La tensión no remite en Ceuta. Cincuenta días después de la entrada masiva de inmigrantes por el espigón del Tarajal, los enfrentamientos se suceden y la intervención de policías, guardias civiles y militares se ha convertido en una escena cada vez más habitual. Peleas, discusiones y altercados que obligan a los efectivos a intervenir en un contexto marcado por el cansancio acumulado y por una percepción cada vez mayor de que la presencia de la autoridad genera menos respeto.
El escenario que describen los efectivos sobre el terreno no es nuevo, pero sí aparece cada vez más intensificado. Las peleas entre inmigrantes son constantes y, cuando policías o militares intervienen para separarlos o controlar la situación, la respuesta que reciben es, en ocasiones, más desafiante. El paso de los días y las semanas de despliegue han añadido presión a una situación que comenzó a finales de julio y que todavía mantiene a numerosos efectivos trabajando sobre el terreno.
“Dueños” de Ceuta
La conflictividad va en aumento. Las peleas entre clanes en la playa del Trampolín ha llegado a dejar orejas seccionadas, cortes en la cara y los brazos y fracturas de nariz. De hecho, cuando no disponen de armas blancas ya optan por morderlas; una violencia que los agentes ya describían como especialmente cruda.
Pero ahora los enfrentamientos no se quedan entre ellos: se lanzan piedras y otros objetos contra los efectivos cuando intervienen o llevan a cabo emboscadas además de, incluso, increpar a los propios ceutíes. “Hay días que han volado sillas de playa y una de ellas dio a un agente en el cuello”, explican fuentes policiales. Una presión que, según los efectivos, se suma a semanas de despliegue y que hace que la autoridad sea cada vez más difícil de imponer sobre el terreno. “Se consideran ya dueños de Ceuta”, advierten.
El desgaste no es únicamente una cuestión de jornadas acumuladas. Algunos militares han acabado heridos durante este despliegue. Dos de ellos permanecen ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, después de haber sido víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en Ceuta motivo por el cual fueron evacuados al tratarse, además, de lesiones en acto de servicio.
Uno de los militares pertenece al Grupo de Regulares de Ceuta y sufrió una lesión en una rodilla el pasado 9 de septiembre cuando intervenía ante un presunto intento de robo a una mujer que acababa de salir de un supermercado. Uno de los implicados agredió al militar. En otro episodio, un militar sufrió una fractura de peroné después de que un hombre que se encontraba en estado de embriaguez lo empujara hacia la zona de las escolleras durante una identificación en la barriada de Juan XXIII. En este caso no se produjeron detenciones.
De vigilar a ser atacada
Los últimos episodios han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que los propios efectivos consideran cada vez más difícil de resolver sobre el terreno: ¿qué puede hacer exactamente un militar cuando una patrulla que está realizando labores de vigilancia pasa a convertirse en objetivo de una agresión?
El marco de actuación establece una separación entre las funciones militares y policiales. El Ejército participa en labores de vigilancia y apoyo, mientras que corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el mantenimiento del orden público y las funciones propiamente policiales. Pero, sobre el terreno, esa frontera puede resultar mucho menos nítida cuando una patrulla militar es rodeada, perseguida o directamente agredida. “El Gobierno debería dejar claro hasta dónde pueden actuar los militares y en qué momento tiene que intervenir la Guardia Civil”, sostienen fuentes conocedoras del despliegue.
“No se puede enviar al Ejército a una zona de riesgo sin dejar bien definido qué puede hacer si la situación se vuelve violenta”, advierten a Artículo 14 agentes que trabajan sobre el terreno.
Es precisamente en esos momentos cuando, según explican las fuentes consultadas, aparecen las dudas. Los militares están desplegados para vigilar y apoyar, pero pueden encontrarse de repente ante una situación que exige una respuesta inmediata para proteger su propia integridad física.
Sin medios
A las dudas sobre las competencias se suma los medios disponibles para hacer frente a esas situaciones. Los militares desplegados cuentan con chaleco antibalas y defensa y disponen de escudos, pero, según denuncian, las tienen en los acuartelamientos y no se les permite llevarlos en los vehículos, ni patrullar con ellos.
También señalan la ausencia de determinados elementos de dotación que consideran necesarios si un militar tiene que intervenir físicamente ante una persona. Es el caso de los grilletes o los lazos de seguridad, que, según explican, permitirían realizar una detención con mayores garantías tanto para el militar como para la persona intervenida. “Deberían darle más poder, actuar como agentes de la autoridad y poder intervenir en detenciones y tener material para poder defenderse. Es lamentable cómo tienen a las Fuerzas Armadas en Ceuta”, denuncian fuentes policiales. Y resumen su percepción con una comparación especialmente contundente: “Tienen un vigilante de seguridad con más herramientas que un militar”.
La reclamación no pasa, explican, por sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino por adaptar las condiciones del despliegue militar al escenario que se están encontrando sobre el terreno. “Los militares, al estar haciendo función de policía, deberían estar dotados de las mismas condiciones que un policía”, sostienen. Advierten de que los mandos “solo quieren más presencia militar, pero sin actuar”, critican fuentes consultadas que advierten de que ya se ha constatado que eso no sirve para que los inmigrantes les respetan más. “Ya nos han cogido la medida. El principio de autoridad se respeta cada vez menos”.
Y es que, quienes protagonizan los altercados conocen las limitaciones con las que trabajan los militares. Los inmigrantes ya “se las saben todas, saben cómo está el Ejército y aprovechan para asaltarlos y poner en peligro su integridad física”.
Los militares se muestran “orgullosos” de patrullar junto a Policía y Guardia Civil, pero reclaman que se les “dote de más medios y se les dé más poder”, porque «se están jugando la integridad física y se está viendo día a día”.
“Hacen lo mismo que nosotros, tienen que protegerles más”, apuntan fuentes policiales.
Los incidentes no se han limitado a los militares. Hace apenas unos días, dos guardias civiles fueron agredidos en la explanada del Muelle de Poniente mientras prestaban apoyo a una patrulla militar que estaba identificando a varias personas que querían regresar voluntariamente a Marruecos. Uno de los individuos arremetió contra los agentes y forcejeó con ellos hasta acabar en el suelo. El agresor fue posteriormente puesto a disposición judicial, condenado a dos años de prisión y expulsado del territorio nacional.
El despliegue sigue, pero el escenario ya no es el mismo que a finales de julio porque la presencia ya no basta si quienes están sobre el terreno sienten que la autoridad se queda sin margen para actuar.
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