El curso comienza con una nueva norma en el BOE que afecta directamente a los despachos de abogados, el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que como ha informado Lex14, pueden estar obligados a inscribirse en el Registro de lobbies. A pesar de la escasa actividad legislativa, una serie de normas laborales especialmente sensibles pueden aprobarse en los próximos meses y preocupan a las empresas y sus asesores. Hay otros asuntos en el radar de los bufetes, como el pujante sector de Defensa y el desafío de la integración y gestión de la Inteligencia Artificial (IA).
El Registro de lobbies
En lo que respecta al Real Decreto-ley de lobbies, la condición de grupo de interés es más amplia de lo que puede parecer y afecta a determinadas actividades de muchos despachos, según ha advertido el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre una norma que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes y ha entrado en vigor el jueves 27 de agosto y que está pendiente de convalidación en el Congreso.
Las actividades dirigidas a influir en decisiones públicas quedan sometidas a nuevas exigencias de identificación, inscripción, publicidad y trazabilidad. La clave está, a juicio del ICAM, en distinguir entre defensa y asesoramiento jurídico y actividad de influencia. No toda actuación de un abogado ante una Administración queda sometida a este régimen. La defensa de los intereses de un cliente dentro de un procedimiento administrativo y el asesoramiento jurídico directamente vinculado a esa defensa están expresamente excluidos. También quedan fuera, entre otros supuestos, la intervención en procedimientos de participación pública establecidos legalmente, determinados órganos formales de consulta, la mediación, el arbitraje y los actos meramente protocolarios.
Sin embargo, advierte el ICAM, la situación puede ser distinta cuando un abogado o despacho actúa por cuenta de un cliente con el objetivo de influir en la elaboración de una norma, en una política pública o en una determinada decisión administrativa. En esos casos, la actividad puede quedar sometida a las obligaciones previstas para los grupos de interés.
Los desafíos de la IA
Los despachos siguen inmersos en el proceso de adaptación y selección de la modalidad de IA que mejor les sirva en un escenario que cambia constantemente y en el que conviven la presión de los clientes por el uso intensivo de la IA para abaratar costes, mientras la sociedad, las empresas y los tribunales vigilan abusos.
El Congreso tramita además el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, que pretende adaptar el reglamento adoptado por la Unión Europea en 2024. Entre otras cuestiones, la nueva legislación impondrá sanciones por el uso indebido de esta tecnología, con multas que oscilan entre 6.000 euros y 35 millones de euros.
Movimientos empresariales en Defensa
El enfrentamiento del Gobierno con los Escribano y la salida de estos de Indra, la búsqueda de un campeón nacional y la pugna con Santa Bárbara son algunos de los movimientos empresariales que se están produciendo en el animadísimo sector de la Defensa.
De hecho, el Ejecutivo sigue moviendo partidas, ante la falta de Presupuestos, para seguir incrementando en gasto en este sector. España gastará 36.300 millones en Defensa tras la revisión del PIB pese al plante a Trump. La revisión al alza obligará al Gobierno a elevar el gasto militar en más de 2.800 millones en 2026 para mantener el compromiso del 2,1%, mientras Trump sigue presionando con alcanzar el 5%.
En este contexto, cada vez más despachos refuerzan sus áreas de Defensa o deciden lanzarlas.
Más obligaciones laborales
De fondo siguen pendientes varias normas laborales que inquietan especialmente a las empresas y por lo tanto a los despachos. En primer lugar, el registro horario que intenta sacar adelante Yolanda Díaz después del portazo que dio el Congreso de los Diputados a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y que también se está encontrando con oposición, de entrada, del propio vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Con todo, se da por supuesto que al menos esta norma saldrá adelante, y que el Ministerio que dirige Díaz también intentará validar la reforma del despido a la carta.
Otro asunto que preocupa a las empresas es la reforma que incorpora la Directiva de transparencia salarial, por la que los trabajadores tendrán más capacidad para conocer cómo se determinan los salarios dentro de su empresa y comparar su remuneración con la media de puestos equivalentes y en la que Trabajo plantea ir más allá del mínimo comunitario.