El caso Puigdemont llega al Constitucional: su vuelta podría llegar antes de fin de año

Pueden quedar tan solo semanas para poner fin a la historia de la fuga de Carles Puigdemont, que lleva nueve años ya fuera de España. El expresidente catalán salió del país tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena interpuso una orden de busca y captura en 2019. Desde entonces, no puede estar en territorio español so pena de ser detenido y llevado ante la Justicia. La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió perdonar todos los delitos que se le imputan. El Supremo interpretó que no podía acogerse al delito de malversación.

Según la lectura del Alto Tribunal, la ley establecía una excepción clara para no perdonar el delito de malversación. El delito sería amnistiable “siempre y cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, reza la normal del Ejecutivo de Sánchez.

Esto es lo que precisamente interpreta el Supremo que ocurrió. Los líderes independentistas, según el Alto Tribunal, sí obtuvieron beneficio personal porque se ahorraron de su bolsillo financiar el referéndum. Es decir, lo sufragaron con fondos públicos en lugar de con dinero procedente de su peculio. “Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos”, zanjó el Supremo.

La defensa del expresident llevó la cuestión al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado porque esperaba a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía. El 16 de julio, el tribunal comunitario se pronunció a favor de la norma al considerar que no contravenía los intereses de la UE.

Con esta resolución bajo el brazo, el próximo 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional empezará a deliberar el recurso que interpuso otro de los líderes del procés que no han sido amnistiados, el del exconseller Jordi Turull. La ponencia ha recaído sobre el magistrado conservador José María Macías, uno de los más críticos con la medida de gracia. Es previsible que su decisión sea rechazar el recurso del dirigente independentista, pero que la mayoría de magistrados discrepen. Por ello, tendrán que fijar otro ponente que recoja la sensibilidad de la mayoría.

El Constitucional, de mayoría progresista, fijará doctrina con el recurso de Turull. Con toda probabilidad, fallarán en el mismo sentido en los siete recursos presentados por los líderes que aún no ha sido amnistiados. Por eso fuentes del Tribunal Constitucional estiman que en octubre, cuando se delibere el recurso de Puigdemont, habrá ya mucho camino hecho.

Una vez amnistiado, el Tribunal Supremo tendrá muy poco margen de maniobra para hacer decaer la orden de Puigdemont. El juez Llarena tendrá que acatar lo que dice el Constitucional y permitir el regreso del fugado de la Justicia. Si bien, fuentes del alto tribunal consultadas aseguran que todo dependerá de “lo que diga el fallo y cómo lo digan”, dando a entender que si existe un resquicio para poder mantener la orden de busca y captura se acogerán a él.