La investigación penal por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta ha tomado impulso desde que la jueza María Tardón ordenara este miércoles una batería de diligencias, incluyendo la aportación de la documentación al respecto que pudo tener el Gobierno español o sus servicios de inteligencia. Muchos de estos informes, según las fuentes consultadas, están protegidos por la ley de Secretos Oficiales al tratarse de información que afecta a la Seguridad Nacional.
Para poder introducir en la instrucción todos estos documentos clasificados, Tardón tendrá que elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para pedir al Gobierno que lleve al Consejo de Ministros la cuestión. Fuentes del caso aseguran a Artículo 14 que si el Ejecutivo declinara esta petición, las partes podrían recurrir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para obtener la autorización. Es decir, el Alto Tribunal tendrá la última palabra para decidir si puede añadirse a la causa esta documentación.
Una vez recabados todos los datos, la jueza podría introducir en una pieza secreta toda esa información sensible para que las partes no tuvieran acceso a ella y no se hiciera pública por ninguna vía.
El objetivo de Tardón con todos los informes encargados es “reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta”. Por ello, ha pedido a distintos organismos “que aporten todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026”.
Pone énfasis además en “identificar a los destinatarios de las alertas”. Tal y como recogen algunos de los documentos ya desclasificados del Gobierno, hubo mensajes de un agente del CNI al jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno alertando de la llegada de inmigrantes el día previo. Por ello quiere conocer con precisión los emisores y destinatarios de dicho informe.
También pide al jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta que facilite “cuantas comunicaciones haya recibido con relación a esos mismos hechos y especifique el curso dado a las mismas y actuaciones realizadas”. Y quiere que la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) de la Secretaría de Estado de Seguridad haga un informe con “cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudiera haber emitido esa Oficina con relación a estos hechos”. Un tipo de diligencia que entraña documentación ya sensible.
Por último, la jueza reclama al CNI, la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inmigración y Frontera que emitan un informe “y lo remitan a este órgano judicial, con el objeto de determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación”, reza el auto.
Así las cosas, las fuentes del caso aseguran que la jueza “va a por todas” en aras de “conocer las acciones de Marruecos” para instigar la entrada de los inmigrantes como las “omisiones del deber desde España” para haber permitido el descontrol de la situación. Asimismo, apunta las citadas fuentes que la testifical del jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno será clave para la futura imputación del propio Delegado. Aseguran que será “muy difícil que no se le abra investigación penal” si su número dos declara que le remitió el mensaje del agente del CNI alertando de la llegada.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.