La jueza que instruye la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta ha dictado una providencia este lunes con una nueva batería de diligencias que pasa por requerir nueva información a diferentes organismos. En primer lugar quiere obtener toda la documentación de las reuniones que se mantuvieron en el seno de la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Ceuta porque diversos testigos a los que ya ha tomado declaración han sostenido que en esos encuentros ya se abordó “la gravedad de la situación y se solicitaron medidas extraordinarias”. Tardón reclama por tanto todas las “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios” que salieran de esas reuniones.
Además cita a declarar como testigos el 27 de octubre a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina Alejandro Ramírez, consejeros miembros del gobierno de la Ciudad Autónoma, y que “tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis”.
Asimismo, al día siguiente recibirá como testigo a una persona conocida como “Ahmed”, residente en Benzú, que mencionó el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en su testifical porque “habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos”.
También quiere que declaren los interlocutores de Ahmed así como tres agentes de la Policía Nacional que “se encontraban de servicio el día 30 de julio de 2026 y presenciaron en diferentes momentos los hechos objeto de la presente investigación”.
Impacto económico
En la batería de diligencias pide al Estado Mayor de la Defensa para que por el Ejército de Tierra y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta en el intervalo de tiempo comprendido entre los días 15 de julio y 7 de agosto de 2026”. Por otro lado, pide a la cámara de comercio un informe que desvele el impacto económico que sufrió la ciudad autónoma tras la llegada masiva de más de 70.000 inmigrantes.
Por último, Tardón afea en la providencia que el ministerio de Interior no haya aportado “cifras concretas del “número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado (30 de julio de 2026) hasta la recepción del oficio judicial acordando la presente medida”.
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