El fin de semana pasado, el Ayuntamiento de Limoges, un edificio construido hace más de 140 años, ardió tras los ataques perpetrados en el contexto de las manifestaciones que llevan produciéndose en Francia desde hace semanas. Las imágenes que muestran lo sucedido son, sin duda, impactantes. El incendio se produjo el 17 de octubre cuando las movilizaciones derivaron en episodios violentos que no sólo afectaron a la ciudad francesa conocida por su producción de porcelana fina, sino que también se extendieron a otros puntos del país, como París, Lille y Lyon. El gobierno francés señaló a los grupos de extrema izquierda y ultraizquierda como responsables de unos disturbios que, a su juicio, fueron orquestados con la intención de desestabilizar el país.
Este delicado escenario ha llevado al Parlamento a impulsar la creación de una comisión para esclarecer lo sucedido. Paralelamente, las fuerzas policiales desarrollan sus propias pesquisas. De hecho, a comienzos de semana, se detuvo a un primer sospechoso que, supuestamente, estaría implicado en el incendio de Limoges. Más allá de este llamativo incidente, unas 2.000 personas fueron detenidas a lo largo del pasado y convulso fin de semana (800 de ellas en París). Pero el balance no termina ahí. Hay un centenar de agentes heridos, así como 200 estudiantes que han sufrido lesiones de distinto calado. A ello se suma una persona que falleció por parada cardiorrespiratoria como consecuencia del uso de gases lacrimógenos. En todo caso, las cifras –por el momento– fluctúan.
El punto de partida de la actual encrucijada en la que se encuentra Francia se sitúa en las protestas iniciadas por el sector estudiantil hace, más o menos, un mes. Con ellas se quiso poner sobre la mesa una cuestión fundamental: el deterioro del sistema educativo ante –principalmente– una acuciante escasez de personal y unas infraestructuras obsoletas. Ambos factores empujaron a los jóvenes franceses a salir a las calles para formular reivindicaciones concretas. Entre sus propuestas figuraba la reclamación de 10.000 millones de euros, una cantidad que –según los manifestantes– debe destinarse a reformar el sistema educativo para –entre otras cosas– paliar las desigualdades existentes.
Tras las primeras protestas y como si de un reguero de pólvora se tratara, otros grupos fueron progresivamente uniéndose a los jóvenes estudiantes, poniendo de relieve principalmente el alto coste de la vida y el empeoramiento de los servicios públicos. Agricultores, sindicatos, transportistas, etc., decidieron adherirse a estas movilizaciones. También se incorporaron los chalecos amarillos, un movimiento surgido en 2018 y que puso ya en un brete al presidente francés, Emmanuelle Macron, durante su primer mandato. Así, rápidamente, comenzó a tomar forma una protesta nacional en la que muchos sectores han tenido la oportunidad de expresar su profundo malestar ante un sistema que, a su juicio, niega oportunidades y perpetúa situaciones que les impiden progresar en condiciones dignas. Con la expansión de las movilizaciones, llegaron los episodios violentos. Una violencia que, no debemos olvidar, tuvo dos vertientes. Por un lado, la de quienes aprovecharon las manifestaciones para abrir la puerta al saqueo y promover el destrozo de edificios, tiendas y demás. Y, por otro, la de una contundente respuesta policial, marcada por el uso de gases lacrimógenos, cargas e incluso granadas ensordecedoras.
A la luz de los acontecimientos, conviene separar el grano de la paja. La existencia de actos vandálicos en algunas de estas movilizaciones es indiscutible, pero ello no debe llevarnos a minimizar ni a desdibujar el carácter mayoritariamente pacífico de las protestas. Una cosa son las reivindicaciones de quienes salen a la calle a alzar su voz y otra, muy distinta, las actuaciones de quienes recurren a la violencia y que –lamentablemente– terminan por desvirtuar el sentido de las movilizaciones. Que unos u otros coincidan en las calles no significa que debamos confundir sus propósitos hasta el punto de entremezclarlos y meterlos en el mismo saco. Lo contrario sería permitir que los sucesos más graves acaben por eclipsar a quienes se han manifestado pacíficamente. Es preciso no transigir y establecer planos diferentes y, por supuesto, condenar todo acto violento, pero también evitar que la condena de esos actos termine silenciando las razones que llevaron a miles de personas a la calle.
Hay, por supuesto, quien se ha valido de todo este mejunje para emborronar el debate. Uno de ellos ha sido Donald Trump. A comienzos de semana, insistió en la idea de que los responsables del desorden público y los destrozos registrados habían sido causados por inmigrantes. Nadie le había pedido consejo, pero no dudó en intervenir y sacar de su chistera –¡tachán!– su receta habitual para casi cualquier problema: promover el cierre de fronteras. Ignorar las reivindicaciones de los manifestantes y establecer una relación directa entre los responsables de los disturbios y la inmigración resulta tan simple como indignante. En eso coincido con Emmanuel Macron, quien ha subrayado que esta clase de comentarios son “estúpidos”. La lectura que hace la Casa Blanca sobre lo acontecido no puede ser más reduccionista. Esta visión, supongo, responde a una lectura interesada de los hechos. Ello, en cualquier caso, no deja de ser una burda maniobra mediante la cual el líder norteamericano pretende convertir un problema social innegable en un pretexto para reproducir su consabido discurso contra la inmigración.
Sea como fuere, es preciso ir más allá y ser conscientes de que Francia no constituye un caso aislado. En 2020 y 2021, Tailandia fue escenario de importantes movilizaciones estudiantiles en las que destacó Bad Student, un movimiento que reclamaba –entre otras cuestiones– una reforma profunda del sistema educativo. Años después, Nepal vivió intensas revueltas que fueron protagonizadas por jóvenes que precipitaron la caída del gobierno. Asimismo, en India, las protestas impulsadas por los jóvenes que conformaron la Cockroach Janata Party contribuyeron a forzar la dimisión del ministro de educación. El caso de Corea del Sur merece una mención aparte. En diciembre de 2024, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el intento del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial. Los manifestantes encontraron en la cultura del K-pop una singular forma de expresión colectiva: las barras luminosas características de los seguidores de este género musical (junto con las canciones que acompañaron las concentraciones y que fueron puestas a todo volumen) se convirtieron en símbolos de protesta política y solidaridad.
Europa tampoco ha permanecido ajena a esta ola de descontento. Mientras España es escenario de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda, Bélgica ha sido testigo de protestas estudiantiles contra los recortes educativos y las dificultades de acceso a la universidad. Tampoco puede obviarse lo que sucede al otro lado del Atlántico. Así, por ejemplo, Buenos Aires ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones en las que se ha puesto de relieve –inter alia– la merma que están ocasionando los duros recortes presupuestarios impuestos en la educación pública.
Más allá de las particularidades de cada país, estas movilizaciones revelan una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años: una ciudadanía fundamentalmente joven que sale a las calles para expresar su malestar para con las instituciones y quienes ejercen el poder. Las causas más inmediatas de unos y otros difieren, pero convergen en una misma sensación de desamparo ante un futuro incierto, marcado por la falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos y/o la desconfianza hacia quienes ejercen el poder. Estamos ante una frustración generacional que pone en cuestión la capacidad del Estado para responder a quienes sienten que el futuro que se les prometió se aleja cada vez más.
En vista de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, me atrevo a pensar que Stéphane Hessel estaría orgulloso. En su libro titulado “¡Indignaos!” –publicado en 2010– instigaba a los jóvenes a que “cogieran el testigo”. Su llamamiento resulta hoy profético y, sin duda, resuena con una fuerza inesperada. Es casi como si, desde sus páginas, Hessel les susurrara estas palabras: “os deseo a todos, a cada uno de vosotros, que tengáis vuestro motivo de indignación. Es un valor precioso. Cuando algo te indigna, como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte y comprometido”. Este mensaje cobra sentido ante una suerte de despertar, de insurrección pacífica que debería llenarnos de júbilo a quienes ya peinamos canas. Porque nuestra juventud, lejos de permanecer anestesiada, reacciona y nos da una lección: la indiferencia no es una opción. Así pues, jóvenes del mundo, ¡indignaos!