España se empezó a quemar en invierno

Los incendios que este verano han amenazado Madrid y otras zonas del país han vuelto a mostrar una imagen conocida: administraciones intercambiando reproches, declaraciones cruzadas y discusiones sobre competencias mientras cientos de profesionales luchaban contra un enemigo que no distingue entre ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios. El fuego no sabe dónde termina Castilla y León y empieza Madrid. No entiende de colores políticos. Y ese puede ser uno de nuestros mayores problemas.

Quizá la primera idea que deberíamos abandonar es la de buscar una única explicación. España no arde por una sola razón. Arde porque varios problemas coinciden al mismo tiempo y se potencian entre sí. Los incendios forestales son uno de esos fenómenos complejos que solo pueden entenderse observando el conjunto.

Veamos lo que ha pasado en España desde 1990. De los Estados miembros de la Unión Europea que poseen una masa forestal significativa, España es uno de los que más ha crecido. El territorio cubierto por árboles ha pasado de representar el 28% del país en 1991 a superar el 37% de la superficie nacional hoy día.

¿A qué se debe este gran incremento? La primera razón no ha sido la plantación manual, sino el abandono de tierras agrícolas y zonas de pastoreo tradicionales. Ya no hay agricultores y ganaderos que mantengan el paisaje a raya. Miles de hectáreas agrícolas han quedado abandonadas. Como consecuencia de ese éxodo rural, la naturaleza ha recuperado terreno de forma espontánea mediante matorrales y bosques jóvenes.

También hay otra razón para ese incremento de la masa forestal. Los programas públicos de protección y las repoblaciones forestales llevadas a cabo durante las últimas décadas del siglo XX también consolidaron este avance.

A todo eso se une que, para evitar talas indiscriminadas o daños a especies protegidas, las administraciones impiden actuar en el monte de forma descontrolada. El propietario debe solicitar un permiso a su comunidad autónoma o presentar una declaración responsable, un trámite que en ocasiones se ralentiza por la burocracia regional.

El resultado es en apariencia un país más verde. Pero la otra cara de la moneda es lo que los expertos advierten desde hace tiempo: las olas de calor son más frecuentes, las sequías se prolongan, la vegetación permanece seca durante más tiempo y la temporada de incendios comienza antes y termina después. Cuando no se limpian suficientes montes ni se establecen cortafuegos, el bosque va acumulando, año tras año, toneladas de combustible vegetal. Los ingenieros forestales lo llaman así: carga de combustible. Basta un rayo, una negligencia (en esta ocasión, la chispa de una máquina), una colilla o incluso un acto criminal para que esa carga de combustible desencadene un incendio que ya llevaba meses preparándose.

Por fortuna, en nuestro país existe una extraordinaria capacidad para reaccionar ante las emergencias. Los dispositivos de extinción son admirados internacionalmente. Los bomberos forestales, las brigadas especializadas, la Unidad Militar de Emergencias, los pilotos de hidroaviones y helicópteros realizan un trabajo extraordinario.

Pero los incendios de Madrid, Ávila y Toledo han mostrado rasgos de los llamados incendios de nueva generación: fuegos tan intensos que, durante horas, superan la capacidad de extinción y obligan a centrar todos los esfuerzos en salvar vidas. Algunos especialistas reservan el término “sexta generación” para casos aún más extremos. Son fuegos de comportamiento desconocido que liberan tanta energía que llegan a modificar su propio entorno. El calor genera enormes columnas de aire ascendente que alteran los vientos, crean fenómenos atmosféricos como pirocúmulos e incluso pueden originar tormentas con rayos capaces de provocar nuevos focos. En ese momento el incendio deja de comportarse como un fuego convencional y adquiere una dinámica propia. De ahí que un experto dijera que este incendio está “fuera de la capacidad de extinción”.

El plano político

Cuando se desata esta tormenta de fuego debido a todas esas razones es cuando comienza el intercambio de reproches. Se pelean las administraciones autonómicas contra la administración central, y esta contra las autonómicas.

En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, pidió declarar el grado de emergencia 3, que significa poner en marcha todos los recursos posibles del Estado o pedir ayuda a la UE para atajar los fuegos. Como suele suceder cuando el gobierno es de un partido y la comunidad de otro, el ministro socialista Óscar Puente, dijo: “Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta”. También añadió que la UME “es ya el nuevo servicio de extinción de incendios” de las comunidades gobernadas por el PP. A lo que la presidenta de Madrid respondió que era un “mamarracho”.

A pesar de la gravedad, Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, incluso llegó a decir: “Tienen que explicar y justificar esa solicitud” refiriéndose a la petición de la Comunidad de Madrid.

Por fin, ese mismo día el Gobierno declaró la Situación Operativa 3. Horas después, el presidente Pedro Sánchez e Isabel Díaz-Ayuso se citaron en el centro del incendio y se dieron un frío apretón de manos.

Todo lo contrario de lo que hizo el Gobierno socialista en 2024, cuando sucedieron las inundaciones en Valencia (la DANA). El Gobierno central no puso en marcha la Emergencia 3, sino que se limitó a decir, a pesar de la gravedad y de las muertes: “Si necesitan más recursos, que los pidan”. Al mismo tiempo, el gobierno autonómico (de PP) se resistió a pedir ayuda a tiempo. Murieron ahogadas más de 200 personas.

La verdad es que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite declarar una emergencia de interés nacional en determinadas circunstancias excepcionales. En ese caso, la dirección pasa al Ministerio del Interior y se establece un mando unificado. No le hace falta que se lo pida ninguna administración local.

La falta de coordinación y de políticas de Estado no es un problema nuevo. España lleva décadas sustituyendo planes de largo plazo por decisiones ligadas al cambio de gobierno. El agua constituye probablemente el mejor ejemplo.

En 2001, el PP aprobó el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el más ambicioso de la democracia. Su pieza más conocida era el trasvase del Ebro, que preveía transferir hasta 1.050 hectómetros cúbicos anuales hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, además de incluir centenares de obras hidráulicas (presas, encauzamientos, modernización de regadíos y otras infraestructuras)

En 2004, cuando los socialistas llegaron al poder, José Luis Rodríguez Zapatero derogó la parte más importante del Plan Hidrológico, que era el Trasvase del Ebro, y en su lugar se puso a construir desaladoras costosas, las cuales han funcionado durante años muy por debajo de la capacidad para la que fueron diseñadas.

La politización de las catástrofes

Eso demuestra que la politización de las catástrofes y de los recursos es el gran problema de este país. Los incendios y las inundaciones no esperan a que termine una reunión. Mientras se decide quién coordina, la naturaleza ya ha tomado la iniciativa.

Ese es un debate serio. Pero convertirlo en una guerra ideológica solo sirve para ocultar otra evidencia: España lleva décadas sin desarrollar una política de Estado suficientemente estable sobre gestión forestal. ¿Por qué es tan difícil tener una buena gestión forestal? Porque la prevención tiene un enorme inconveniente político: apenas se ve. Nadie inaugura un monte que no ha ardido. Ningún presidente corta la cinta de un cortafuegos. No existen fotografías espectaculares de un rebaño de ovejas que ha reducido la vegetación en una ladera. La prevención no produce titulares. Y eso la convierte en una inversión políticamente poco rentable.

Existe además otro problema mucho más profundo. Nuestra política funciona al ritmo de los ciclos electorales. Pero los incendios funcionan al ritmo de los ciclos ecológicos. Un bosque necesita años para transformarse. Un gobierno piensa, muchas veces, en cuatro años.

Este incendio que está arrasando la masa forestal de varias comunidades autónomas debe traer un lección: las decisiones difíciles no deben aplazarse hasta el próximo verano, cuando otro incendio vuelva a ocupar las portadas y reanudemos la misma discusión. El gobierno central y los autonómicos deben, según el consenso de expertos, científicos y sindicatos forestales, mejorar la gestión del territorio durante el invierno en lugar de centrar casi todo el presupuesto en los equipos de extinción en verano. Se trata de salvar España de los incendios, no los puestos de los políticos.