Una vieja partida de bautismo doblada dentro de una Biblia. Una fotografía en blanco y negro de un abuelo que embarcó rumbo a Buenos Aires o La Habana con una maleta de cartón. O un viejo pariente que consiguen localizar a través de las redes sociales. Miles de descendientes de españoles tratan de tirar de cualquier hilo familiar para recuperar una nacionalidad que consideran suya por historia antes que por derecho. Hoy son el centro de una de las mayores controversias políticas de la legislatura.
La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, nació con el objetivo de reparar la pérdida de nacionalidad sufrida por miles de familias obligadas a abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura, así como corregir discriminaciones históricas que afectaron especialmente a las mujeres españolas que perdían su nacionalidad al casarse con extranjeros. Sin embargo, cuatro años después de su entrada en vigor, el debate es otro.
La oposición acusa al Gobierno de perseguir un rédito electoral mediante la incorporación de cientos de miles de nuevos ciudadanos al censo. El Ejecutivo responde que se trata de una reparación histórica y jurídica. “Mientras tanto, los verdaderos protagonistas permanecen atrapados entre citas imposibles, consulados saturados, documentos desaparecidos y una discusión política en la que muchos aseguran no sentirse representados”, nos explica Andrés López, presidente de Casa Argentina en Madrid.
Desde la Asociación de Descendientes de Exiliados Españoles (ADEE) nos transmiten su malestar por sentirse utilizados en esta polémica política. “Reconocer la nacionalidad española de origen no es solo un pasaporte, sino también el conjunto de derechos y deberes. Es decir, reconocer que somos ciudadanos españoles”. Rechazan que se les presente como un supuesto instrumento electoral y reivindican que el objetivo de la ley es reparar una injusticia histórica sufrida por sus familias.
María del Carmen, nieta de un gallego
A Casa Argentina llegan historias como la de María del Carmen. Tiene 41 años y vive en Buenos Aires. Su abuelo salió de un pequeño pueblo de Lugo a finales de los años cuarenta. Nunca volvió a España, pero jamás dejó de sentirse gallego. En casa siguieron cocinando empanada, celebrando las fiestas del pueblo y escuchando la radio española.
Cuando María inició el expediente pensó que bastaría con demostrar el vínculo familiar. Sin embargo, necesitó certificados de nacimiento expedidos hace casi un siglo, documentos del Registro Civil español, partidas argentinas legalizadas, apostillas, certificados negativos y meses de espera para conseguir una simple cita consular. “Algunos familiares encuentran sus documentos en pocos días; otros llevan meses intentando localizar un acta que nadie sabe dónde está”, detalla López Rodríguez.
“En muchos consulados la demanda ha desbordado completamente la capacidad administrativa. Hay familias que consiguen resolver el expediente con relativa rapidez y otras que permanecen bloqueadas porque un documento aparece con una grafía distinta, porque un registro parroquial desapareció o porque cada oficina consular interpreta de manera diferente la documentación exigida”, añade.
Otro perfil diferente que llega a los consulados es el de nietos de emigrantes que salieron del país buscando trabajo mucho antes del franquismo. No se consideran exiliados políticos, pero la normativa también les permite solicitar la nacionalidad por ser descendiente de españoles. No pretenden instalarse inmediatamente en España. Lo que buscan es la posibilidad de circular libremente, trabajar en cualquier país de la Unión Europea y ofrecer a sus hijos más oportunidades académicas y profesionales. La nacionalidad, por tanto, no es una cuestión de memoria familiar.
No son solo nietos
Uno de los mayores equívocos consiste en pensar que todos los beneficiarios responden al mismo perfil. Hay descendientes de exiliados republicanos, nietos de emigrantes económicos que marcharon a América durante el siglo XX, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros y familias que nunca dejaron de mantener un vínculo cultural con España.
De los 2,4 millones de personas que han solicitado la nacionalidad española, 544.722 ya han sido aprobadas, y de estas, 306.000 han sido inscritas en registros consulares de sus países de nacimiento y residencia. Argentina continúa concentrando el mayor número de expedientes -300.000 en lista de espera, según López Rodríguez-, seguida por Cuba, Venezuela, México y Uruguay, aunque prácticamente toda Latinoamérica registra solicitudes. También existe una enorme diferencia generacional. Hay solicitantes octogenarios que quieren morir recuperando la nacionalidad de sus padres. Otros rondan los veinte años y contemplan el pasaporte español como una herramienta para estudiar, investigar o desarrollar su carrera profesional en Europa.
El mayor enemigo de la ley es la Administración. Las asociaciones de descendientes, despachos de abogados especializados en extranjería consultados por este periódico y entidades como la Casa Argentina en España denuncian el colapso de numerosos consulados. Nos hablan de agendas completas durante meses, retrasos acumulados, criterios distintos entre oficinas consulares e importantes desigualdades según el país donde se tramite el expediente.
“La documentación es un auténtico laberinto -insiste el presidente de la Casa Argentina-. Muchos registros municipales fueron destruidos durante la Guerra Civil. Otros documentos permanecen dispersos entre parroquias, archivos provinciales y registros civiles. Y no solo eso. En algunos casos basta un certificado literal de nacimiento. En otros se exigen documentos complementarios que no aparecen expresamente recogidos en la normativa. Esa disparidad está creando sensación de arbitrariedad entre los solicitantes”.
La discusión política se ha endurecido especialmente en las últimas semanas. La derecha critica que el Gobierno persigue ampliar el cuerpo electoral mediante la concesión masiva de nacionalidades. También se reclama un mayor control administrativo y transparencia sobre el volumen real de nuevos ciudadanos. En medio de ese choque aparecen los propios solicitantes, que se resisten a ser usados como arma arrojadiza. “¿Nos creen incapaces de pensamiento propio?”, lamenta la asociación de descendientes exiliados.
Intención de voto
Es probablemente la pregunta que más se repite. Las asociaciones de descendientes aseguran que resulta erróneo identificar automáticamente nacionalidad con voto. Muchos nuevos españoles ni siquiera residen en España y otros afirman abiertamente que no participarán en las elecciones.
Desde la Casa Argentina en España también se insiste en que una parte significativa de los nuevos españoles no se identifica políticamente con el Gobierno que impulsó la ley. Algunos aseguran incluso que nunca votarán en España; otros manifiestan posiciones ideológicas muy diversas, aunque con tendencia a la derecha. “Para unos, recuperar la nacionalidad significa poder vivir en Europa. Para otros supone cumplir la última voluntad de un padre antes de morir. Para algunos representa simplemente la posibilidad de transmitir a sus hijos una identidad que nunca sintieron perdida. No hay intención de voto”.