Por fin Japón ha llegado a una cumbre del G7 con una deuda histórica saldada. Durante décadas, fue el único país del club de las grandes democracias industrializadas que no reconocía legalmente la custodia compartida tras el divorcio. Esa anomalía desapareció el 1 de abril, cuando entró en vigor una reforma del Código Civil que no se tocaba desde hacía casi ochenta años.
Hasta ese momento, la ley japonesa solo contemplaba la custodia exclusiva: uno de los progenitores -en el 85% de los casos, la madre, según datos del Ministerio de Sanidad nipón de 2020- se convertía en el único titular de la autoridad parental. El otro quedaba, en la práctica, fuera de la vida de sus hijos. Una encuesta gubernamental de 2021 reveló que solo uno de cada tres hijos de padres divorciados mantenía algún contacto con el progenitor no custodio, generalmente una vez al mes.
El drama de los secuestros
La arquitectura legal tenía una consecuencia que los tribunales japoneses tardaron en atajar. Como los jueces solían otorgar la custodia al progenitor con quien los hijos ya convivían, quien anticipaba una ruptura tenía un incentivo claro: llevarse a los niños primero. Estos “raptos parentales” se acumularon en Japón. En 2021, un padre francés hizo una huelga de hambre en Tokio reclamando el derecho a ver a sus hijos, que su exesposa japonesa se había llevado sin que los tribunales intervinieran. En 2023, el exmarido taiwanés de la tenista de mesa Ai Fukuhara la acusó públicamente de impedir el contacto con su hijo. Ambos casos pusieron el foco internacional sobre un sistema que, para muchos, trataba al excónyuge como si hubiera muerto.
“Los adultos pueden pelearse entre sí, pero un hijo no debería perder a un padre por eso”, resume Shibahashi Satoko, una madre divorciada que cambió de postura sobre la custodia compartida al ver el sufrimiento de otro niño privado de su padre, según recoge The Economist.
Qué cambia con la nueva ley
Según informa “The Japan Times”, la reforma no impone la custodia compartida de forma automática. Cuando los progenitores no lleguen a un acuerdo, un juez decidirá caso por caso en función del bienestar del menor, la relación de cada progenitor con el hijo y la relación entre ambos adultos. El desacuerdo entre padres no descarta por sí solo la custodia compartida, aunque en conflictos de alta intensidad el tribunal puede optar por la custodia exclusiva.
En los casos donde se otorgue custodia compartida, las decisiones relevantes -escolarización, tratamientos médicos mayores, cambio de residencia- requerirán el acuerdo de ambos progenitores. Para las decisiones cotidianas -vacunas rutinarias, actividades extraescolares, excursiones cortas- cada progenitor podrá actuar de forma independiente.
Qué ocurre en casos de violencia de género
La ley también incluye una protección explícita para víctimas de violencia de género. El tribunal no podrá otorgar custodia compartida si existe riesgo de daño físico o psicológico al menor, o si la violencia entre los progenitores hace inviable la toma de decisiones conjunta. El Ministerio de Justicia aclara que esta protección abarca no solo la violencia física, sino también el abuso emocional, económico y sexual.
Quienes ya se divorciaron bajo el sistema anterior podrán solicitar a los tribunales una revisión de su acuerdo de custodia.
Japón deja así de ser la excepción del G-7.
Pero no todo el mundo ha aplaudido la reforma. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres han advertido de que la custodia compartida puede convertirse en una herramienta de control para agresores que, tras el divorcio, utilizarían las decisiones conjuntas para prolongar su influencia sobre sus exparejas. The Economist señala que una encuesta sugiere que solo el 8% de los divorcios en Japón tienen como causa la violencia física, aunque los críticos advierten que el abuso psicológico y económico es mucho más difícil de documentar.
La incertidumbre real, advierten los expertos, no está en el texto de la ley sino en cómo los tribunales la apliquen. Japón es uno de los países donde el divorcio resulta más sencillo administrativamente -nueve de cada diez parejas lo resuelven firmando un formulario en el ayuntamiento, sin intervención judicial- lo que significa que muchos acuerdos de custodia se seguirán negociando sin mediación neutral.