La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra vuelve a poner el foco sobre José Luis Rodríguez Zapatero y los pagos efectuados por la aerolínea a sociedades vinculadas a su entorno. Julio Martínez Sola, expresidente y principal accionista de la compañía, reconoció ante el juez que aceptó abonar una comisión de 530.000 euros pese a desconocer qué gestiones concretas se habían realizado para conseguir la financiación pública. Su explicación fue especialmente llamativa: «Ante la duda».
Los detalles del interrogatorio, celebrado el pasado 7 de septiembre en la Audiencia Nacional y revelados este lunes por El País, muestran las dificultades del empresario para justificar aquellos desembolsos. El magistrado José Luis Calama investiga si el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó sus contactos políticos para facilitar el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la crisis provocada por la pandemia.
Medio millón de euros por unas gestiones que nadie ha podido concretar
El origen de los pagos se remonta a 2020, cuando Plus Ultra atravesaba graves dificultades económicas. Según declaró Martínez Sola, la compañía buscaba financiación para garantizar su continuidad después del desplome de la actividad aérea. En ese contexto comenzaron los contactos con personas próximas a José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente socialista.
La propuesta consistía en abonar una comisión equivalente al 1% de la ayuda pública si finalmente se conseguía el rescate. El Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 una financiación de 53 millones de euros, gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El porcentaje pactado representaba exactamente 530.000 euros, que la aerolínea fue abonando mediante sociedades relacionadas con Martínez Martínez.
Sin embargo, durante su comparecencia, Martínez Sola no consiguió identificar ninguna actuación concreta de José Luis Rodríguez Zapatero ante la SEPI. El empresario reconoció que desconocía el alcance de las supuestas gestiones y que tampoco había realizado comprobaciones para determinar si realmente se estaban produciendo.
Su principal preocupación, según sostuvo ante el magistrado, era asegurar la supervivencia de la compañía. El pago respondía a un acuerdo condicionado al éxito de la operación y al temor de perder una posible vía de financiación. De ahí su explicación sobre la decisión de seguir pagando pese a las incertidumbres.
Las preguntas del juez Calama sobre las comisiones
La declaración dejó varias cuestiones sin resolver. Según la información publicada por El País, el juez Calama y la Fiscalía cuestionaron las explicaciones del antiguo responsable de Plus Ultra, especialmente las relacionadas con la falta de seguimiento de los servicios supuestamente contratados.
Uno de los principales interrogantes gira alrededor de la documentación utilizada para justificar los desembolsos. La compañía mantuvo relaciones comerciales con sociedades próximas a Martínez Martínez, incluida la consultora Análisis Relevante, mientras los investigadores tratan de determinar si las facturas respondían a trabajos efectivos o encubrían pagos por una presunta intermediación política.
El propio Martínez Sola había reconocido previamente que el dinero se vinculaba a lo que denominaban servicios de «acompañamiento». Sin embargo, esa expresión tampoco permitió aclarar cuáles habían sido las tareas desarrolladas. La investigación ha identificado, además, otros pagos a empresas relacionadas con el intermediario, cuya naturaleza y justificación continúan bajo examen judicial.
La llamada de José Luis Rodríguez Zapatero que investiga la Audiencia Nacional
Otro elemento relevante es una supuesta conversación telefónica mantenida el 30 de abril de 2020. Martínez Sola declaró que José Luis Rodríguez Zapatero le llamó para conocer la situación financiera de Plus Ultra y que, después de escuchar sus dificultades, manifestó que podría ayudarle y que personas de su entorno contactarían con él.
Según la versión del empresario, posteriormente apareció Julio Martínez Martínez como interlocutor. No obstante, José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber realizado gestiones para conseguir el rescate y también ha rechazado la existencia de esa comunicación en los términos relatados por Martínez Sola.
El expresidente del Gobierno, investigado en esta causa, defiende que sus actividades profesionales fueron legales y que los ingresos recibidos de Análisis Relevante correspondían a servicios de consultoría. En su declaración ante la Audiencia Nacional negó haber utilizado su influencia para favorecer a la aerolínea.
Una investigación todavía abierta sobre el rescate de Plus Ultra
Las pesquisas no se limitan al testimonio de Martínez Sola. El antiguo consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, también reconoció ante el juez la existencia de pagos relacionados con la supuesta mediación del entorno de Zapatero, aunque tampoco pudo precisar qué actuaciones había realizado el expresidente para obtener la ayuda estatal.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional analiza los movimientos económicos y las relaciones entre las sociedades investigadas. El objetivo es establecer si existió una estructura destinada a obtener beneficios mediante influencias políticas y cuál fue la participación real de cada una de las personas implicadas.
Por ahora, las declaraciones incorporadas al procedimiento no acreditan por sí solas que José Luis Rodríguez Zapatero interviniera en la concesión del rescate. La causa permanece en fase de instrucción y será la investigación judicial la que determine si los pagos constituyeron una contraprestación legítima o respondieron a posibles actuaciones delictivas.
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