Desde hace años, con el ánimo de transmitir tranquilidad a la ciudadanía, el Gobierno viene insistiendo en que sus responsables son expertos en gestión de crisis. Dios nos asista. Porque durante los últimos meses hemos asistido a una verdadera clase magistral sobre cómo naufragar públicamente. Por eso resultaría útil preguntarse cómo debería haberse abordado desde el punto de vista técnico e institucional para evitar la deriva autodestructiva en la que Pedro Sánchez ha metido a España.
En primer lugar, y como acreditan numerosos informes de inteligencia, está constatado que existía un gran volumen de información y alertas sobre una posible entrada masiva de miles de inmigrantes. En circunstancias normales, lo razonable habría sido activar protocolos reforzados de forma discreta. Concretamente, un refuerzo de efectivos en frontera, además de establecer una coordinación previa con Marruecos a nivel técnico y diplomático y avisos a Bruselas. Todo esto sin necesidad de anunciarlo públicamente, para no generar alarma ni dar pistas a quien pudiera estar orquestando el movimiento. En todo caso, si, como manifiesta la Moncloa, los avisos fueron ambiguos o parciales, lo correcto hubiera sido reconocerlo con matices desde el principio, en vez de negar categóricamente durante semanas que no existieron.
Durante la crisis hubiera sido deseable establecer una cadena de mando clara entre Interior, Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional. En estos casos, las discrepancias internas deberían haberse resuelto de puertas adentro, no a través de la prensa, como prefirió hacer el gobierno. Una disputa pública entre ministerios o instituciones públicas, como la Delegación de Gobierno de Ceuta, proyecta descontrol justo cuando se necesita transmitir lo contrario. La prioridad operativa debe ser la seguridad de las personas —incluyendo protección específica de menores no acompañados, que es un punto especialmente sensible legalmente y en derechos humanos— y la gestión ordenada de retornos dentro del marco legal vigente.
En la comunicación pública suele estar la diferencia entre una crisis bien gestionada y una de carácter autoexculpatorio que genera una tormenta política extraordinariamente lesiva. Acusar a terceros países, a la magistratura, a instituciones como el CNI, o a la Casa Real sin evidencias sólidas y verificables, lo único que demuestra es descontrol, debilidad, falta de responsabilidad pública e incertidumbre. Siempre suele ser preferible decir “estamos investigando el origen” que lanzar acusaciones que no se pueden sostener sin respaldo. Un principio bastante sólido en cualquier democracia es no señalar públicamente a jueces, policías o servicios de inteligencia por hacer su trabajo dentro de sus competencias legales. Si una jueza instruye una causa, o la policía cumple una orden judicial, cuestionar esas actuaciones como si fueran un ataque político es lo único que contribuye a erosionar la separación de poderes y alimentar la narrativa de que se quiere ocultar algo. Y, naturalmente, tampoco ayuda que el jefe del Ejecutivo se marche durante tres semanas de vacaciones en un momento de alta tensión sin dejar una gestión visible y coordinada.
Si algo ha quedado claro durante esta última semana de crisis es que jugar a desclasificar informes de inteligencia para sostener un relato político es un movimiento de alto riesgo. No sólo se han dado pistas a Marruecos sobre el operativo interno de nuestros servicios de espionaje, sino que se ha constatado que esos informes desmienten taxativamente el discurso oficial. La consecuencia es que se ha perdido el control de la narrativa pública (si es que alguna vez se tuvo), sino que además se ha pagado un alto precio por airear informes de carácter reservado. Jamás se debería utilizar material clasificado como herramienta de comunicación política salvo necesidad excepcional y con control de daños muy medido.
Pero es posible que lo más relevante de esta crisis sea la gestión de la diplomacia. Mantener la cooperación con Marruecos es necesario y razonable, ya que no existe otra vía práctica para gestionar flujos migratorios en esta frontera. Sin embargo, esto no es incompatible con exigir explicaciones y responsabilidades proporcionales al nivel de la crisis (más allá del número dos de la embajada) más aún cuando existen indicios de implicación de las fuerzas marroquíes, como acreditan los propios informes policiales.
En resumen: la gestión más responsable se basa en unos pocos principios simples que han brillado por su ausencia: transparencia en lugar de negación seguida de desclasificación descontrolada, comunicación centralizada en vez de guerra de ministerios, evidencias antes que acusaciones, y por último un escrupuloso respeto a la independencia institucional. No ha sido el caso.