Luxemburgo ha dado un paso más en la protección de los derechos reproductivos en Europa. “No creo exagerar cuando digo que hoy hemos hecho historia”, aseguró el parlamentario izquierdista Marc Baum. Siguiendo los pasos de Francia, el Parlamento del Gran Ducado aprobó de forma definitiva la inclusión de la libertad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución nacional, una decisión que convierte al país en uno de los pocos del mundo en otorgar a este derecho el máximo rango jurídico posible.
La reforma constitucional recibió un amplio respaldo en la Cámara de los Diputados. En la votación celebrada esta semana, 51 parlamentarios apoyaron la medida, mientras que seis votaron en contra y dos optaron por la abstención. El resultado confirmó el consenso mayoritario que ya se había manifestado durante una primera votación realizada meses atrás, requisito necesario para modificar el texto constitucional.
La iniciativa surgió en 2024 a propuesta del diputado Marc Baum, integrante del partido de izquierdas Déi Lénk. Aunque el texto definitivo fue fruto de negociaciones entre diferentes fuerzas políticas, el objetivo principal continuó siendo garantizar que el acceso al aborto quede protegido frente a posibles cambios políticos futuros.
Parlamentarios en contra
Durante el debate parlamentario, numerosos representantes destacaron que la reforma busca reforzar la autonomía de las mujeres y asegurar que sus decisiones sobre la maternidad no puedan verse restringidas por mayorías circunstanciales. Para los defensores de la medida, la incorporación de esta libertad a la Constitución supone una garantía adicional frente a eventuales retrocesos legislativos.
La reforma no estuvo exenta de controversia. Entre los votos contrarios destacó el del diputado y médico Gérard Schockmel, quien cuestionó la utilidad práctica del cambio constitucional. Según su posición, la modificación podría generar expectativas que posteriormente dependan de leyes ordinarias susceptibles de ser modificadas por una mayoría parlamentaria simple. Además, insistió en que el debate debería tener también en cuenta la protección del no nacido. Las críticas fueron respondidas por los promotores de la reforma, que defendieron que la inclusión del aborto en la Constitución limita la posibilidad de imponer restricciones que vacíen de contenido esa libertad.
La formación conservadora ADR también rechazó la reforma. Sus representantes sostuvieron que la legislación vigente ya ofrece suficientes garantías. Sin embargo, la mayoría parlamentaria consideró que el momento político internacional exige reforzar las protecciones existentes para evitar posibles retrocesos en el futuro.
Para llegar a la aprobación definitiva hubo numerosas discusiones jurídicas. Uno de los principales puntos a debatir fue si la Constitución debía reconocer un “derecho” o una “libertad” respecto al aborto. La diferencia terminológica generó dudas sobre la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios. Finalmente, el texto aprobado optó por la fórmula de la “libertad”, una solución de compromiso que permitió reunir apoyos de distintas sensibilidades políticas.
Para Marc Baum, principal impulsor de la iniciativa, el resultado representa la culminación de un largo proceso de diálogo y negociación. Aunque reconoció que algunas de sus propuestas iniciales, como la inclusión del acceso a métodos anticonceptivos en la Constitución, no fueron incorporadas al texto final, valoró positivamente el acuerdo alcanzado.
Con esta reforma, Luxemburgo envía un mensaje político claro sobre la protección de los derechos reproductivos y se suma al reducido grupo de países que han decidido elevar esta cuestión al máximo nivel legal. Más allá de su impacto inmediato, la decisión refleja una tendencia creciente en Europa: la búsqueda de mecanismos constitucionales que garanticen derechos considerados fundamentales frente a posibles cambios de orientación política.