La mesa técnica para estudiar el reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo volverá a reunirse el próximo 21 de mayo, en un encuentro que se ha convertido en una prueba de confianza para los agentes tras semanas de tensión. La cita llega después de que el primer borrador trabajado por el Gobierno dejaba fuera a la Guardia Civil, un movimiento que generó un profundo malestar en las asociaciones profesionales y obligó al Ministerio del Interior a recalibrar el proceso.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reconocen que acuden a la reunión “con expectativa y también con prudencia”. Tras años reclamando este reconocimiento, consideran que ahora “parece que hay una mayor sensibilidad” dentro del Gobierno, aunque prefieren esperar a comprobar si esa voluntad se traduce en avances reales y compromisos concretos. AUGC insiste en que detrás de esta reivindicación está “el reconocimiento al esfuerzo, la responsabilidad y el riesgo que asumen los compañeros cada día”, y subraya que mantendrán la misma firmeza que en los últimos años.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) comparte la preocupación por los tiempos y advierte de que cualquier retraso puede tener consecuencias directas para los agentes. “Esperamos que no se dilate el acuerdo y su posterior aprobación, porque puede perjudicar a algunos compañeros”, señalan, recordando que cada mes hay guardias civiles que cumplen años y que no es lo mismo acceder a la jubilación anticipada en junio que en enero si los coeficientes reductores no están aún aprobados.
Asesgc asegura que “vamos a ver si despegamos en esta reunión con datos más concretos para empezar a trabajar”. La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil por ahora están “esperanzados” en que se llegue relativamente pronto a conseguir los índices correctores como profesión de riesgo. “Veremos a ver que tal discurre esta reunión que va a ser crucial para ver si se va en serio o simplemente es postureo”, subraya a Articulo 14.
Mesa abierta
Fuentes del Ministerio del Interior insisten en que el proceso está en marcha desde el pasado 29 de abril, cuando se abrió la mesa técnica presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. “La mesa sigue abierta y con un calendario de reuniones en marcha”, subrayan. Interior ya adelantó en una nota informativa tras la reunión de abril que comparte la petición de aplicar coeficientes reductores de jubilación para policías y guardias civiles, una medida que permitiría adelantar la edad de retiro y mejorar las condiciones económicas en profesiones de especial peligrosidad. Recuerdan además que el 12 de mayo se acordó el calendario de trabajo para los próximos meses, aunque sin un número cerrado de reuniones, algo que se concretará en el encuentro del día 21.
La mesa sigue su curso mientras la ley en el Congreso de los Diputados continúa encallada. El proyecto para reconocer la profesión de riesgo acumula ya 71 prórrogas del plazo de enmiendas, un bloqueo que Artículo 14 adelantó la semana pasada y que contrasta con la realidad diaria de los agentes sobre el terreno. La nueva prórroga llegaba días después de la muerte de Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles fallecidos tras chocar sus embarcaciones mientras perseguían una narcolancha en Huelva. Estas nuevas pérdidas volvieron a poner sobre la mesa las condiciones en las que trabajan los agentes, la falta de medios y la exposición constante al riesgo, así como la urgencia de un reconocimiento que sigue paralizado en el Parlamento.
La contradicción es evidente: mientras Interior asegura que existe voluntad política y avanza en la vía técnica, el trámite legislativo permanece paralizado sin explicación.
A la mesa acuden los principales sindicatos policiales -SPP, SUP, UFP, EYA y JUPOL- y las asociaciones de la Guardia Civil -JUCIL, AUGC, IGC, APC-GC, UO, ASES-GC y AEGC-, mientras que la CEP declinó participar. El proceso, que implica a varios ministerios, avanza con la presión añadida de quienes están cerca de la jubilación y temen que cualquier retraso pueda traducirse en un perjuicio económico.
La reunión del 21 de mayo será clave para medir si el Gobierno está dispuesto a acelerar un reconocimiento que lleva años sobre la mesa y que, tras el polémico borrador inicial, se ha convertido en un punto de inflexión para miles de policías y guardias civiles que esperan una respuesta definitiva.
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