El Gobierno chavista ha aprobado este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Una medida de la que llevaban semanas avisando.
Una novedad legislativa en el que afirma que su propósito ” no es reabrir heridas ni avivar conflictos, sino contribuir a cerrarlos”. De hecho expone que “el pluralismo político, la libertad de pensamiento, el derecho a disentir y la participación ciudadana constituyen pilares esenciales de la vida republicana”.
Será aprobado en el segundo debate
Como medida provisional y a la espera de la aprobación definitiva de la amnistía general, la ley contempla que los tribunales acuerden medidas de libertad “casa por cárcel o libertad condicional” mientras se verifica la aplicación de la amnistía.
Asimismo, el texto que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y delitos de homicidio doloso, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.
Como medida para fomentar que los exiliados retornen al país, el proyecto incluye que el estado venezolano levantará “inmediato de todas las alertas migratorias, órdenes de captura nacionales y notificaciones rojas de INTERPOL relacionadas con los hechos punibles amnistiados por esta Ley, garantizando el retorno seguro y sin persecución de los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el exterior”. Además, permite la reincorporación a los puestos de trabajo de los empleados públicos que fueron despedidos o destituidos por razones políticas.
Según afirma el texto, la Asamblea Nacional creará una Comisión Especial para la Reconciliación encargada del seguimiento de la aplicación de la ley en el que incluye la participación de la Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y las ONG de Derechos Humanos.
Será sometido a consulta
El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.
“No tenemos mucho tiempo”, asegura Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación“.
El funcionario, hermano de la mandataria encargada, ha instado a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.
“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.
Maduro Guerra, tras equiparar a su padre con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.
Casi 400 excarcelaciones
La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.
Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.
La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.