Conozco a gente que se toma muy en serio la honradez en la vida pública. Gente que se indigna, con razón, cuando un alto cargo coloca a un amigo, cuando estalla alguna trama corrupta. Son personas que exigen un Estado recto y que repiten que la ética no admite rebajas. Muchos de ellos votarán otra vez a Pedro Sánchez.
Lo harán mientras lamentan que las instituciones estén ocupadas por el partido, mientras comprueban que la rendición de cuentas ha pasado a mejor vida, mientras reclaman que la transparencia no sea sustituida por la opacidad y mientras se asustan ante unos escándalos de corrupción que han llegado hasta el círculo de máxima confianza del presidente.
La respuesta ya me la sé: enfrente está la extrema derecha, que viene a por nuestras libertades. Es entonces cuando me hago dos preguntas. Si el peligro es tan grave, ¿por qué nadie reclama al PSOE que ofrezca al PP un acuerdo de gobierno que deje a Vox sin papel? Y ¿por qué nadie exige un cambio de candidato por alguien que no arrastre tanto descrédito? Lo llamativo es que quienes han puesto todo en almoneda (la lógica, el decoro y la coherencia) conserven intacto un único dogma de fe: que Pedro Sánchez siga. Da la impresión de que semejante adhesión inquebrantable a una persona en concreto conduce irremediablemente a una pavorosa claudicación moral.
Hay muchos españoles convencidos de que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Y el motivo es que cuesta fiarse de quien intentó, según se ha contado, resolver un comité federal con una urna de cartón, de quien pudo financiar sus primarias de manera turbia y de quien vive rodeado de una corrupción que, a ojos de cada vez más españoles, empieza a parecer sistémica.
La gran duda era qué sorpresa nos aguardaría oculta de aquí a las urnas. Y, según parece, el penúltimo fin de fiesta (siempre habrá otro penúltimo) es la destrucción del crédito de uno de los sistemas electorales más seguros y eficientes del mundo entero, el nuestro. Hoy resulta extraño asistir a una conversación sobre el 29N en la que no salga a colación la palabra pucherazo como consecuencia de la conocida como «Ley de Nietos». Y, desde luego, no contribuye a aportar ninguna tranquilidad el hecho de que el Tribunal Supremo haya tenido que exigir la inmediata entrega de documentación sobre 163.000 españoles a dos ministros del Gobierno, bajo apercibimiento de responsabilidades penales y multas coercitivas. La Moncloa pretenderá venderlo como un mero incidente administrativo, pero este obstruccionismo es el síntoma de que se pretende ocultar algo al negar a la justicia una parte del censo. Parece olvidar que lo que está en juego es la limpieza de unas elecciones, nada menos que el fondo mismo de la legitimidad democrática.
Si a este asunto le añadimos el hecho de que, de 31.390 expedientes revisados hasta el pasado viernes, solo 91 (el 0,3 %) acreditan el exilio de los ascendientes por causas relacionadas con la opresión del franquismo, lo que tenemos es campo abierto para una avalancha de impugnaciones después de las elecciones del 29N. Nunca en democracia habíamos llegado a unas elecciones bajo la sospecha de que el censo electoral depende de la voluntad política de quien gobierna. Lo que siempre fue una garantía de todos ahora pasa a convertirse en una ventaja electoral que una parte del electorado parece dispuesta a tolerar.
Hay una pregunta que cada votante debería hacerse en voz baja, frente al espejo y sin testigos. Si el mal menor exige tragarlo todo, ¿cuándo deja de ser menor? Y si nada de lo que veo me hace cambiar el voto, ¿sigo defendiendo unos principios o solo un resultado?