El juzgado de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el ‘caso Koldo’ ha rechazado archivar la investigación contra Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García, al existir “indicios racionales” de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Así consta en un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press y que lleva la firma del juez José Luis Calama como sustituto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.
La expareja de García había solicitado el archivo provisional de la investigación en su contra alegando que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación, directa o indirectamente, en la presunta trama de corrupción.
El juez responde que, “aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales”.
Se apoya para ello en la opinión de la Fiscalía, que le recordó “informes policiales sobre la participación” de Uriz “en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma”, como haber “buscado asesoramiento legal” para que una vivienda “sea donada a Koldo García”.
“Por lo expuesto anteriormente, en este momento procesal, no procede el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación”, concluye.
Una decisión de la AN que se produce días después de que el propio exasesor cambiara de abogado y eligiera a la letrada de su expareja antes de declarar por segunda vez en el Tribunal Supremo como investigado, en esta ocasión por la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Cabe recordar que la causa está dividida entre el Supremo, por el aforamiento del exministro investigado José Luis Ábalos, y la Audiencia Nacional, que inició la instrucción por las comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.