La senadora por Pontevedra Nidia María Arévalo, del Grupo Parlamentario Popular, ha registrado una batería de diez preguntas escritas al Gobierno en las que reclama explicaciones por lo que califica de “escenario especialmente alarmante”, con una sucesión de crímenes durante junio, julio y agosto de 2026 que ha llevado a diversos medios a hablar de un “verano negro” para las mujeres víctimas de la violencia de género. Pone el foco en el funcionamiento del sistema VioGén, el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y los recursos presupuestarios destinados a la lucha contra esta violencia.
Las preguntas parlamentarias parten de los dos asesinatos investigados como violencia machista que se produjeron el pasado 5 de agosto. Ese día fueron asesinadas una agente de la Guardia Civil en Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, y una mujer de 44 años en Murcia, asesinada por su pareja pese a que existían antecedentes y una orden de alejamiento en vigor. Ambos crímenes, subraya la senadora popular, se suman a los registrados durante junio y julio, configurando una escalada que exige, a su juicio, una respuesta del Ejecutivo en ejercicio de la función de control parlamentario.
Arévalo pregunta cuántas de las mujeres asesinadas en 2026 habían presentado denuncia previa contra su agresor y cuántas estaban integradas en el sistema VioGén en el momento de los hechos. También reclama la evaluación que el Ministerio del Interior ha realizado sobre el funcionamiento de este sistema durante el año y qué mejoras considera necesarias para reforzar la protección de las víctimas con riesgo medio, alto o extremo.
En la misma línea, los populares buscan saber cuántas órdenes de protección y alejamiento vigentes existían respecto de las víctimas asesinadas y en cuántos casos se detectó un incumplimiento previo de esas medidas por parte de los agresores, un aspecto especialmente sensible tras el crimen de Murcia. El PP plantea, además, si el Gobierno considera necesario reforzar el seguimiento y control de los agresores reincidentes o con antecedentes, especialmente cuando ya han sido condenados por malos tratos.
También se solicita el detalle de la evolución de los recursos presupuestarios destinados a la prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, con las cuantías ejecutadas y el grado de cumplimiento de los programas. Pregunta también por las medidas específicas previstas para proteger a los hijos menores de las víctimas y evitar que queden desamparados tras el asesinato de sus madres.
Otro de los puntos aborda la situación de los entornos rurales, donde, advierte la senadora, las víctimas pueden encontrar mayores dificultades para denunciar o acceder a recursos especializados, y reclama conocer qué actuaciones desarrolla el Gobierno para mejorar allí la sensibilización y la detección precoz.
Por último, el PP cierra preguntando si el Ejecutivo tiene previsto convocar de forma extraordinaria a las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones especializadas para analizar el repunte de asesinatos machistas de este verano y acordar nuevas medidas de actuación conjunta. Junto a ello, plantea si se revisarán los protocolos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos judiciales y los servicios sociales para mejorar la detección temprana de las situaciones de riesgo.
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