El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, abre un nuevo capítulo en las relaciones entre PP y Vox tras cerrar un acuerdo de gobierno en Castilla y León después de las elecciones del 15 de marzo.
La negociación, larga pero que ambas partes califican de “justa”, da lugar a un ejecutivo de coalición con 19 ejes y 324 medidas para la legislatura.
Fuentes del entorno de Mañueco aseguran que está satisfecho con el resultado. Antes las consejerías se repartían en 7 para el PP y 4 para Vox, ahora han pasado a 8 y 3 respectivamente. Subrayan que la negociación “ha sido justa, aunque larga, porque era lo que querían”.
Ambas partes sacan pecho, Vox con la prioridad nacional por un lado, y los populares con su plan fiscal y compromisos económicos. El tono de las conversaciones, además, siempre fue cordial. “Constructivas y colaboradoras”, remarcan en el PP.
Desde un principio, el presidente de la Junta estuvo en contacto con la Secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria de Vox, Montse Lluis, elegida por Santiago Abascal para pilotar las negociaciones.
El equipo de Mañueco llegó a la mesa de negociación con la experiencia de lo que ya había vivido cuatro años antes. Uno de los puntos más polémicos del acuerdo, firmado previamente en Extremadura y Aragón, es la prioridad nacional. Una polémica ya amortizada, según el PP de Castilla y León, pese a las reticencias de Mañueco.
La arquitectura del gobierno
El reparto del poder del ejecutivo de Castilla y León queda de la siguiente manera: Vox asume la Vicepresidencia Primera, que dirigirá Carlos Pollán, líder regional del partido. Además, suyas son tres consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (que incluirá inmigración, juventud y cooperación al desarrollo); Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (con las competencias de caza y pesca incorporadas); y Cultura, Turismo y Deporte, la novedad más significativa respecto a los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón.
El PP, por su parte, conserva la Presidencia, la Vicepresidencia Segunda con competencias de Vivienda, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, y seis consejerías más: Presidencia, Economía y Hacienda, Industria y Universidades, Movilidad e Inteligencia Artificial, Sanidad y Bienestar Social, y Educación.
Una de las grandes incógnitas, la gestión de incendios forestales, asunto nuclear en Castilla y León desde el verano de 2025, parece resuelta en el texto: el apartado de incendios se engloba en Protección Civil, competencia de la Vicepresidencia Segunda, bajo control del PP.
Las medidas acordadas
El sello ideológico de Vox en el acuerdo se concentra en el bloque de inmigración. La Junta rechazará frontalmente cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes, no habilitará ningún nuevo centro de acogida durante la legislatura y trabajará activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen mediante acuerdos con los países de procedencia. Se suprimirán todas las subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, se realizarán auditorías anuales de los gastos vinculados a la inmigración y se prohibirá el burka y el nicab en espacios públicos. El principio de prioridad nacional condicionará además el acceso a ayudas, vivienda protegida y prestaciones sociales, exigiendo un arraigo mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler.
La Junta mantendrá la no aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en ningún centro de la comunidad, y conservará en los planes de estudio la historia del terrorismo en España. Como novedad de calado, se garantizará la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los estudiantes empadronados en Castilla y León desde el curso 2026-2027.
El acuerdo también contempla priorizar el producto español en los comedores escolares públicos, exigiendo que el 100% de los alimentos sean de proximidad como criterio determinante en los concursos de adjudicación. Para los colegios rurales, se reforzarán los fondos de mantenimiento y se garantizará su continuidad con un mínimo de tres alumnos matriculados.
Los populares imprimen su sello en el ámbito económico. El acuerdo contempla una “bajada progresiva” del IRPF de un punto porcentual acumulado a lo largo de la legislatura, bonificaciones fiscales para el medio rural con impuestos cero en la transmisión de propiedades, y un paquete de ayudas para autónomos que incluye cuota cero durante los primeros 24 meses de actividad y subvenciones de hasta 18.000 euros para emprender.
En vivienda, la Junta se compromete a construir al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas, crear una Unidad Aceleradora de Proyectos VPO e incrementar en un 80% la inversión en políticas de vivienda. La cita previa obligatoria para los servicios de la administración autonómica desaparece desde el primer día.
Lo que no está
Tan relevante como lo firmado es lo que el acuerdo omite. No hay ni una sola mención a las políticas LGTBI ni al aborto, dos banderas que Vox agitó con intensidad en la legislatura anterior y que costaron una crisis política de primera magnitud al gobierno de coalición. El entonces vicepresidente Juan García Gallardo -que ya no milita en el partido- llegó a anunciar un paquete de medidas antiaborto que incluía ofrecer a las embarazadas la escucha del latido fetal. Esta vez, Vox ha renunciado a esos frentes, como ya hizo en Aragón y Extremadura.
El texto tampoco incluye ninguna cláusula de estabilidad que impida que se repita lo ocurrido en 2024, cuando Vox abandonó la Junta y dejó la legislatura en punto muerto. Mañueco confía en que la normalidad con la que la ciudadanía, según su percepción, ha asumido este nuevo gobierno de coalición sea el mejor argumento para que la historia no se repita.
Ahora, Mañueco se prepara para la investidura -prevista para el próximo martes- para volver a presidir la Junta. Antes, acudirá al Congreso de los Diputados para escuchar al papa León XIV.
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