La acampada instalada en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen mantiene a los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona ante un escenario que, por ahora, no tiene fecha. La protesta continúa siendo pacífica, pero la acampada se prolonga y los policías tienen clara cuál ha sido hasta ahora la consigna cuando la Policía Municipal ha requerido su apoyo: “No cargar, no actuar”. Los agentes permanecen así a la espera de que se produzca una alteración del orden público que justifique una actuación mientras los días pasan y la acampada sigue instalada en uno de los puntos más transitados de Madrid.
La situación coloca a los policías nacionales ante un escenario especialmente delicado: están desplegados, pero sin una orden de intervención mientras la protesta se mantenga pacífica: “No tenemos por ahora una instrucción nueva”, advierten fuentes consultadas a Artículo 14. “Parece que les interesa que se mantenga, pero si no hay altercados no podemos hacer nada”, apuntan fuentes policiales consultadas.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) cargan contra el delegado del gobierno de Madrid, Francisco Martín a quien acusa de “esconderse detrás de la ausencia de disturbios” para eludir las responsabilidades que corresponden a la Administración del Estado ante la ocupación permanente de la Puerta del Sol. Para el sindicato, sostener que, mientras una protesta sea pacífica a la Policía Nacional no le corresponde actuar supone “reducir la seguridad ciudadana a esperar a que el problema estalle para intervenir”. El sindicato recuerda que las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se limitan al restablecimiento del orden cuando este ya ha sido alterado, sino que incluyen también la prevención y la protección de las personas.
El sindicato policial apela a la Ley Orgánica 2/1986, que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad funciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, pero también de auxilio y protección de las personas y de prevención de la comisión de actos delictivos. Por ello, pone además el foco en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que contempla la posibilidad de limitar o restringir la circulación o permanencia en vías y lugares públicos cuando exista una alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, pero también cuando existan “indicios racionales de que pueda producirse”. Asimismo, recuerda que la prevención no equivale necesariamente a ordenar un desalojo. “Entre permanecer al margen y cargar contra los manifestantes existe un amplio margen para evaluar los riesgos, ordenar el espacio, garantizar corredores de emergencia y coordinar a los distintos servicios”.
“Que el delegado del gobierno de Madrid tome nota a lo que le ha pasado a su homólogo en Ceuta por no prestar atención a sus competencias“, subrayan.
Acudir sin casco para “no violentar”
La tensión entre los agentes y las instrucciones recibidas también se refleja en lo ocurrido el lunes. Desde Jupol destacan que las órdenes siguen siendo las mismas: “No acceder y dejar actuar a la Policía Municipal”, algo que el sindicato considera “incongruente” al tratarse de una situación de orden público tras una manifestación, cuya competencia corresponde a la Policía Nacional y, en este caso, a la UIP.
Y es que la indignación entre los agentes ha ido en aumento, más aún en el momento en que varios manifestantes intentaron escalar la fachada de la sede de Correos momento en el que se pidió a los agentes que acudieran al lugar, pero sin casco, porque este elemento de protección podía “violentar” a los manifestantes. “Si se les hubiera ocurrido lanzar piedras o botellas, habríamos tenido heridos”, advierten. Finalmente, los policías establecieron un cordón para impedir que los manifestantes accedieran a la fachada aunque, según fuentes policiales consultadas, la instrucción ahora es que se mantengan fuera de las inmediaciones de la Puerta del Sol.
El problema, según CEP, es que una falta de actuación preventiva puede terminar trasladando toda la presión a los agentes que se encuentran sobre el terreno. “Si la situación se complica, serán ellos quienes tengan que intervenir, contener, evacuar, auxiliar o restablecer el orden en un escenario más difícil de controlar”.
Por su parte, fuentes del Ministerio consultadas por Artículo 14 se limitan a señalar que la Policía Nacional “trabajará para garantizar en todo momento el orden público y la seguridad ciudadana”.
“Garantizar la seguridad”
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se mantiene la misma premisa: mientras la protesta se desarrolle de manera pacífica, debe garantizarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Aseguran que han recibido el requerimiento anunciado por el gobierno regional y garantizan que los policías también seguirán manteniendo “la protección de la Real Casa de Correos como bien de interés cultural y sede del gobierno de la Comunidad de Madrid”. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha defendido que no corresponde a la Policía Nacional intervenir por el mero hecho de que exista una protesta pacífica y exige a la comunidad de Madrid “respeto al derecho fundamental de reunión” y aprovecha para hacer política e insta al Gobierno madrileño a “asumir sus competencias para dar solución al problema de la vivienda en la región”.
600 personas acampadas
La acampada ha dejado ya de ser una concentración puntual. Según los datos difundidos este lunes, unas 600 personas habían pasado la segunda noche en la plaza y alrededor de 350 tiendas de campaña permanecían instaladas. Los promotores han anunciado que pretenden permanecer allí “lo que haga falta”.
La presencia prolongada de tiendas, lonas y otras estructuras modifica además el espacio disponible y la circulación en la plaza algo que, incluso, puede condicionar el paso de los servicios de emergencia. Por ello, fuentes policiales reclaman que se evalúe si se mantienen en todo momento los accesos necesarios para policías, sanitarios y bomberos y que se adopten medidas antes de que una eventual emergencia obligue a improvisar una respuesta.
“Arrancar cebollas”
La situación de la acampada de Sol es diferente al operativo desplegado durante el desahucio de Maricarmen. Según explican fuentes policiales aquella intervención se produjo en cumplimiento de un mandato judicial y bajo unas circunstancias muy diferentes a las que existen ahora en la Puerta del Sol. Los responsables policiales manejaban además una “previsión de resistencia” durante la ejecución del lanzamiento, lo que llevó a dimensionar un dispositivo específico para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial y la seguridad de todas las personas presentes.
En este tipo de operativos, explican las mismas fuentes, cuando es necesario despejar un espacio ocupado por personas que se resisten a abandonarlo, los agentes pueden proceder a sacarlas una a una, un procedimiento que en el argot policial se conoce como “arrancar cebollas”. La presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no implica necesariamente el despliegue de una unidad completa de antidisturbios: “Hay desahucios en los que van dos policías y otros en los que hacen falta más efectivos. Todo depende de la valoración de riesgos”, explican. Pero, insisten en que “las acampadas son pacíficas, porque si dejan de serlo ya son disturbios”.
Precedente de 15-M
Esta no es la primera vez que una acampada se instala durante semanas en la Puerta del Sol. El 15-M se perpetuó durante 26 días y fue desalojada durante la madrugada del 16 de mayo en una actuación coordinada entre la Policía Municipal de Madrid, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno. Sin embargo, la intervención no puso fin a la protesta. Al día siguiente miles de personas regresaron a la plaza y las acampadas comenzaron a reproducirse por toda España. Ante el crecimiento de las movilizaciones, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, descartó ordenar un nuevo desalojo al considerar que la medida podía agravar el conflicto.
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