Un término jurídico ha saltado al centro de la campaña electoral: recurso de amparo. La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto de 163.020 españoles residentes en el extranjero ha abierto una carrera contra el calendario. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha acudido al Tribunal Constitucional para tratar de impedir que estos ciudadanos queden fuera de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La novedad de este lunes 19 de octubre es que la Sección Cuarta del Constitucional ha acordado por unanimidad trasladar al Pleno el examen de la demanda. Los magistrados deberán decidir si admiten el recurso de amparo y si adoptan medidas urgentes para levantar la suspensión acordada por el Supremo. La cuestión podría abordarse el miércoles 21 de octubre.
Qué es un recurso de amparo y cuándo se presenta
El recurso de amparo es un procedimiento para pedir al Tribunal Constitucional que proteja determinados derechos fundamentales cuando se consideran vulnerados por una actuación de los poderes públicos. Su ámbito comprende los derechos recogidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2.
Puede utilizarse frente a determinadas decisiones parlamentarias, administrativas o judiciales. Entre los derechos protegidos figuran la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva y la participación política. Esta última, reconocida en el artículo 23 de la Constitución, es el núcleo del conflicto sobre el voto exterior.
No constituye una apelación ordinaria ni permite revisar cualquier desacuerdo con una sentencia. Como regla general, antes de presentar un recurso de amparo deben agotarse las vías judiciales disponibles y justificarse que el asunto tiene especial trascendencia constitucional. Pueden interponerlo personas con un interés legítimo, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.
Si el tribunal admite la demanda, estudiará si existe la vulneración denunciada y, cuando proceda, podrá anular la decisión impugnada o restablecer el derecho afectado. La admisión, sin embargo, no significa que el recurrente tenga razón ni que se suspendan automáticamente los efectos de la resolución.
Por qué el voto de 163.020 españoles depende de esta decisión
El origen de la controversia se encuentra en la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como «ley de nietos», que facilitó el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados. Una instrucción del Ministerio de Justicia estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España durante un determinado periodo histórico.
Vox e Iustitia Europa impugnaron esa interpretación al considerar que ampliaba indebidamente los supuestos previstos en la ley. El Tribunal Supremo acordó una suspensión cautelar que afecta al voto de 163.020 españoles inscritos en el censo de residentes ausentes. Para participar en las elecciones, los afectados deben acreditar por la vía consular que cumplen las condiciones exigidas.
El Supremo defiende la necesidad de preservar la fiabilidad del censo electoral. La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron a mantener la suspensión ante la proximidad de los comicios y la dificultad de revisar los expedientes a tiempo. La medida no implica que estas personas hayan perdido su nacionalidad española.
Gabilondo presentó el recurso de amparo el viernes 16 de octubre tras recibir solicitudes de ciudadanos y organizaciones. Su institución sostiene que la suspensión puede vulnerar la igualdad, la tutela judicial y el derecho a participar en los asuntos públicos, especialmente porque afecta a residentes en el extranjero y no, en los mismos términos, a quienes viven en España.
Qué puede decidir ahora el Tribunal Constitucional
El Defensor del Pueblo ha solicitado medidas cautelarísimas, una vía excepcional que permitiría adoptar una decisión urgente incluso sin escuchar previamente a todas las partes. El objetivo es impedir que la celebración de las elecciones convierta en irreversible una eventual lesión del derecho al voto.
El primer obstáculo es procesal: el Constitucional debe determinar si el recurso de amparo se ha presentado en el momento adecuado o si todavía existen actuaciones pendientes ante la jurisdicción ordinaria. Si lo inadmite, no habrá entrado a resolver el fondo de la reclamación. Si lo admite, quedará por decidir qué protección provisional procede y, posteriormente, si hubo vulneración de derechos.
El calendario explica la urgencia. Un voto que no puede emitirse el 29 de noviembre no se recupera con una sentencia favorable meses después. Por eso la resolución sobre las medidas solicitadas puede resultar tan importante como el pronunciamiento definitivo del Constitucional.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.