentido, propone adaptar de manera inmediata la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo.

Los populares también defienden promover el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas bajo el principio de “prioridad nacional”, con el objetivo de lograr “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Además, añaden: “este sistema, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En cuanto a la vivienda, el PP propone un modelo de acceso a vivienda protegida y alquiler social también basado en la “prioridad nacional”, respetando la legalidad vigente y priorizando a quienes acrediten arraigo en el territorio.

Feijóo reitera el principio de arraigo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado algunas de estas interpretaciones sobre el concepto de “prioridad nacional” ha querido dejar claro que ese principio se basa en el arraigo y que sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Feijóo se ha remitido a lo que figura en el acuerdo firmado y a las palabras de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su discurso de investidura.

“Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito –ha recalcado–. Y lo que se está firmado, que se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo, es valorar el tiempo que lleva una persona viviendo en un ayuntamiento, en la comunidad o en el país, siempre de acuerdo con las leyes”.

No es “nacionalidad” sino “vecinidad”

Es lo que el PP explica como “arraigo” o “vecindad”, es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en España. Y “por si acaso hubiera dudas”, según recalca Feijóo, “nunca” se aplicará en contra de las leyes.

Por ello, y con independencia de lo que interprete Vox y lo que “considere oportuno”, el líder del PP insiste en que lo que se aplica es lo pactado. “El texto no puede ser más claro –recalca–. Yo lo único que pido es un poco de rigor. Leamos lo que se firma y no interpretemos ni digamos cosas distintas a las que se ha firmado”.

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