La muerte de dos guardias civiles en Barbate y otros dos el pasado viernes en Huelva -German y Jerónimo- mientras perseguían una narcolancha– ha reabierto un debate que lleva años encallado: ¿por qué quienes patrullan el Estrecho, quienes se juegan la vida en persecuciones nocturnas o se enfrentan al narco más violento siguen sin ser reconocidos como profesión de riesgo? El resultado es un mapa desigual que ni los guardias civiles ni sus familias entienden y que la tragedia ha vuelto imposible de justificar.
Mientras el Congreso mantiene congelada la ley que podría resolverlo –ya va por 70 prórrogas consecutivas– Marlaska dice que “no existe el concepto de profesión de riesgo” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Gobierno asegura que ya son “profesión de riesgo” parapetándose en un Real Decreto genérico que aprobó en mayo de 2025. Ese Real Decreto, en realidad, no reconocía la profesión de riesgo a nadie: solo ordenaba “una revisión del procedimiento” para estudiar qué colectivos desempeñan trabajos “excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres” y fijaba el procedimiento general para establecer coeficientes reductores en la Seguridad Social.
Era un marco vacío, pensado para que cualquier profesión pudiera solicitar ser evaluada, pero sin efectos automáticos y que hay que adaptar. Por eso no otorgaba derechos ni incluía a Guardia Civil ni a Policía Nacional, y su función era meramente técnica, no de reconocimiento. Fuentes consultadas subrayan que el texto busca la adhesión de quien se considere profesión de riesgo; desde camioneros, taxistas a policías y guardias civiles.
Cumplir una resolución judicial
El sindicato policial Jupol llevó el agravio de no ser reconocidos como profesión de riesgo -en comparación con los policías autonómicos- a los tribunales y el Supremo dictó “la obligación de la Administración del Estado de iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria” para los policías del Régimen General. Desde el sindicato aseguraron entonces que Interior se había visto obligado a elaborar ese borrador “por cumplir la sentencia, no porque tuviera voluntad de cumplir las reivindicaciones”. El texto se aplicaba únicamente a los agentes que ingresaron a partir de 2011, los únicos encuadrados en el Régimen General, mientras que los policías anteriores a esa fecha y todos los guardias civiles, integrados en el régimen de clases pasivas, quedaban sin encaje.
Esto provocó un gran malestar entre los guardias civiles y también en sus familias, porque agentes que comparten riesgos escenarios y amenazas quedarían divididos en categorías distintas según el año en que ingresaron o el régimen en el que coticen, un modelo a tres velocidades que rompe la lógica operativa de unos agentes que trabajan juntos en plena escalada de violencia en el Estrecho.
Todo ello contrasta con el reconocimiento homogéneo que sí tienen desde hace años las policías autonómicas y locales, que ya disfrutan del estatus de profesión de riesgo y de la jubilación anticipada sin penalización. Policías forales o guardas forestales fueron de los últimos en ser reconocidos como tal.
“El borrador dejaba fuera y sin encaje claro a funcionarios de clases pasivas y la Guardia Civil. Era un agravio comparativo”, recuerdan desde las asociaciones. Por ello su reclamación es clara: que no exista diferencia entre regímenes de cotización y que se incluya a los guardias civiles, que el reconocimiento sea para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que las condiciones sean similares a las que ya existen con las policías autonómicas y locales.
El borrador inicial se construyó sobre el sistema de Seguridad Social aplicable a trabajadores incluidos en el Régimen General, donde está encuadrada gran parte de la Policía Nacional tras las reformas de integración. Sin embargo, la Guardia Civil tiene una situación distinta. Gran parte de los agentes siguen en el régimen de clases pasivas, además tienen naturaleza militar y el sistema de jubilación depende de normas diferentes a ese Régimen General.
Mesa negociadora
Con este escenario llegan a la mesa técnica negociadora que Interior activó a finales de abril y que guardias civiles consideran que se ha impulsado para avanzar en unos trabajos que por ahora les han dejado fuera.
En la última reunión estuvieron presentes numerosas asociaciones de guardias civiles de distintas escalas y sensibilidades como son la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Unión de Oficiales (UO), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
Por ahora, no hay medidas concretas para la aprobación de cambios normativos, pero sí se acordó una metodología de trabajo y un calendario de reuniones para los próximos meses donde, según fuentes consultadas, está previsto que la próxima tenga lugar el 21 de mayo. El proceso arranca, por tanto, en fase técnica, aunque con una clara carga política, en un asunto que lleva años generando presión dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado
Las reivindicaciones de la Guardia Civil
Las asociaciones de la Guardia Civil recuerdan que, igual que en su día se reconoció la profesión de riesgo a las policías autonómicas por las amenazas específicas que afrontaban –como el terrorismo en el País Vasco o Navarra- o a los Mossos, hoy los guardias civiles viven una situación equiparable en escenarios como el Estrecho, donde las muertes de Barbate y la última persecución a narcolanchas han evidenciado un riesgo creciente. Y es ese riesgo es el que las asociaciones quieren ver reflejado, por fin, en un reconocimiento que llevan años reclamando.
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