El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ve difícil que se puedan revisar todos los expedientes afectados, alrededor de 168.000, por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo de la bautizada “Ley de Nietos” -Ley de Memoria Democrática- en cuanto al derecho a voto.
Así lo ha afirmado durante una entrevista en Telecinco, en la que el titular del ramo ha aseverado que “nadie está obligado a lo imposible”, y ha defendido que el ministerio que dirige pone “todos los medios” para examinar los expedientes y garantizar que voten los que prueben el nexo de unión entre el exilio de sus antepasados con el franquismo.
Los consulados cuestionan al ministro
Estas palabras son cuestionadas por fuentes diplomáticas en servicio exterior. Los consulados más afectados por la LMD –Ley de Memoria Democrática– en número de solicitaciones son los de Argentina, Cuba, Brasil, México, Chile y Venezuela. Según afirman fuentes de dichas oficinas exteriores, los medios de los que disponen para realizar su trabajo son muy cuestionables, independientemente de que los plazos para revisar los expedientes desde la primera resolución del Tribunal Supremo en septiembre han sido muy limitados.
La falta de personal y los sueldos precarios
En primer lugar, denuncian que el ministerio no ha abordado el problema principal, que sitúan en la falta de personal. En el caso argentino, las cifras hablan por sí mismas. Según la información pública, 90 empleados deben atender las necesidades de 360.000 expedientes de forma ordinaria, independientemente de los afectados por la “Ley de Nietos”. Y, además, revisar las peticiones de nacionalidad por parte de 645.000 adscritos a dicha Ley, expedientes de los que siguen entrando unos 300 al día.
La firma del funcionario
La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspendió, el pasado 8 de septiembre, cautelarmente los efectos electorales para los inscritos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad por la “ley de nietos”, tras los recursos de Iustitia Europa y Vox.
Más recientemente, el 12 de octubre, el Supremo desestimó el recurso de reposición de la Abogacía del Estado, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección, y mantuvo la suspensión del voto de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Por este motivo los consulados deben revisar los expedientes, y además, estampar su rúbrica. Lo que desde los consulados consultados se entiende como una forma de encontrar responsables en caso de que haya problemas. “Funcionarios que, además cobran menos que un conserje”.
Temen unos problemas laborales “explosivos”
La precariedad en los sueldos y el hecho de que, afirman, la mitad de los contratos son temporales, no facilita el desempeño del objetivo. Las mismas fuentes informan de que el ministro no atiende estas peticiones, y temen que la situación se termine desencadenando, y se acaben plantando los trabajadores, a través de una huelga o diferentes fórmulas.
Denuncian que la plataforma digital llegó tarde
Una de las iniciativas que presentó el ministerio para poder revisar los expedientes fue la creación, después del primer auto del Supremo, de una plataforma digital que entraría en funcionamiento un mes después, es decir, ya con las elecciones generales convocadas.
Después del segundo auto, el ministerio informó de la creación de una “url” -expresión textual-, con acceso directo, explican, a un excel al que acceder con unas claves. En dicho excel el funcionario debe poner su firma. Según explican, dicha “url” se activó de 48 horas a 72 horas después”, con la pérdida de tiempo que implica.
El censo electoral
Otro de los frentes que se abren en el exterior es la escasez de colegios electorales en comparación con el censo electoral de cada país. Es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde 331.000 personas podrán votar el próximo día 29 de noviembre, y apenas hay un colegio electoral. Venezuela presenta el mismo problema. En Caracas más de 130.000 españoles tienen derecho a votar, e igualmente apenas un colegio está habilitado para ejercer el sufragio, lo que ya ha movilizado a sindicatos.
El recurso del Defensor del Pueblo se resolverá esta semana
El pasado viernes, el presidente del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, para impedir la suspensión del derecho al sufragio de miles de ciudadanos nacionalizados mediante la “Ley de Nietos”. Será el pleno del Tribunal Constitucional el que decida sobre la admisión a trámite de dicho recurso el próximo miércoles.
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