La presión sobre Exteriores por la ‘Ley de Nietos’ se redobla. El Tribunal Supremo (TS) ha dado este martes 24 horas a las partes para que presenten alegaciones ante la inacción del Ministerio de José Manuel Albares, mientras Iustitia Europa y el PP advierten de las consecuencias penales de la no aplicación de la suspensión cautelar que ha dictado el Supremo. Un plazo que coincidirá con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la admisión a trámite del recurso de amparo del Defensor del Pueblo presentado en la noche del pasado viernes. Se prevé que lo inadmita, según ha publicado Artículo14, con lo que la única baza que tendrá el Gobierno para que los afectados por las cautelares del TS voten el 29N serán los Consulados.
En este sentido, el Supremo plantea este trámite ante el escrito de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de octubre en el que da cuenta de la inacción de Exteriores. Así lo ha hecho en un providencia, a la espera de que este jueves 22 de octubre venza el plazo que ha otorgado a los afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto se personen en la causa.
Esta providencia llega cuando desde la JEC se apunta a inacción de Exteriores. En concreto, la Junta Electoral comunicó, respecto al envío de documentación electoral preceptivo al censo CERA, que se hace sin haber recibido el Ministerio de Asuntos Exteriores la información necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo de la JEC de 14 de septiembre, dictado en aplicación de los autos del TS de 10 de septiembre.
La preparación y realización del primer envío de la documentación electoral a los electores inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) “puede hacerse entre los días 24 y 30 de octubre de 2026, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), siempre que en dicho envío se incorpore una advertencia de la posibilidad de suspensión de los derechos electorales en los términos expresados en dichos Autos”, trasladó el escrito de la Junta Electoral.
El pasado 6 de octubre, día en el que se publicó en el BOE el adelanto electoral al 29 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, advirtió de que no había recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores la información necesaria para que “esta Oficina del Censo Electoral pueda dar cumplimiento a lo requerido en el apartado (iv) de la parte dispositiva del auto de medidas cautelares dictado por el Tribunal Supremo”. Y decía que para cumplir con los plazos del 24 y 30 de octubre y el anterior, de 12 de octubre, en el que había que poner el censo a disposición de ayuntamientos y consulados, trasladaba, “sin perjuicio de lo que determine la Junta Electoral Central”, que “los trabajos de preparación de los envíos y su remisión tendrán que realizarse para la totalidad de los electores inscritos en el CERA”.
Iniciativas de los partidos
Por su parte, Iustitia Europa ha pedido al Supremo plazos exprés para ejecutar la suspensión del voto. Reclama que Exteriores, la Junta Electoral y la Oficina del Censo identifiquen en 24 horas a los inscritos afectados por las cautelares. Si no pueden individualizarlos, plantea suspender las operaciones de voto CERA para el 29N. Reclama que los organismos implicados reciban el requerimiento en un máximo de 12 horas y acrediten en las 24 siguientes quiénes están afectados y qué medidas han adoptado.
El PP ha amenazado a Exteriores con acciones legales si desoye al Supremo, ha solicitado al TC que admita su personación y que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo y ha remitido un escrito al Consulado de México.
Ni el 10% de consulados tiene avanzado el proceso
Exteriores ha informado este martes de que un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo han completado ya total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados en virtud de la Ley de Nietos, cifra que no supone ni el 10% de las 500 que hay.
El Ministerio se ha enzarzado con la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE). Su presidente, Alberto Virella, ha desmentido a Europa Press que haya puesto una herramienta informática a disposición de los consulados, y que se les haya algún plazo para cumplir con lo requerido por el Supremo.
Si finalmente votaran todos los nacionalizados, incluidos los que lo son por la Instrucción de Sofía Puente que han siso suspendidos por el Supremo y sin que el TC haya admitido el recurso, los recuentos serán disputados. Artículo14 ha informado de que podrían impugnarse mesas y paralizar la investidura. De momento ya se están presentando recursos de amparo de afectados que se verían después del 29N.
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