El Gobierno marca distancias con la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de imponer a la Fiscalía Anticorrupción que mantenga su petición de pena de siete años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama, en el marco del juicio por el caso ‘mascarillas’. El lunes se conoció la instrucción de la jefa de la Fiscalía al responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que es quien participa en el juicio en el Tribunal Supremo.
“Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos”, aseguró este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuestionado por si el Ejecutivo dio algún tipo de instrucción a la fiscal, Bolaños expresó su “respeto absoluto” a la decisión del Ministerio Público, un cuerpo jerárquico en el que Peramato podía hacer valer su criterio.
Luzón, como informó este diario, se había mostrado abierto a rebajar esta petición de condena, siempre que el empresario prestase una colaboración cualificada. En su declaración desde el banquillo de los acusados, la semana pasada, Aldama acusó sin pruebas a Pedro Sánchez de haber liderado la supuesta organización criminal.
Aunque Sánchez no se ha pronunciado personalmente, el Gobierno ha pedido amparo al Alto Tribunal por las “mentiras” del comisionista, al que el propio Bolaños también ha demandado por sus manifestaciones fuera de sala.
De hecho, el ministro de Justicia ha ido a más, y como hicieran desde el PSOE casi a la vez, ha puesto el foco en la rebaja de petición de condena que sí defiende la acusación popular del PP (de siete años a cinco y dos meses). “Desde aquí, les doy las gracias al PP y a Aldama por dejar tan claro que están colaborando los unos con los otros y los otros con los unos”, apostilló.
Fue más parco en palabras sobre el que fuera ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, también sentado en el banquillo de los acusados. En su declaración, este lunes, Ábalos no disparó contra su partido ni contra el Gobierno.
Bolaños celebra haber aprobado un 36% de las leyes comprometidas en 2025
Por otra parte, Bolaños ha presentado este martes el Plan Anual Normativo (PAN) para 2026, que recoge las iniciativas a aprobar en un contexto de extrema debilidad parlamentaria por la ruptura del Ejecutivo y Junts per Catalunya. Aspiran a aprobar 179 iniciativas, de las que 48 son legislativas (10 leyes orgánicas y 38 leyes ordinarias) y 131 son reglamentarias (reales decretos).
El año pasado fueron 199 las incluidas en este plan, si bien sólo han logrado llevar un 36% al BOE. Otro 46% está en tramitación, y a esto se aferra el Gobierno para vender el cumplimiento del 82% del PAN 2025.
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