En esta reciente columna sobre el Culebrón Tecnológico entre Estados Unidos y TikTok ya mencionaba cómo, desde hace décadas, estos dos imperios se iban observando “de refilón” para estar al tanto de todo lo que el otro hacía. Ese escrutinio férreo por parte de estas dos grandes potencias cobra aún más importancia al meter recientemente en la ecuación a España.
Y es que tenemos un don especial para estas contradicciones geopolíticas. Mientras seguimos el ejemplo de otros países europeos y vetamos a Huawei como proveedor de red 5G y su potencial intromisión en nuestro tráfico de datos, firmamos un contrato para custodiar nuestras comunicaciones más confidenciales y por cerca de 12,3 millones de euros con los chinos. En particular, llama la atención que nuestro servicio de almacenamiento de escuchas judiciales (que ha corrido tanta tinta recientemente) pase por manos de proveedores lejanos en tan delicado momento. ¿Será el gobierno español algo contradictorio? Parece que a la administración Trump tampoco le ha cuadrado.
La CIA, y en particular dos senadores americanos, hicieron pública su enorme preocupación y llegaron hasta a excluir a España del programa internacional de inteligencia en el que estábamos integrados. La preocupación de la Casa Blanca tiene sentido ya que, hoy en día, la más mínima infraestructura informática se convierte en una puerta trasera por donde puede escaparse todo tipo de información estratégica poniendo en peligro a nuestra seguridad de estado.
Una herencia digital de la era Zapatero
Cabe recordar que este nuevo episodio es un capítulo más en una saga de largo recorrido. No es la primera vez que se pone en entredicho la relación de Huawei con España y la intervención de algún presidente del gobierno del pasado, mezclada con alguna que otra puerta giratoria. Hace cerca de dos décadas que Rodríguez Zapatero abrió sus brazos a este imperio tecnológico chino, con grandes inversiones y contratos.
En la sombra planea también la figura del exjefe de seguridad de la Moncloa, que curiosamente acabó recalando en algún puesto de Huawei en España. Qué casualidad que, con tantas empresas en la península, es donde el tal Segundo Martínez finalmente recayera.
El ejecutivo actual, por su lado, se ampara en un cierto pragmatismo geopolítico aludiendo a que “no se puede desconfiar del estado chino por defecto”. Sin embargo, obvia que la ley china obliga a cualquier empresa a compartir todos sus datos (y obviamente los de sus clientes) con la autoridad estatal máxima. Como es el caso en Estados Unidos donde sus grandes corporaciones deben compartir cualquier tipo de información con su gobierno si fuera necesario, sean actividades tan básicas como búsquedas en buscadores, geolocalización de móviles, publicaciones en redes sociales o incluso cualquier compra en los distintos comercios electrónicos, entre otras.
Lo que llama también la atención en esta “paradoja ibérica” es que la decisión de nuestro gobierno de contratar los servicios de Huawei en estos ámbitos informáticos contradice al propio “toolbox 5G”, un conjunto de medidas adoptadas por Bruselas para proteger las comunicaciones en la Unión Europea.
En este contexto descabellado, Washington reitera que no compartirá ningún dato de carácter sensible si alguno de los miembros depende de Huawei, e indirectamente del gobierno chino. Un asunto que viene a añadirse a unas recientes y duras confrontaciones en el campo de la Inteligencia Artificial y protección de proveedores entre ambas potencias.
En el caso de España, no pintamos prácticamente nada en tecnología, pero nos hemos metido en un callejón con difícil salida. Nuestro gobierno pretende, como en una multitud de otros asuntos recientes, hablar a medias tintas y ganar tiempo manteniendo contentos a distintos frentes. Pero Trump y sus asesores no son ingenuos, ni noveles.
Además, pensarán: ¿Por qué no comprarles mejor tecnología americana? Si es a lo que se ha comprometido la presidenta Von der Leyen recientemente.