La ofensiva abierta por el Ministerio del Interior para identificar quién elaboró, quién conocía y quién transmitió los informes policiales sobre la crisis migratoria de Ceuta ha provocado un terremoto interno en la Policía Nacional. Mandos y agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras describen un clima de “incredulidad” ante lo que consideran una operación orientada a señalar a funcionarios concretos, en lugar de esclarecer por qué las alertas previas no fueron atendidas desde el ámbito político.
El documento que ha desencadenado la tensión –un informe de 55 páginas elaborado por el CENIF y remitido a la Audiencia Nacional- fue entregado siguiendo una instrucción expresa de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que ordenó no difundirlo a terceros mientras estuviera bajo investigación judicial. Los agentes obedecieron. Ahora, Interior les reprocha no haber informado antes al ministro.
La paradoja ha encendido los ánimos dentro del cuerpo. Fuentes policiales recuerdan que Fernando Grande-Marlaska, cuando era juez de la Audiencia Nacional, ordenó exactamente lo mismo en el “caso Faisán”. En aquella resolución, el propio Grande-Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional, ordenó que el Servicio de Información de la Guardia Civil determinara qué funcionarios debían informar directamente al juzgado, sin pasar por la cadena de mando.
La instrucción era explícita y esos agentes debían comunicar al juez las circunstancias en las que se habían producido los hechos investigados y, si era posible, la identidad de quienes pudieran haber cometido el delito de revelación de secretos. La orden incluía una cláusula tajante: los funcionarios debían “abstenerse de informar a sus superiores en todo caso, debido a la reserva de la investigación”. Es decir, el entonces juez exigió que la información no ascendiera por la vía jerárquica y que se mantuviera exclusivamente bajo control judicial.
“Nos piden que incumplamos una orden judicial. Y luego nos persiguen por cumplirla”, resumen fuentes policiales.
El precedente de Përez de los Cobos
Dentro del cuerpo se recuerda también el precedente del coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido en 2020 por negarse a informar al Ministerio sobre el contenido del informe del 8‑M que la Guardia Civil elaboraba por orden de la jueza Rodríguez-Medel. En aquel caso, el coronel actuó siguiendo la misma lógica que los policías de Extranjería y Fronteras ahora: cumplió la instrucción judicial de no revelar datos a sus superiores mientras la investigación estuviera bajo secreto. La reacción del ministro fue entonces la misma que hoy denuncian los policías: una sanción política por obedecer al juez. “Es un patrón que se repite”, explican mandos consultados. “Cuando la Justicia pide reserva, cumplimos. Y cuando cumplimos, Interior nos señala. Pasó con Pérez de los Cobos y está pasando otra vez”.
El malestar se ha intensificado al conocerse que el informe de la Guardia Civil sobre la misma crisis apenas ocupa tres páginas, frente a las 55 del documento del CENIF. Para los agentes, el contraste evidencia que el foco no está puesto en aclarar qué información se recibió y cómo se gestionó, sino en identificar a quienes alertaron de la situación. “Se investiga quién informó, no por qué no se actuó”, lamentan. “No podemos ser responsables de una gestión política que no nos corresponde”.
En este contexto, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado públicamente esa “caza de brujas” contra los funcionarios que elaboraron el informe. Reclama que Interior cese la persecución, respete la independencia profesional de los agentes y permita que la Audiencia Nacional investigue sin presiones. Para el sindicato, la pregunta clave no es quién redactó los informes, sino por qué no se actuó ante ellos.
Los policías de fronteras advierten de que ellos no deciden la política migratoria, no controlan las fronteras desde el ámbito político y no toman decisiones de Gobierno. Su función es analizar información, detectar riesgos y trasladarlos a sus superiores.
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